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A medida que se acerca el año 2023, la neutralidad de la oposición respecto del estado de la economía comenzará a ser cada vez más compleja. Más temprano que tarde deberá dar definiciones respecto de cuál es su plan de gobierno. El electorado está desilusionado con la gestión actual y necesita señales que le hagan recuperar la fe en el país.

Uno de los puntos en los cuales más ruido había comenzado a aparecer es el de la llamada “bola de nieve” de vencimiento de la deuda en pesos. Algunos economistas afines a Juntos por el Cambio habían sugerido en el pasado que esa deuda es impagable y habría que reestructurarla. En ese momento, esas palabras jugaron un rol no menor en la caída en desgracia del exministro Guzmán, y en cierta medida en la corta estadía de Silvina Batakis al frente del Palacio de Hacienda.

El daño fue duradero: la renovación de vencimientos de la deuda en pesos ha dejado de ser el proceso automático que había sido hasta aquel momento, para convertirse en un proceso tortuoso en el que el Tesoro debe ofrecer condiciones muy beneficiosas a los acreedores para que estos accedan a refinanciarlo. Y aún así, cada vez consigue menos.

Las últimas transacciones confirman lo que se sospecha: en el mejor de los casos se renuevan los vencimientos, pero no hay fondos frescos, que el Estado Nacional necesita para solventar el déficit fiscal. Eso fuerza al Tesoro a maniobras creativas, como la de convocar a canjes de deuda para despejar los vencimientos de cortísimo plazo, estirándolos apenas un par de meses hacia delante. Pero estos canjes sólo los aceptan los organismos públicos, que tienen alrededor de 60% de los bonos. En los últimos, casi no participó el sector privado.

¿De qué estamos hablando? Entre ahora y septiembre de 2023 vence el 60% de la deuda en pesos del Tesoro Nacional. Son, según las estadísticas de la Secretaría de Finanzas, el equivalente a unos US$ 42 mil millones (el Excel oficial lo pone en US$), que en su mayoría ajusta por inflación.

Está claro que el brutal crecimiento de la deuda en pesos durante el mandato de Alberto Fernández sólo fue posible por la existencia de las restricciones cambiarias, que prácticamente “obligaron” a bancos, compañías de seguros, empresas e inversores institucionales a ahorrar en pesos. Como el Tesoro pagaba más, el asunto marchaba sobre ruedas. Hasta que la oposición destapó la olla, los inversores dejaron sólo de mirar las tasas atractivas, pues descubrieron que quizás podrían no cobrar el capital.

Quienes sostienen que el problema está bajo control resaltan que casi 60% de la deuda en pesos está en manos de organismos oficiales, a los que suponen “cautivos” para refinanciar. Dicen, además, que otro 20% está en manos de los bancos, a los que hasta cierto punto también consideran “cautivos”. Pero los bancos no aceptaron el último canje. Al parecer, prefirieron buscar otras salidas: reemplazar bonos del Tesoro por Letras de Liquidez (Leliq) del Banco Central, que consideran más seguras que los bonos del Tesoro (¿se rebeló este demandante “cautivo”?), o rechazar depósitos y devolver los que vencen. Las dos salidas son observables en los balances bancarios, y tienen sentido. Protegen a los depositantes, y también el patrimonio de los accionistas.

Pero, de todas formas, dejan flotando una pregunta incómoda: ¿pueden correr riesgo los depósitos si los bonos fueran reestructurados? No necesariamente. Hay quienes hablan con liviandad, o para sembrar cizaña, de Plan Bonex, o de Corralito. Pero hay tan pocos depósitos, la mayoría transaccionales, que parecería ser mucho mayor el daño de reperfilar los depósitos bancarios que el beneficio de hacer desaparecer las Leliq. Y el problema mayor no está en las Leliq, sino en los bonos del Tesoro, que son lo que cada vez menos agentes económicos quieren tener.

Que haya un problema tiene una causa clara: el estado se debe sentir marcado por alguna gracia divina que le autoriza a gastar más de lo que puede. Y no puede entender que esa gracia haya tocado un límite. Podrá poner más medidas compulsivas, o financiarse más con el Banco Central, pero ya no tiene salidas fáciles. Quizás, sólo un acto de benevolencia de la oposición, que diga con claridad que honrará los pagos si le tocara asumir en diciembre de 2023, podría revertir la tendencia e impedir una crisis. Una crisis cuya forma ignoramos.

Una crisis que podría ser cambiaria y social, si el Gobierno decide pagar con emisión, o que podría ser bancaria y de nivel de actividad, si decide reperfilar la deuda de manera compulsiva. No hay más compradores marginales de bonos en pesos, y en el corto plazo hay muchos vencimientos por cubrir. ¿Seguirá sonando la música, o el Tesoro se quedará sin sillas?
Fuente: El Entre Ríos

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