En Brasil, el principal socio comercial de Argentina, lejos está de primar el mensaje de “unión de todos los brasileños”: la lucha entre el oficialismo, comandado por el presidente Bolsonaro, y la oposición se trasladó a la discusión acerca de qué medidas son viables para afrontar la situación.
El 15 de marzo se produjo finalmente la manifestación de la facción de la sociedad que apoya al polémico presidente brasileño. Hubo consignas en su favor y en contra del Congreso y el Tribunal Federal Superior. Bolsonaro compartió los videos de las concentraciones masivas de personas en sus redes sociales, exhibiéndolo como una señal de fortaleza. El problema es que la oposición se muestra acérrima aún luego de dichos eventos, y eso hace que contrarrestar los desastres generados por el coronavirus sea muy complicado.
En Europa y Estados Unidos se tomaron, o se tomarán, medidas poco convencionales. Desde préstamos y rebajas en aportes patronales, pasando por la suspensión para algunos pagos de impuestos, o las rebajas de las tasas de interés a casi 0%. A ello se le suma la imposición de cuarentenas extremas.
En Brasil, la situación es confusa: las restricciones varían de un estado a otro. El cierre de fronteras y la cancelación de cruceros fueron las medidas más drásticas por las que optó Bolsonaro, quien habla de una “histeria general” frente al coronavirus. En cuanto a las soluciones buscadas en el ámbito económico, el presidente decidió inyectar una suma importante de dinero en la economía y a su vez buscar apoyo político para tomar medidas que él y Paulo Guedes, su ministro de Economía, consideren adecuadas.
Durante estos últimos días hubo mucho revuelo frente a una medida provisoria que se buscó impulsar desde el Poder Ejecutivo: eximir a los empresarios de pagarle a sus empleados por 120 días, con la idea de evitar las quiebras en sectores productivos, reducir despidos y buscar que haya arreglos individuales entre las partes. El rechazo fue tal que el mismo Bolsonaro debió revocar su decisión. Por otro lado, hubo acuerdo para declarar el “estado de calamidad pública”, que permite al Ejecutivo incumplir con la meta fiscal impuesta por el Congreso a fin de solucionar los problemas que se avecinan en el corto plazo.
Cómo se distribuirá el dinero, a quién priorizar en estos tiempos, cuáles serán las acciones más exitosas, entre otras, son las preguntas que se hace Bolsonaro en este momento, mientras se junta con gobernantes de diferente calibre, muchos de ellos de la oposición. Pensando en las elecciones municipales de octubre y en la gobernabilidad una vez terminado el estado de excepción, su equipo de trabajo entiende (o debe entender) que las medidas liberales más ortodoxas, por mejor resultado que pudiesen tener para enfrentar las consecuencias de la pandemia, desembocarían en un revés que le impediría hacer fácil la realización de otras reformas, económicas, políticas y administrativas, que tenía en mente antes de que se desatase la crisis del coronavirus. En este sentido, el debate estará puesto en saber hasta qué punto será capaz de presionar para avanzar con su agenda sin que el Congreso o el TFS generen una parálisis, o sin la necesidad de recurrir a caminos que desafíen la normalidad democrática.
La observación es clara. En Brasil el conflicto político alcanzó un nivel altísimo. El coronavirus abrió una nueva mesa de discusión entre Bolsonaro y la oposición. El resultado de la ecuación lógicamente tendrá un impacto en su futuro como presidente y también tendrá un impacto sobre la Argentina, que lo último que querrá es que su principal socio entre en un caos político y recaiga en una crisis que reduzca los intercambios comerciales, ya que ello agravaría aún más la recesión de la cual no podemos salir.
