Sin castigo oficial
Han sido múltiples los casos de corrupción denunciados en la provincia de Entre Ríos. Muchos de ellos han tenido foco en empresas proveedoras del Estado que se han visto beneficiadas con contratos millonarios gracias a sus amistades en el poder político. El ex Gobernador Urribarri, sin ir más lejos, afronta al menos 5 causas en que las contrataciones que promovió favorecieron a las empresas de su cuñado, Juan Pablo Aguilera. El mismo camino sigue la causa conocida como “La Cumbrecita del Mercosur” en el que el grupo empresario que lidera el empresario Miguel Marizza se alzó con gran parte de esos contratos, a pesar de formar parte del comité ejecutivo que decidía las contrataciones. La lista es larga e involucra igualmente a obras municipales en diferentes ciudades entrerrianas, donde se han ejecutado obras provinciales o nacionales sospechadas de sobreprecio.Sin embargo, en ningún caso ha habido sanciones para las empresas. Las mismas firmas que están siendo investigadas judicialmente siguen disfrutando de ganancias extraordinarias al calor de los fondos públicos.
Limitar a las empresas sospechadas
Ante esta situación, esta semana el diputado provincial Nicolás Mattiauda (Juntos por el Cambio) anunció la inminente presentación de un proyecto destinado a “suspender como proveedor del Estado” a aquellas firmas que están involucradas en maniobras de corrupción.La propuesta legislativa apunta especialmente a la empresa OICSA, del empresario Daniel Aníbal Hereñú por el escándalo de las obras de asfaltado en la localidad de Larroque. Allí el intendente que sucedió a Raúl Riganti detectó pagos irregulares, cobros por obras que ya existían y montos de contratación muy por encima de los valores de mercado. A tal punto que el entonces intendente Darío Benedetti decidió devolver a la Nación los fondos excedentes.
Sobre este caso que está siendo remitido a juicio, el diputado Mattiauda impulsa una iniciativa parlamentaria que busca suspender a las empresas involucradas en estos casos del registro de proveedores de la Provincia, de manera que no puedan ser contratadas nuevamente por el Estado.
Lo que se busca especialmente es desafectar a las firmas sospechadas de la percepción de dinero público hasta tanto se defina la situación judicial. De este modo, Mattiauda busca evitar que el dinero de la corrupción pueda tapar pruebas y esconder expedientes, forzando a las propias empresas a acelerar las causas judiciales en caso de considerarse inocentes y querer recuperar contratos con el Estado.
Los mismos de siempre
En el caso particular de la firma Organización Industrial Construcciones SA (OICSA), sigue recibiendo contratos públicos millonarios, a pesar de la contundencia de las pruebas que existen sobre el caso Larroque y la propia admisión de responsabilidad del grupo empresario.Lejos de ser sancionada, con la anuencia de los concejales del oficialismo la empresa busca sanear su imagen y cerrar el caso. Mattiauda, en cambio, aspira a que su proyecto avance en la Legislatura de modo tal que el Estado pueda “poner la lupa sobre las empresas que prestan servicios al gobierno provincial”. El legislador remarcó que ante el reconocimiento de OICSA de su culpabilidad en el caso “queda en evidencia que en Entre Ríos hay muchas firmas que están viciadas por el cobro de sobreprecios y vinculadas a casos de corrupción” y el “gobernador no puede hacerse el distraído”.
La medida parece simple, fácil de implementar y con alto impacto en el reparto de obras de la provincia de Entre Ríos. Sin embargo, entre la lentitud de la Justicia y las garantías legales que se van a interponer, parece poco probable que haya Gobiernos dispuestos a frenar los negociados de la obra pública y las contrataciones del Estado que, entre otras cosas, financian parte de la política y abultan las cuentas personales de unos cuantos funcionarios corruptos que siguen ocupando cargos relevantes.
