Se da inclusive respecto a estos últimos, de numerosas iniciativas en materia legislativa, a las que se ve “perder estado parlamentario” –algo así como la caducidad del proyecto, dado el prolongado lapso en que no ha sido tratado- precisamente por la incuria notoria de los legisladores, frente a temas que movilizan a sectores de la población que reclaman su tratamiento, dada la enorme incidencia en su vida del vacío legislativo.
Es por eso que comenzamos por destacar de una manera positiva el interés de un diputado nacional por nuestra provincia, para que se hagan públicos los resultados preliminares del último Censo Nacional de población que el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (Indec) debió haber dado a conocer el 18 de agosto pasado. “El Censo es un instrumento fundamental para el país. Los datos deben ser confiables y, además, son fundamentales para la planificación del futuro de nuestra Nación. Lo que pasó aquí es que todos tenemos la sensación que se hicieron mal las cosas y por eso requerimos información”, señaló.
O sea que, en esa fecha debieron haberse conocido los datos de los datos de población discriminados por género, provincia y ciudades, información que, contrastada con la del censo del 2010, permitiría que, tanto quienes nos gobiernan como la población en general, estuvieran en condiciones de contar con una suerte de “fotografía dinámica” de algo que es una muestra demográfica de nuestra realidad. Se trata, esa morosidad, de algo que suena como inexplicable, habiendo ingresado, como lo hemos hecho, en la “era digital”.
Mientras tanto, la propuesta de otro legislador nos hace recordar por ser precisamente lo contrario a la “promoción automática” de los alumnos de establecimientos educativos de niveles primario y secundario, que hayan completado el ciclo lectivo de una manera regular al curso superior. Es decir, sin que se haya realizado evaluación alguna de los conocimientos adquiridos durante el año que se termina de cursar. Una disposición que, como es sabido, se aplica en varias de nuestras provincias, entre las que, afortunadamente, no se encuentra Entre Ríos.
Y si más no fuera que por contraste hemos hecho esta asociación, es por cuanto se conoce la presentación de un proyecto de declaración por un diputado nacional en la Cámara a la que pertenece, también entrerriano, por el que solicita se declare de interés nacional la participación en la Liga Profesional de Fútbol con 30 equipos a partir de 2023, eliminando los descensos de la actual temporada.
Este curioso proyecto que en realidad es “de interés para dos clubes”, uno de los cuales es de nuestra provincia, tiene como fundamento –entre otras consideraciones más alambicadas- la conveniencia de eliminar “la reglamentación actual de que los descensos promedien los años 2020, 2021 y 2022, que tienen una gran distorsión, porque consideran que 2020 y 2021 fueron dos años en los que la pandemia de Coronavirus tuvo un fuerte impacto con fechas suspendidas, planteles incompletos, reprogramaciones de competencias, cambios en la estructura de los torneos y en la movilidad deportiva”.
Un argumento que suena a inconsistente, dada la “distorsión” aludida la sufrieron todos los equipos participantes en esas lides, incluyendo tanto los de mayor como de menor promedio. De donde cabría considerar que nos encontramos ante un caso más de los frecuentes en nuestra época, signada por el hecho que cualquier razonamiento es válido para intentar lograr lo que se pretende.
