Atención

Esta imágen puede herir
su sensibilidad

Ver foto

Compartir imagen

Agrandar imagen
En sentido estricto, tal como sucedía antiguamente, “picota” era el nombre con el que se conocía, la columna de piedra o ladrillo existente a la entrada de algunos lugares y donde se exponían las cabezas de los ajusticiados, o los reos, a la vergüenza pública.

En nuestros tiempos, esas acciones espantosas no suceden –aunque siguen existiendo otras iguales o peores- pero, a pesar de ello existen quienes todavía quienes hablan “de poner en la picota” a alguien o a una cosa, Vendría de esa manera a utilizarse la expresión de una forma tanto más pulida como amplia, al aludir a la acción de señalar públicamente los comportamientos éticamente reprobables que se atribuyen a una persona, y la vergüenza que conlleva. O que debería tenerla, porque en los tiempos que vivimos, son muchos quienes dan la impresión de desconocer lo que ese sentimiento -el sentir verguenza- significa. Entre tanto, en el día de ayer y en Paraná, se produjo la apertura del proceso en el que está imputada la fiscal Cecilia Goyeneche por ante el “jurado de enjuiciamiento” Se trata, de un órgano legalmente previsto para el juzgamiento de los agentes fiscales, en función de causales contempladas también legalmente. Y las cuales, en este caso se atribuyen como cometidas por la nombrada de una manera que se muestra difusa, ya que a una denunciada imprecisión inicial, se agregaría algo que técnicamente cabría considerar como “ampliación extemporánea del objeto procesal".

Vendría ello a querer decir qué a cargos inicialmente no claramente descriptos, se agregarían después tardíamente otros, buscando reforzar la acusación. Se da aquí la situación por la cual, quien quiso y pudo por contar con acceso al sitio web “You Tube”, seguir en “vivo y en directo” el acto de apertura de ese proceso; no puede llegar sino a la conclusión que lo que ha sido puesto en la picota, no es la nombrada fiscal Cecilia Goyeneche, sino la “Justicia de nuestra provincia”. No se trata del hecho que la nombrada llegue a ser condenada, o que su inocencia haya sido o no mancillada, pero lo que daría la impresión que aquello que podría quedar instalado en la población, es la sensación de que la confianza que debe merecer nuestro sistema de justicia, es aquello que va a resultar más perjudicada.

No se trata tan sólo del rechazo sistemático, por parte del órgano de enjuiciamiento, de todos los recursos interpuestos por la sometida a juicio, y la no admisión de la prueba por ella propuesta, sino por sobre todo, de la circunstancia haberse restringido la publicidad del proceso en su etapa probatoria, al no admitirse la posibilidad que el mismo pueda ser seguido, tal como ocurrió con el acto de apertura del proceso, y como ocurrirá con aquel en el que se conozca la sentencia, a través de la televisión, tal como lo había solicitado la imputada. Un pedido al que debió haber atendido el jurado, advirtiendo el contexto en que se desarrolla el proceso, y la vinculación con una de las causas de gravedad institucional mayores, cuál es la que vulgarmente se conoce como “la causa de los contratos de la Legislatura”. Es decir, aquella en la que se investiga la posible presencia en este caso de una práctica cada vez más generalizada y en la que vendría a asistirse a la existencia de “una matriz subyacente” que se sabe aplicada en situaciones similares. Es la por la cual, quien obtiene de un ente público un “beneficio” monetario -en un sentido lato- tiene que entregar la mayor parte del monto del mismo, a quienes han intervenido o facilitado su otorgamiento.

Algo que en este caso vendrían hacerse a través de contratos que firmaban con “alguien impreciso” a la que se le da el nombre de “legislatura”. Y por los cuales quienes, como consecuencia de ello percibían una retribución mensual, la veían retaceada grandemente al quedarse con la parte del león una presunta asociación ilícita que haría “caja” –y no precisamente de “las chicas”- con el conjuntos de esas partes de león que rapiñaba. Una situación que solo el final del proceso judicial que se sigue contra los integrantes de esa asociación, y los supuestos beneficiarios también víctimas de la maniobra como cómplices entre ignorantes y complacientes. Entretanto lo verdaderamente grave es que situaciones como las descritas provocan en la opinión pública cuando no una errada certidumbre, al menos una “sospecha fundada”, atendiendo su similitud con un tipo de “matriz delictiva”, ya mencionada, la que se ve implementada en tantos contratos de personal, subsidios y “planes”. A lo que se agrega el hecho que el “megajuicio” en el que se condenó al último ex gobernador –con una sentencia que todavía carece de firmeza-, esa misma opinión pública no puede dejarlo de ver como parte de una misma trama.

Enviá tu comentario