1) Recordemos en primer lugar que hay en trámite en los estrados judiciales de Entre Ríos varias causas por hechos de corrupción de funcionarios públicos.
Una de ellas la que se denomina “Megajuicio” o causa del “Sueño Entrerriano”.
Fue una investigación del Ministerio Fiscal, que llevaron a cabo los Fiscales Patricia Yedro, Juan F. Ramírez Montrull y Gonzalo Badano, bajo la supervisión de Cecilia Goyeneche.
A raíz del cual terminaron condenados a penas de prisión e inhabilitación, en primera instancia el ex gobernador Sergio Urribarri (8 años) y varias personas más, con condenas de diversa índole.
La causa, recurrida, está ahora en el Tribunal de Casación.
2) Hay otra denuncia por “enriquecimiento ilícito”, contra el ex gobernador Urribarri.
La misma se originó en una denuncia de los conocidos abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet.
Con vicisitudes, y bastante lentitud, esta causa habría avanzado.
Y, según noticia periodística, en breve sería imputado el ex gobernador y otras personas junto a quien habría operado como “testaferro”, el empresario paraguayo Cardona Herreros.
3) La causa que ha generado mayor controversia es sin duda la de los llamados “contratos truchos”.
Como se sabe, la misma se habría iniciado de oficio al advertir un agente de seguridad movimientos extraños en un cajero automático.
Ello activó un proceso investigativo, donde parecía surgir la punta del iceberg de un fraude monumental, que tendría como epicentro la Legislatura entrerriana (más propiamente, la Cámara de Diputados).
Puesta en marcha por parte de Fiscalía la investigación, tuvo varios tropiezos: el más importante cuando los abogados defensores sostuvieron que, desde que la posible defraudación se usaba para la tarea política, la competencia recaía en la Justicia Federal. Específicamente la Justicia Electoral.
Hubo una serie de idas y vueltas, y el tema de la competencia está para que lo resuelva la Corte.
En el interín ocurrió que se cuestionó la actuación de la Fiscal Anticorrupción Dra. Cecilia Goyeneche.
El cargo, como se recuerda, fue el ocultamiento de una relación social y/o económica con uno de los investigados, insinuando como consecuencia, un perjuicio a la investigación y un favorecimiento de la situación procesal del citado individuo.
Lo curioso es que la denuncia la formulan inicialmente defensores de los acusados: a quienes, obviamente, tales fallas de investigación, lejos de perjudicar a sus defendidos habría de beneficiar.
A raíz de esto un conocido abogado a quien se vincula al ex gobernador Urribarri denuncia ante el jury a la fiscal Goyeneche.
Denuncia en la que es acompañado por los letrados que han denunciado a Urribarri, pero en otra causa, no en la de “Contratos Truchos”, los doctores Pagliotto y Mulet.
Aunque no se comparta, se entiende las motivaciones de abogados defensores y el letrado denunciante, en el sentido de utilizar medios procesales discutibles, -en el caso, recusar a la Fiscal actuante- en la jerga común, utilizar “chicanas”, “embarrar la cancha”.
Todo lo cual, en definitiva, complicaría la causa, y eventualmente, redundaría en favor de los acusados.
No resulta comprensible la coincidencia de defensores con los otros “denunciantes” del ex gobernador: en el mejor de los casos pienso que responden a diferentes objetivos.
Aunque, lo confieso, en el caso de los otros denunciantes, no se atina a vislumbrarlo.
Porque, si algo resultaría cuestionable en el actuar del Ministerio Público Fiscal, a mi criterio lo es haber enfocado los cañones en personajes menores, -“perejiles”-, sin apuntar más arriba a altas autoridades legislativas, indudablemente implicadas.
De este y otros períodos, de uno y otro partido.
Este hubiera sido, posiblemente, un motivo válido para cuestionar la actuación de la Fiscalía.
Pero no lo fue: todo se enredó en un tema de menor importancia, como la cuestión de si la Fiscal faltó a la verdad al negar su vínculo con uno de los sospechados, si debió excusarse, si lo hizo a destiempo, etc.
Aún más, en la cuestión hay un hecho que se pasa por alto y, aunque no del todo, de alguna manera incide en esta insuficiencia de investigación: en una oportunidad se le pidió informes a la Cámara de Diputados acerca de los “contratados”, respondiendo el cuerpo legislativo, al mejor estilo “corporativo”:
“observamos desproporcionada la solicitud presentada, el normal funcionamiento de un Poder del Estado como es el Poder Legislativo exige un obrar con prudencia, y por las razones expresadas, entendemos que no están dadas las garantías para cumplir con la requisitoria fiscal, por no ajustarse la misma al CPPER, la Constitución Provincial, Constitución Nacional y los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional, en el marco de un Estado Constitucional y Democrático de Derecho donde se han puesto en juego el funcionamiento de un poder del Estado y los derechos humanos del personal contratado”.
En otras palabras: diputados peronistas, radicales y del PRO, que en esto no hubo diferencias se negaron a informar a la Justicia acerca del corrupto sistema de contrataciones que desde décadas viene rigiendo la Legislatura entrerriana.
(Remitimos al excelente artículo “¡Bravo por Ayelén!”, que publicó “El Entre Ríos” el 11/10/2018).
Ayelén Acosta, joven diputada del PRO fue la única que votó en contra de su bloque, y a favor de proporcionar información completa a la Justicia.
La ambigua respuesta legislativa, donde se mezcla un informe sobre posible chanchullos con la “defensa de derechos humanos” parece redactada por alguien conocedor del Derecho.
No puede dejar de mencionarse que uno de quienes intervienen en la acusación a la Fiscal, el Dr. Rubén Pagliotto, se desempeñaba como asesor –contratado- del bloque radical.
Es raro que al celoso denunciante se le pasara por alto semejante anomalía.
No queremos opinar sobre el fondo de la cuestión.
Pero es un hecho incontrovertible, que en el proceso que terminó con la destitución de la Fiscal Goyeneche se denunciaron una serie de irregularidades.
El tema está en el máximo tribunal de la Nación que deberá pronunciarse al respecto.
Sea cual sea el final del culebrón, quedan algunas dudas:
a) Si la actuación de la Fiscal destituida- más allá de su incorrección formal- se orientó o tendió a favorecer a alguno de los investigados ¿por qué la denuncia la hizo la defensa de los mismos y un abogado, ligado a uno de los eventuales acusados, a quien, en última instancia, beneficiaba la anomalía?
b) Siendo el Ministerio Público Fiscal una entidad vertical, y que el Procurador General avaló en un todo la actuación de su subordinada, más aún impartió órdenes e instrucciones a la misma. ¿Por qué el Jurado envió la denuncia contra él al trámite de juicio político y la Cámara de Diputados cajoneó el expediente?
c) ¿Cómo se explica que un Fiscal inferior-caso del Dr. Aramberry- sea acusado de complicidad en el accionar de la destituida, los tres representantes del STJ votan por abrir causa, y los representantes de los órganos políticos –Legislatura- desechen la acusación?
d) Un medio digital cercano al oficialismo aludió a este último hecho formulando la interpretación que al funcionario “lo condena la Justicia y lo salva la política”, razón por la cual carecería de “autoridad moral” para investigar actos de corrupción pública. ¿Este es el mensaje que se quiere mandar desde el poder?
e) A principios de año se formó en Paraná una entidad llamada “Penalistas Entrerrianos Unidos”, entre cuyos integrantes pueden apreciarse abogados defensores de acusados con hechos de corrupción, en especial en la causa “Contratos Truchos”, con otros letrados a quienes se señala como vinculados con contratos de “asesoramiento” en la Legislatura. En fecha 17/3/23, suscribieron un duro documento contra la destituida Fiscal Goyeneche, y de firme defensa del Superior Tribunal de Justicia. No deja de llamar la atención la firma de los Dres. Pagliotto y Mulet, a quienes se recuerda como denunciantes de juicio político años atrás de la cúpula del Alto Tribunal a quienes acusaban de gravísimos cargos, llegando a solicitar su renuncia en masa, afirmen ahora la “trayectoria honorable de todos sus miembros”.
Cualquiera tiene derecho a cambiar de opinión, pero no podemos menos de preguntarnos qué seriedad cabe otorgarle a sus estruendosas mediáticas denuncias.
POLIBIO
