¿Cómo se llegó a esta situación? ¿Cuáles son sus efectos? Son algunos de los interrogantes que se plantea uno para tratar de comprender el proceso. En este sentido, me pareció interesante un texto titulado “Chile vuelve a sus orígenes”, de Sebastián Edwards, reconocido economista y escritor chileno, que encuentra responsables por lo ocurrido en este último año tanto en un lado de la grieta como en el otro.
La Constitución Política de Chile, que rige desde 1980, fue aprobada en medio de la dictadura de Augusto Pinochet. Entre tanta acusación, a él y a su equipo económico, los denominados Chicago Boys, se les suele adjudicar el establecimiento de las bases para un modelo neoliberal. El mismo modelo que sería el punto de partida para el “Milagro de Chile”, en referencia a los primeros 25 años desde el regreso a la democracia allí (1990-2015). Los efectos de esos años fueron el ascenso hacia el primer puesto en ingreso per cápita de la región, la reducción de la desigualdad (problema que caracterizó históricamente a este país) y de la pobreza (del 56% al 8% según los niveles de medición que se usan en dicho país), con una modernización por demás visible.
La democracia y las instituciones habían recuperado terreno y entidad en esos años. La izquierda y la centroizquierda habían unido fuerzas para presentarse como una coalición, conocida como la Concertación. La derecha y la centroderecha hicieron lo mismo, pero su coalición se llamaba La Alianza. Si bien terminó habiendo fragmentaciones hacia dentro con el pasar de los años, los diferentes partidos acompañaron esta modernización, más allá de las diferencias, de los cambios propuestos, o de algunas políticas implementadas. Como bien describía Edwards, se trató de una generación política atípica que entendió, luego de la era pinochetista, que los acuerdos, la eficiencia y el normal funcionamiento de la democracia era vital.
En 2015 el modelo empezó a estancarse y a mutar, pero el estallido llega en octubre del año pasado, luego de que los estudiantes de las escuelas secundarias, en un acto de rebeldía, se negaran a pagar el aumento en los pasajes del metro. Ese fue solo el comienzo.
¿A dónde apuntaban los reclamos? En los medios reproducían un video, el día domingo, donde se veía una bandera que decía lo siguiente: “Borrar tu legado será nuestro legado”. Como se ha dicho, la Constitución actual fue aprobada mientras Pinochet era aún el presidente de facto. Más allá de las múltiples modificaciones a las que fue sometida, siendo las más importantes las de la transición a la democracia (1989) y las que se hicieron en 2005 durante el gobierno de Ricardo Lagos, de la Concertación, son muchos los que nunca dejaron de cuestionar el origen de esta Constitución y su herencia.
Los espacios reducidos para la expresión del malestar o el desacuerdo con respecto a ciertas prácticas típicas del modelo, la formación de élites políticas y económicas que se fueron distanciando del resto de la gente (hecho que resalta Edwards en su artículo) y una centroizquierda que perdió terreno frente a sectores más radicalizados alimentaron la bronca de una mayoría que se fue haciendo visible.
Si a 25 años de crecimiento le siguen algunos donde esa tendencia de crecimiento macroeconómico no se mantiene como lo hacía antes, los reclamos se amplifican. Así es como Bachelet llegó a mencionar la necesidad de una nueva Constitución en 2018. Una iniciativa que parecía imposible con el retorno de Piñera a la Casa de la Moneda. Pero el destino diría que con él explotaría esta bomba del tiempo.
Muertes, denuncias sobre violaciones de derechos humanos, movilizaciones de todo tipo, disturbios, incendios, ataques a las iglesias y a las estaciones de metro, choque entre carabineros y los más violentos. Chile vivió un calvario entre octubre y noviembre de 2019, pero los que dicen haber luchado en busca de más derechos o políticas de bienestar tuvieron su recompensa. A mediados de noviembre, la oposición y el oficialismo se pusieron de acuerdo para frenar el lío ¿Cómo? Proponiendo un plebiscito para decidir si se debía crear, o no, una nueva Constitución.
Por la pandemia, la votación tuvo que esperar hasta el pasado domingo 25 de octubre para tener lugar. Se decidía si se aprobaba o rechazaba una nueva Constitución, por un lado, y si se prefería una Convención Constitucional (asamblea constituyente) o una Convención Mixta Constitucional, que estuviese compuesta tanto por constituyentes como por parlamentarios ¿El resultado? Con una participación algo superior al 50% (no es obligatorio votar en el país vecino), el 78.27% de los que se presentaron aprobaron la redacción de una nueva Constitución y el 78.8% votó a favor de una Convención Constitucional compuesta por 155 miembros que deberán ser electos por la gente en abril del 2021.
¿Cómo sigue esto? La Convención exige igual cantidad de hombres que de mujeres en la representación, tendría cupos para los pueblos originarios, y miembros cuya única función o tarea política sea presentar un proyecto con regulaciones y procedimientos que deben ser aprobadas por al menos dos tercios de los constituyentes electos. Para lograr esto tienen 9 meses, y 3 más en caso de ser necesario.
Como contaba Patricio Fernández para The New York Times, lo más probable es que los representantes de esta Convención provengan de los partidos políticos actuales y difícilmente logre algún candidato independiente acceder a dicho órgano. Aún hay incertidumbre y especulaciones varias en torno al proyecto que vaya a redactarse. Dada la situación actual, donde una mayoría abrumadora dio luz verde para que la revisión constitucional sea contundente, se cree que hay serias intenciones para plantear una Constitución que sea aprobable. Tanto los partidos de izquierda como de derecha tienen intenciones de subsistir en medio de este proceso, y ello los motiva a encontrar una solución para los reclamos.
La creación de una nueva Constitución tiene dos desafíos por delante. El primero, lograr que el órgano responsable la escriba. Los potenciales temas a debatir, según un informe de Larrain Vial, son los siguientes: si se mantiene el presidencialismo como está, si se le quitan prerrogativas al Presidente sobre asuntos vinculados al gasto fiscal; si se pasa a un parlamentarismo; debate acerca de las concesiones mineras y los derechos de acceso al agua; el sistema de pensiones; la organización del Banco Central de Chile; la flexibilidad en la creación de empresas estatales; una discusión acerca del gasto fiscal; etc.
El segundo desafío sería lograr que la ciudadanía apruebe, en un nuevo plebiscito, esta nueva Constitución. En caso de no superar los desafíos, se mantiene el statu quo, y eso podría ser un problema. Todo esto nos da a entender que los constituyentes tratarán de presentar un proyecto viable en todo el arco ideológico, por lo que probablemente sea más centrípeto de lo esperado.
Chile está terminando de atravesar una crisis institucional durísima. La política escuchó, por la fuerza, el descontento social ¿Quiere decir esto que el Milagro chileno o la antigua Constitución sean malas? No necesariamente. Es más, los más lúcidos comprenden que no es poco lo que debería rescatarse del modelo anterior, el cual fue un experimento exitoso para la visión neoliberal.
Para Edwards, los años donde Chile soñó con escaparse del destino latinoamericano (desigualdad, pobreza, violencia) llegaron a su fin. Pero como él remarcaba, la renuncia a esa salida solo se explica por los errores, por los cambios, por la falta de voluntad para defender el modelo, y por la pasividad de la política y de las élites. ¿Podrán remediarse los errores cometidos y conservar los logros del Milagro? ¿Será exitosa la nueva relación entre los diferentes actores económicos, políticos y sociales? ¿Habrá una nueva Constitución que cumpla con las expectativas de los que reclamaron? Eso, todo eso, está por verse.
