Partimos de lo que ya sabemos; o que, al menos, debemos presumir que lo sabemos. No queremos recurrir a ese respecto a algo que es, a esta altura de los tiempos, excesivamente remanido, cual es aquello de que “estamos bailando sobre la cubierta del Titanic”, dado que esa es una inadmisible comparación con nuestro actual estado de cosas. Y lo de inadmisible, atento al hecho que para procurar hacer válida esa figura, deberíamos comenzar por no decir que estamos precisamente bailando, sino afectados por un casi macabro sopor, apretujados en las más profunda de las bodegas de ese trasatlántico de tan mala fortuna.
Prescindamos de la referencia a la inquietante amenaza a nuestra institucionalidad republicana que en este momento se impulsa en el ámbito judicial, con el objeto de mal reformar nuestro sistema de justicia.
Una circunstancia con la que se nos ve, como sociedad, completar un círculo diabólico. Es que, como se sabe entre nosotros, desde los tiempos en que éramos una colonia hispánica, es una tradición de la que no somos del todo conscientes, el aplicar frente a la ley, la consigna de “acato, pero no cumplo”. Dicho más llenamente: reconocemos –cuando es el caso que lo hacemos- que la ley existe, pero nos comportamos de cualquier manera, y como se nos dé la gana.
Y ahora con esa reforma judicial en trámite a nivel federal, pretendemos dar un paso más, cual es el no contentarnos con elaborar normas legales sensatas y equitativas, cuyo cumplimiento a renglón seguido se buscará eludir; sino de buscar la sanción de normas en esa materia encaminadas, no a satisfacer el interés general, y ni siguiera el de facción, sino intereses particulares, cuando son, cabría decir, de índole personal, pero que este caso pareciera que no se dejará nada por hacer para lograr que vengan a cumplir su función instrumental.
Lejos estamos, no nos puede caber la menor duda, de los tiempos medievales, en los que Tomas de Aquino definía la ley – en palabras que citamos de memoria- como un “precepto racional orientado hacia el bien común, sancionado y promulgado por quienes tienen a su cargo el cuidado de la comunidad”. Ya que en contraste, la “racionalidad”, de existir, falla; el bien común está camino de desaparecer aun como concepto, si se tiene en cuenta que como tal está casi olvidado, ha dejado de ser una “vivencia”. Y en cuanto a eso del “cuidado”, a decir verdad, no sabemos si existe de verdad alguien que nos cuide.
No es de extrañar entonces que, aun por lo que podría considerarse que serían solo motivaciones -no hablemos de razones- que llevan a muchos a oponerse a una reforma de este tipo, se insista en ella de una manera inoportuna, ya que independientemente del hecho, su impulso no es una cuestión de interés general; no hace otra cosa que aumentar los antagonismos sensibilizados hasta el extremo en nuestra sociedad, y de esa manera profundizar y ensanchar lo que se designa como “la grieta”, en momentos en que se deben aunar esfuerzos, para levantarnos de las profundidades vergonzosas en las que hemos caído.
Lo mismo puede decirse del impulso que en estos momentos se está dando al tema que gira en torno a la “despenalización del aborto”, al que se intenta volver “libre y gratuito”, aunque – al menos por ahora- no “obligatorio y generalizado”.
Una “cortina de humo”, en la opinión de ciertos sectores, con la cual, según los mismos, el presidente Fernández buscaría no solo desviar – por otra parte, resulta imposible de hacerlo- la atención acerca de nuestra tragedia socioeconómica, sino también hacer olvidar sus dichos aquellos que, frente a la pandemia, ante la necesidad de optar por la salud y evitar que se produjeran treinta mil muertos, optaba por el freno de la actividad productiva, optaba por la salud. Para encontrarnos ahora, con una crisis económica potencializada por ese “parate”, y a la vez estamos ya contando con casi cuarenta mil muertos.
Por nuestra parte no nos adentraremos en el tema – con la excepción que más abajo dejamos formulada-ya que consideramos que en materia argumental la cuestión está virtualmente agotada; de donde, dejando de lado la posibilidad de indeseados enfrentamientos de grupos en los que se llegue a las vías de hecho, lo que resta es comenzar a “contar porotos”, y previamente buscar la manera de tenerlos. Dicho esto como algo fácil de comprender, que es solo una manera de decir, la referencia a los “votos” de los legisladores, como si se tratara de “porotos”. Votos o porotos a los que se debe comenzar por capturar y luego no dejarlos escapar.
De cualquier manera, no podemos dejar de destacar, a la vez que valorar de una manera positiva, la circunstancia, más intuida que constatada con certeza, de la existencia de una convicción cada vez más extendida en nuestra sociedad, cual es que la vida de un ser humano comienza en el momento de la concepción, ya que de allí en más se asiste a un desarrollo del mismo, que se prologa aun después del nacimiento.
Afirmación que queda corroborada por el hecho que los defensores del aborto, por una parte comienzan a eludir el “aspecto ético” de la cuestión, para rebajarla a una mera cuestión de “salud pública”.
A lo que se agrega el hecho de que no se ponen de acuerdo hasta qué altura del proceso de gestación – quince días, cuatro semanas, dos meses, o lo que sea- el mismo puede ser interrumpido. Una dificultad remarcable, dado que da cuenta de la existencia de dudas acerca del momento que lo que debe considerarse una persona en gestación, comienza a serlo.
Dado lo cual, desde una sólida perspectiva argumental, cabría señalar que ante esa duda, se debe optar que desde la concepción nos encontramos ante un ser humano en desarrollo, y en consecuencia ante una persona, que como tal está dotado de todos los derechos que deben ser tutelados no solo socialmente, sino también por el Estado.
En tanto la ley penal entre nosotros, mucho más amplia en materia de plazos, ya que en caso de una violación se la interpreta de una manera que cabe considerar que habilita dar muerte al ser nonato, mientras no se produzca el “alumbramiento” – sacar a la luz-, que es lo que en realidad significa el nacimiento.
De allí, es que sin estar totalmente compenetrado de las circunstancias de hecho – como estamos convencidos que también es el caso de todos los que en diversas formas se han pronunciado de manera condenatoria- nos sentimos poco menos que escandalizados por la circunstancia de que haya sido sancionado por parte del gobierno de nuestra provincia un médico rionegrino que fue condenado en 2019 por obstaculizar una práctica de aborto legal y tenía habilitada su matrícula para ejercer en nuestra provincia desde este año hasta 2025, con la cancelación de su matrícula habilitante, y en consecuencia haya sido privado de la posibilidad de ejercer su profesión ante el reclamo de grupos que no son precisamente “pro-vida “…
Según la resolución in-habilitante, ella se funda en "razones exhibidas en las noticias de prensa y las constancias judiciales de la sentencia" dado lo cual el mantener vigente su matrícula sería una "concreta violación a las normas que rigen actividad, a la ética y al interés público y social".
Cabe señalar que la joven violada contaba con una edad de diecinueve años, se encontraba en el quinto nivel de gestación, y, según se señala, el médico habría actuado de esa manera, por enfrentarse con el dilema de que, en el caso de avanzar, iba a poner en peligro “las dos vidas”.
De allí que ni la sentencia judicial ni la resolución gubernamental nos pueden extrañar, si se tiene en cuenta que, de acuerdo al proyecto de ley de despenalización del aborto remitido al Congreso por el Presidente, según la información con la que contamos, si bien en principio autoriza invocar la objeción de conciencia para llevar a cabo este tipo de intervención, esa posibilidad cesa en el caso de todos – todos quiera decir sin excepción de ninguno de ellos- los médicos del establecimiento hospitalario donde se encuentra internada la mujer a intervenir resulten ser objetores de conciencia.
O sea que, ente esa circunstancia, a uno de ellos se “lo obliga” a hacer lo que, repitiendo los fundamentos de la resolución de nuestro gobierno provincial, “está contra su conciencia de lo que es la ética y el interés público y social”.
