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Es observable, en medio de la crisis generada por la pandemia que vivimos, que son diversas las maneras con las que actúan las autoridades y reaccionan las poblaciones, en relación a la aplicación y el respeto de las regulaciones sanitarias, dispuestas como su consecuencia.

Una situación que se traduce en la presencia de una gama que va desde la rigidez extrema hasta la permisividad plena, por parte de las autoridades, en las distintas zonas urbanas del territorio nacional, en lo que hace a la circulación de las personas y vehículos. A la vez, en el caso de la población, se producen reacciones que van desde el acatamiento celoso de esas disposiciones de una manera espontánea por parte de muchos, hasta el comportamiento rayano en la ignorancia temeraria de ellas por parte de algunos.

Se hace presente ante esta última circunstancia, la curiosa paradoja que más de una vez hemos señalado desde estas columnas, cuando en una ciudad un vecino procede a talar el árbol plantado sobre la calle frente a su casa porque le molesta; para ir a estacionar su automóvil a la sombra del árbol que sigue en pie, frente a la casa vecina, en las siestas veraniegas.

En tanto, el núcleo compacto constituido por las municipalidades de Colón, San José y Pueblo Liebig, han dispuesto el acordonado envolvente de las plantas urbanas y aledaños de todos esos municipios, con la obstrucción de caminos y calles que lleven a ellos. De tal forma que la circulación de vehículos y de personas se venga a realizar por lugares acotados de entradas y salidas de ese bloque abroquelado, y bajo un prolijo y a la vez respetuoso control oficial. Encontrándose en la aplicación ese esquema de circulación vial y su control, se ha hecho público el contenido de una nota enviada al gobernador de la provincia por un grupo de comerciantes de esas localidades, solicitando no otra cosa que un restablecimiento “casi” normal de la mayor parte de los aspectos de la vida cotidiana, en todas ellas.

Se nos ocurre que el reclamo no es irrazonable, y como hemos escuchado en boca de vecinos de esos lugares, está justificado plenamente si se atiende a la inexistencia de “casos del virus” en esos territorios, y el hecho que se puede controlar su introducción desde fuera del mismo, mediante el funcionamiento de los puestos de acceso señalados.

El razonamiento válido que, de esa manera, viene a formularse puede traducirse en una regla, que vendría a señalar que “a mayor y mejor acordonamiento de las zonas urbanas y control en sus accesos, mayor es el número de actividades que para su funcionamiento normal debe permitirse dentro su ámbito”.

Regla que vendría a significar no otra cosa que una suerte de expansión del “aislamiento familiar”, tal cual ahora se cumple dentro de cada hogar; ampliado a esa, a su vez, más amplia “familia” que viene a constituir cada una de esas comunidades y, en definitiva, todas de ellas.

Por nuestra parte, señalamos también que la eficacia comprobada del acordonamiento a que nos referimos, podría servir de “ensayo” para un proyecto acerca del cual venimos insistiendo desde hace muchos años, cual es constituir una “zona extra aduanera” que incluiría a Paysandú y las tres localidades mencionadas, de manera que se logre una situación igual a la que se da entre las localidades de la frontera entre Brasil y Uruguay, donde se da el caso que para Rivera y Santana do Livramento cruzar la frontera es cruzar una calle, sin más.
Fuente: El Entre Ríos

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