En estos días, el juez federal Claudio Bonadío decidió llamar a indagatoria a un importante número de empresarios viales, todos ellos concesionarios de distintos corredores durante la administración kirchnerista. A partir de la declaración del ex funcionario Claudio Uberti, en su momento a cargo de la embajada paralela en Venezuela, quien dijo que todos los concesionarios -sin excepciones- pagaban coimas, el juez decidió avanzar en la investigación y los citó a declarar para tratar de generar más precisiones sobre el caso.
Al día de la fecha recién comienzan a realizarse las primeras indagatorias, destacándose las citaciones del padre de Mauricio Macri, Franco, y su hermano, Gianfranco. En los tiempos de Uberti a cargo del Occovi (Órgano de Control de Concesiones Viales), hace ya más de 10 años, el grupo Macri seguía siendo accionista de Autopistas del Sol, a cargo de la autopista Panamericana en el ingreso norte a la ciudad de Buenos Aires, con una participación del 7% que no le daba posibilidad alguna de participar en el management y tampoco de disponer de un lugar en el directorio.
Con este inesperado llamado, el juez Bonadío parece dar por tierra la teoría kirchnerista de que los tribunales federales le responde al gobierno nacional “a piacere”, y que es esa funcionalidad la que ha obligado a Cristina Kirchner -y a buena parte de sus encumbrados funcionarios- a visitar los tribunales de Comodoro Py de manera recurrente.
Está claro que estos llamados a indagatoria -incluido el de los parientes directos del Presidente- , en un contexto donde el juez no parece tener evidencias muy sólidas para hacerlo salvo algunas vagas presunciones, no deben ser del beneplácito del primer mandatario y, de poder elegir libremente, seguramente lo hubiera evitado considerando las potenciales y negativas implicancias políticas. Caiga quien caiga, le guste a quien le guste, justicia y política, ¿por fin?, parecen comenzar a correr por carriles diferentes.
"A nivel nacional, el devenir de la justicia federal parece indicar una menor dependencia respecto del poder político de turno"
Ahora nos? ubicamos en Entre Ríos. Como muchos saben, en el 2104, durante el gobierno de Sergio Urribarri, se estableció un nuevo código procesal penal, basado en un nuevo sistema acusatorio, y a partir de la eliminación de la potestad de investigar del juez de instrucción otorgándosela al fiscal en cambio, privilegiando la oralidad y el acortamiento de los plazos en causas penales.
Este cambio, muy significativo y también positivo, significó una nueva puesta en valor del Ministerio Público Fiscal, en este caso en la figura del Procurador y jefe de fiscales Jorge García, y del conjunto de los fiscales, los que comenzaron a jugar un rol mucho más trascendental en un sinnúmero de causas, incluso muchas vinculadas a casos de corrupción.
Durante un largo tiempo este cambio pasó casi desapercibido ente el gran público e incluso hasta en buena parte del ecosistema político local, pero cuando cobró estado público el caso de los contratos truchos en la Legislatura Provincial, ahí sí, no pasaron sino segundos antes de que buena parte del arco político, principalmente el peronismo, saliera a cuestionar no solo el nuevo sistema sino también a sus nuevos protagonistas, los fiscales.
Desde entonces, gestos, mensajes y maniobras hacen que nos preguntemos si una analogía entre Nación y Provincia es posible y si por acá también estamos asistiendo a un nuevo -y mucho mejor- escenario donde la justicia funciona por carriles diferentes a los de la política. Los fiscales entrerrianos, muchos de ellos nombrados por sus méritos y no por sus conexiones políticas, parecen estar haciendo su trabajo, lo que ha disparado una réplica del sistema político llamado a defenderse frente a los cambios en el código y? sus procedimientos.
"Hoy es válido -y hasta necesario-? preguntarnos si una analogía entre Provincia y Nación es posible"
En maniobras seguramente destinadas a blindar judicialmente al ex gobernador Urribarri, algunos de sus advenedizos han comenzado por ejemplo a cuestionar al Procurador García, quien ha demostrado una interesante capacidad de supervivencia, a quien han denunciado por mal desempeño y falta de idoneidad.
Con el mismo propósito, en el último tiempo han aparecido también cuestionamientos a la fiscal Anticorrupción Cecilia Goyeneche, donde la pregunta recurrente es si su nombramiento fue hecho como corresponde. Nadie parece acordarse de que la reglamentación respecto del nombramiento del fiscal Anticorrupción es y ha sido responsabilidad de la legislatura provincial, la que hace hasta quince minutos no parecía muy interesada en el tema.
Y ni hablar de los públicos cuestionamientos del abogado Raúl Barrandeguy, letrado de Urribarri, respecto del mecanismo de selección de los fiscales, lo que lo lleva a uno a pensar que algunos interesados quisieran hacer de los fiscales un cargo electivo y no uno de carrera donde solo importan trayectoria y antecedentes.
En medio de este trasfondo, cabe una palabra para el gobernador Bordet, que más allá de su particular buena sintonía con el remozado Superior Tribunal, parece estar dejando a la masa de fiscales hacer su trabajo en libertad y sin injerencia alguna. Tal vez la labor de García haya ayudados para que esto sea así, algo más difícil de descifrar para alguien lego en materia judicial como el que esto escribe.
Respecto de los paralelismos, solo el tiempo será juez -si cabe el término en este caso- y quien determine si esta vuelta de tuerca en la justicia de la provincia, con los fiscales jugando ahora un rol central, nos está haciendo mover en la dirección institucional correcta de una mayor independencia judicial. Mientras tanto, y considerando la inquietud y ansiedad de la clase política local, uno presiente que efectivamente tal vez sea así.? Y ojala así sea.
