Es que como ya lo hemos destacado, hasta ahora le estaba vedado hacerlo, por no existir la adhesión exigida al régimen nacional en la materia, la que se logró gracias al impulso de la actual ministra Rosario Romero.
De lo que se trata ahora es de plasmar esa decisión en hechos concretos, algo que significa -para empezar- aumentar el número de fiscalías en toda nuestra provincia y su dotación de personal; que como ya hemos tenido la oportunidad de señalar, es en la actualidad preocupantemente escaso.
A ello se debe agregar, lograr que la policía provincial cuente con un personal especialmente calificado para este tipo de tareas, a la par que se suministre a la misma toda la aparatología y herramientas indispensables para el eficaz cumplimiento de su función.
Es que de no avanzarse en ese sentido, la ley a que nos estamos refiriendo quedará lamentablemente como otra mera expresión de una buena intención, de esas de las que se encuentra empedrado el camino del infierno.
Sobre todo que ver a nuestras fuerzas de seguridad desplegando una acción eficaz, es la única manera de lograr que la población se sienta motivada para suministrarle la información a su alcance en la materia, en lo que aparece como un acto de colaboración no solo encomiable sino valioso.
Entretanto, la reunión convocada para este jueves en Villaguay, la ciudad de la que todos estamos más cerca y por eso es también conocida como la de los encuentros, por la ministro de Gobierno y que congregó a fiscales, la Policía, fuerzas federales y jueces nacionales y provinciales, aparece como un puntapié inicial promisorio.
Todo ello, porque no se trata de ir tan solo contra los “peces gordos”, que empuñan la manija del negocio, ni tampoco contentarse con atacar el traslado de cargamentos de narcóticos, sino acabar con esos semiocultos aunque bien conocidos “negocios de proximidad”, conocidos como “kioscos” o “bunkers” que, a decir verdad, solo sirven para desparramar veneno.
