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Vaya a saber qué circunstancia azarosa, nos llevó a prestar atención a las que en principio no aparecían, aunque más no fuera del todo, merecedoras, a dos noticias a las que incluimos en su momento en ésta, nuestra plataforma digital.

Las dos – una que hace referencia a Colón, y otra a Villa Elisa- tienen un contenido que las hace similares, y que dan pie a las consideraciones que siguen. Las mismas están referidas a obras viales en ejecución de las respectivas plantas urbanas de esas ciudades, las que son financiadas en la proporción de un 65 por ciento por parte del gobierno provincial y el otro 35, por cada una de las municipalidades de esas localidades.

La primera de esas consideraciones tiene que ver que no se hace presente una expresión utilizada tanto por el gobierno provincial, como por las administraciones municipales, cuando cualesquiera de ellas al anunciar la realización de una obra pública, lo hacen recalcando muchas veces el hecho que el costo de ella se afronta con “fondos propios”. Esa circunstancia viene a hacer patente que, contra lo que cabía esperar en el funcionamiento normal de cualquier administración autónoma o autárquica, la regla no es que ese tipo de obra se afronte con sus propios recursos – incluidos los que signifiquen el asumir una deuda-, sino contra lo que debiera esperarse y ser, con fondos que reciben del gobierno central. Con el agravante, demostrativo no ya de la falta de prolijidad sino del desorden observable en la gestión de los negocios públicos, que muchas veces esos fondos no tienen un recorrido que los hace ir del gobierno nacional al provincial, para terminar en una municipalidad, sino que ésta los obtienen directamente del gobierno nacional “puenteando” al provincial, una metodología cuestionable –ya que entre otros reparos, se ve en la mayoría de esos casos como la política partidista “mete la cola”- en cuanto deja de lado a este último, al momento que, como debería corresponder, sea quien fije el orden de prioridades en la asignación de esos recursos extraordinarios.

Además de lo dicho, cabría extenderlo, para apuntar al hecho que la dependencia de esos “auxilios externos” en materia financiera, vienen a demostrar el carácter precario de la “autarquía” en materia financiera tanto por parte de los gobiernos provinciales como de las administraciones municipales; aunque ello no signifique, sino en casos extremos, por su fuerte dependencia, casi imprescindible, de esos “auxilios” y que esa circunstancia no signifique necesariamente se conviertan en verdaderos “mendicantes”, dado el grado extremo de orfandad en materia de recursos propios indispensables para su subsistencia. Claro está, que todo lo aquí indicado no es cosa de hoy, sino algo que se ha venido incrementando a lo largo de los años, ya que por diversas causas que no viene al caso enumerar, vemos al Estado nacional, convertido en algo cada vez más parecido a un “estado mendicante”, con el agravante que por su forma de actuar frente a quienes solicitan asistencia, queda demostrada una alarmante incomprensión de ese estado de cosas.

Por otra parte, esa novedosa fórmula implementada del “64-35” en el reparto de los costos de obras entre nuestro gobierno provincial y las administraciones municipales, es demostrativo de hasta qué extremos estamos llegando en esa triste tarea de “rascar el fondo de la olla”.

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