¿Qué dice el proyecto?
La propuesta fue formulada por un grupo de funcionarias como Ana Hernández, Eugenia Delorenzi, Ileana Fernández Escobar y comunicadoras de medios oficiales como Guadalupe Colombo (Radio UNER) y referentes del feminismo local de Concepción como Clara Chauvín y Andrea Sosa Alfonzo. Sólo mujeres participaron de la formulación.El proyecto postula que “todo medio de comunicación, periodista, comunicador/a y/o cualquier otra plataforma digital que reciba pauta oficial del Municipio de Concepción del Uruguay tendrá como condición participar de los encuentros de sensibilización para el abordaje con perspectiva de género y Derechos Humanos de los contenidos que generen y/o reproduzcan”.
Críticas al proyecto y su alcance
Al conocerse el texto, diferentes actores salieron a cuestionar el proyecto. Esta semana, la Asociación de Periodistas del Departamento Uruguay emitió un comunicado en el que advierte que la norma tiene “errores técnicos, legales y conceptuales que chocan con la normativa vigente en materia de libertad de expresión y regulación de la publicidad oficial". Por eso solicitan “que se realicen cambios al texto original del proyecto de ordenanza” y que la iniciativa sea sometida a consulta “convocando a las diversas instituciones y organizaciones del sector”. En la misma línea se pronunció FOPEA, que advierte “que la redacción del proyecto en cuestión implica un condicionamiento a los medios y periodistas al obligarlos a asistir a capacitaciones para poder ser beneficiarios de la pauta publicitaria oficial”. Desde la entidad de periodistas locales también reclaman al Gobierno local que “convoque a un debate amplio, plural y profundo para analizar el proyecto de ordenanza” y remarcan que cualquier iniciativa de esta naturaleza no puede excluir otro gran tema: la regulación de la distribución de la publicidad oficial.La petición va de la mano con un viejo reclamo de los comunicadores y medios locales que bregan desde hace tiempo por pautas más claras de distribución de la publicidad oficial. Hasta hoy es el Intendente y su equipo los que deciden discrecionalmente quién recibe publicidad oficial y quién no, así como los montos que percibe cada medio. Por eso, la iniciativa para condicionar el reparto de publicidad oficial fue frenada de forma abrupta la semana pasada cuando las autoras pretendían anunciar su aprobación.
No tan oficial
Si bien el proyecto se dio a conocer como una propuesta oficial de la Dirección de Comunicación del Gobierno Municipal, la realidad es que el intendente Martín Oliva no estaba al tanto de los detalles de la iniciativa ni avaló la propuesta. Incluso el funcionario a cargo del área de Comunicación, Antonio Bernhardt, no fue invitado a participar del proyecto, por lo que desconocía los detalles.El tema provocó una reacción generalizada del periodismo local, que hasta el momento mantenía una buena relación con el Gobierno de Martín Oliva. Sin embargo, este tema ha impulsado nuevas demandas de los medios de comunicación locales que, como otros actores relevantes en la pandemia, han visto afectados sus ingresos de forma significativa.
Por eso desde el Gobierno Municipal pusieron un freno brusco al proyecto e instruyeron a los concejales del oficialismo para que abran el debate, convoquen a otros actores, modifiquen los párrafos más controversiales y traten de salvar la situación. Esta semana ha comenzado esa ronda de consultas que seguramente llevará varias semanas. En plena campaña electoral, el Intendente Oliva tendrá que ponerse al frente del tema para evitar que el panorama de armonía que mantenía se vea interrumpido por esta iniciativa inconsulta. Ya lo dijo en su momento el Intendente de Concepción: “Este Gobierno no es para librepensadores. El que quiera jugar solo y no quiera hacerlo en equipo ya sabe qué camino tomar”.
La situación reabre la discusión sobre la necesidad de fijar parámetros claros para la distribución de publicidad oficial. La labor que impulse el Concejo Deliberante local en la convocatoria de diversos actores podría poner fin a este mecanismo discrecional que utilizan todos los gobiernos para sobrellevar sus relaciones con el periodismo
