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Puede que la idea de esa manera sintetizada, aparezca como descabellada. Aunque en realidad consideramos no lo es, independientemente de que resulte un proyecto de más que difícil concreción.

De lo que se trataría es, de cualquier forma, lograr hacerlo realidad. Previo el cumplimiento de todos los recaudos constitucionales, con una parte del actual territorio de la Provincia de Buenos Aires, condicionado al hecho que tenga al Partido de La Matanza, como su eje central.

En nuestro caso, al menos, no se trata de nada que se acerque, ni siquiera de la manera más remota imaginable, a un proyecto de ingeniería política. Ni que tenga la menor intencionalidad vinculada con lo que se conoce como “la pequeña política”, esa de mirada corta, por no tener sus ojos focalizados mucho más allá de la próxima elección.

Sino que nos sentimos movidos por lo que se considera un acto en que la justicia, impregnada de un olorcillo a reparación histórica, converge con el logro de una mejor institucionalidad; o más precisamente con la “gobernanza”, como cada vez de una manera de frecuencia en aumento, se escucha decir.

Hemos mencionado que la génesis de la idea guarda una débil, que no por ello dejar de ser persistente, con el pensamiento de la necesidad de una “reparación histórica”. Y a ese respecto debe quedar claro, antes de avanzar, que en nuestro caso ese concepto tiene poco que ver con una expresión parecida, que sirvió de pretexto – dejando de lado las intenciones tampoco no verbalizadas de sus impulsores- para alejar al entonces presidente Carlos Saúl Menem de su cargo vicepresidencial, cuando encandilándolo con el alto precio que significaba la creación de un fondo especial que llevara precisamente ese nombre, permitió hacer más aceitado el reparto del poder. Dado que ello significaba para Eduardo Duhalde, el permitirle acceder a la gobernación de la Provincia de Buenos Aires con una importante masa de recursos extras, que le permitiera manejarse con mayor comodidad.

En tanto en nuestro caso, de seguir utilizando ese concepto lo haríamos con otro significado. Ya que a medida que avanza el tiempo, más convencidos nos volvemos que sino toda, al menos una gran parte de la historia argentina se explica por una suerte de “imperialismo interior del puerto, y sobre todo de su aduana” sobre el interior del país.

Un estado de cosas, cuya cara benigna, reside que ese predominio de Buenos Aires, llevado a su plenitud por ese unitario por excelencia que fuera Juan Manuel de Rosas – el que como tantas veces ha sucedido entre nosotros, se presentara vestido con otro ropaje- el cual impidió que la nuestra, terminara siendo un “rosario de republiquetas”, como fue el caso que se dio en América Central.

Un mérito no pequeño y que así debe remarcarse, si se tiene en cuenta que los entonces conocidos como unitarios, no pusieron el empeño suficiente para evitar la secesión impuesta de la “provincia oriental”, y fracasaron en su empeño de retener lo que en ese entonces era el Alto Perú. Aquí una digresión: se debe tener en cuenta que, según Alberdi, el objetivo fallido de la campaña de San Martín era la liberación de lo que es hoy territorio boliviano; en cuyo logro independizar a Chile y al Perú, eran solo etapas de su plan.

Es que los unitarios estaban dispuestos a “aligerar carga” hasta donde fuera necesario, con tal de conservar el poder sobre lo que era el núcleo del Virreinato. Algo que dejaron bien en claro, cuando después de Caseros, se los vio a unitarios y federales porteños unidos en la defensa de la “aduana”.

De allí que quepa decir que ese interior despojado, se cobró parte de la deuda, con una migración caótica, y a la que nunca se llegó a planificar, de provincianos de recursos escasos o ninguno; pero con mayor nivel de aspiraciones que vinieron a ocupar los sucesivos “cordones” de la ciudad capital.

De donde hablar de “reparación histórica” es utilizar también -como tantas veces ocurre, como consecuencia de nuestra habilidad reconocida en materia de manipulación lingüística- palabras equivocadas para referirse a un acto de justicia; que no tiene que ver con un territorio, ya que los migrantes vinieron a ocupar un territorio que no era el suyo. Y ni siquiera con quienes migraron, ya que son tan solo los ancestros de quienes ahora en gran parte viven en el conurbano.

De lo que se trata entonces no es saldar una deuda, sino reconocerles a los habitantes de esa región una autonomía de la que ahora carecen, ya que sin siquiera saberlo, o de saberlo no comprenderlo del todo o de comprenderlo a medias, se siguen mostrando indiferentes ante esa circunstancia. Y que de ese modo se los ha convertido en el “capital político” de muchos dirigentes locales y provinciales y hasta algunos con aspiraciones de proyección nacional. Lógicamente esa descripción cruda y extrema admite excepciones, pero se trata de aquellas que vienen a confirmar la regla.

Y el estado de cosas expuesto queda corroborado por el hecho recién conocido, que en los momentos actuales que se da el caso de las remesas millonarias de pesos que el gobierno nacional efectúa a las provincias –no en carácter de préstamo sino de subsidios, obviamente no reintegrables- de una manera inequitativamente proporcional (una circunstancia de la que tendremos ocasión de ocuparnos) el actual gobierno provincial las va a utilizar en una cantidad imprecisa pero de cualquier manera mucho menor que el total recibido, en transferirlas a las municipalidades; no en el carácter de subsidios sino de préstamo. De donde lo que recibe como donación lo coloca como préstamo.

A mayor abundamiento, se hace necesario señalar la importancia que una decisión de este tipo tendría en la consolidación institucional y la gobernanza que se hace presente en forma paralela.

Es que nuestra fragilidad institucional hace que tengamos un gobierno débil y por ende sometido a las presiones de grupos. Los cuales tienen en la extorsión su manera de proceder frente al gobierno y con esa finalidad utilizan como rehén a la población.

Quiere ello decir que la búsqueda de consensos que es la base de toda política arquitectónica, se ha convertido entre nosotros en un “juego de toma y daca”, en el que los intereses de las partes involucradas se ponen por encima del bien común. Y eso es algo que se repite en todos los ámbitos sociales valiéndose de un Estado que al mismo tiempo que el monopolio de la fuerza, ha perdido su rol especialísimo de poder arbitrador. Y cuando hablamos de que ello ocurre en todos los ámbitos y entre ellos incluimos el de la política.

Queda pendiente el interrogante acerca de la manera que el proyecto de creación de una nueva provincia puede resultar útil para alcanzar ese objetivo. Algo que, por razones de espacio, pero sobre todo por su complejidad, quedamos obligados a tratar más adelante. Ya que este es un tema que da para mucho más y al mismo tiempo, cabe considerarlo como de importancia vital.

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