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En los últimos meses, las acciones que ha tomado el Intendente de Concordia, Enrique Cresto, lo han puesto en la mira del resto de los intendentes del PJ. Sus medidas impulsando austeridad, reduciendo el número de funcionarios públicos y echando de la gestión a funcionarios vinculados a casos de corrupción lo han convertido en un parámetro incómodo para los jefes territoriales que integran la Liga de Intendentes del PJ y poco quieren saber de avanzar en este camino.
Sobran funcionarios
Lejos de ser un paladín de la nueva política, sin embargo Enrique Cresto ha tomado una serie de decisiones interesantes que elevan la vara para el resto de las administraciones municipales de signo justicialista. Entre esas medidas, las que incomodan a los pesos pesados del peronismo entrerriano están directamente relacionadas con la reducción de cargos políticos y la decisión de acomodar el tamaño del Estado municipal a las necesidades reales de la ciudad, antes que a la interminable lista de puestos y nombramientos con que la vieja política devuelve lealtades electorales.

En el marco de la reciente declaración de la Emergencia Económica que impulsó el Intendente Cresto, las principales medidas incluyeron acciones novedosas como la jubilación obligatoria de todos aquellos trabajadores que están en edad de retirarse, o la reducción de más de 20 cargos políticos de su equipo de gestión. Los dos anuncios golpean de frente a otros intendentes que no pueden explicar las razones del tamaño de su cuerpo de funcionarios.

El gobierno de Lauritto en Concepción del Uruguay por ejemplo, cuenta con 172 funcionarios contra los 90 que dejará Cresto en Concordia. ¿Cómo explicar la existencia de casi el doble de funcionarios en una ciudad que tiene casi la mitad de habitantes que Concordia?
Mientras las cifras se vuelven escandalosas en algunas pequeñas localidades que tienen cerca de 100 funcionarios para unos pocos miles de habitantes, los cañones ya apuntan directo contra Enrique Cresto al que buscan convencer para que “no se corte solo” y “no nos deje en off side”, reconoció a este medio un veterano dirigente del PJ entrerriano.
La misma tijera
El combate contra la corrupción, que parecía una bandera exclusiva de Cambiemos, ya quedó hecha trizas con las sospechas que pesan sobre la venta de acciones de Autopistas del Sol por parte del presidente Macri o las millonarias deudas del Correo. Sin embargo, mientras el Gobernador entrerriano Gustavo Bordet se disfraza con piel de cordero para aparecer entre los nuevos dirigentes en línea con acciones de transparencia y rendición de cuentas, en rigor sigue rodeado por buena parte de los funcionarios que todavía le deben varias explicaciones a la justicia: Este es el caso de la titular de Vialidad, Alicia Benítez de Feltes, partícipe necesaria de los escandalosos contratos de la Cumbrecita del Mercosur y, probablemente, una de las que deberá responder en el marco de la causa del “Sueño entrerriano”. Algo parecido pasa con Diego Valiero, el exministro de Economía de Urribarri y actual representante de Bordet ante el Banco de Entre Ríos. Un banco que paga para operar como agente financiero en Santa Fe pero que en cambio cobra al menos 400 millones al año por hacer la misma tarea en Entre Ríos, además de las decenas de miles de clientes cautivos que le regala el Gobierno provincial.

Valiero debe responder en la causa Carmona donde se investigan contrataciones irregulares del software que Valiero contrató para el Ministerio de Economía en tiempos de Urribarri. Ahora la causa avanza tanto por esas contrataciones irregulares como por el delito de Enriquecimiento ilícito en que Carmona aparece administrando más de 11 millones de dólares de la familia Urribarri. Y Valiero también aparece en la mira judicial, al igual que en las cosechadoras truchas que montaron en Concepción del Uruguay.
Combatir la corrupción
Frente a estas prácticas en que algunas cosas parecen no cambiar demasiado, la actitud del intendente Cresto en el último caso sospechado de corrupción, también marca distancia del resto de los actores del peronismo. En la última semana, uno de los contratados de su gestión, Carlos Alberto Gómez, quedó envuelto en un supuesto acto de corrupción a través de un audio en el que le pide el 40% del sueldo a un trabajador al que le prometía un puesto en la gestión municipal. El accionar de Cresto fue concreto: rescindió el contrato de este personaje, lo mandó a la casa y le aceptó la renuncia a la pareja de Gómez, que también integraba su gabinete. No esperó el fallo de la justicia, no protegió al acusado ni demoró en tomar la decisión.

Otro motivo para que sus pares de las principales ciudades que gobierna el PJ miren “torcido” al joven dirigente concordiense.

La Liga de Intendentes del PJ tomó nota de la ausencia de Cresto en el encuentro con el Gobernador para lamentarse de la afectación a la coparticipación que generaba la quita del IVA a los alimentos. Todos sabían que mientras actuaban el “llanto” fiscal, Cresto se codeaba con dirigentes de otro nivel en la cumbre de Puerto Rico que organizó la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones Municipalistas (FLACMA) con la participación de intendentes y alcaldes de todo el mundo.

Si bien quedan muchos rincones por auditar antes de colgar el mote de “transparente” a un gobernante, las acciones que impulsa el Intendente de Concordia incomodan a los viejos dirigentes del peronismo. Estas semanas tratarán de frenar a Cresto para evitar que los ciudadanos comparen. Porque ya saben, las comparaciones no sólo son odiosas, sino que dejan al desnudo las peores prácticas de la vieja política.

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