En tanto, hasta el momento de la declaración de la emergencia en materia de salud a que se alude, no podía hablarse de una crisis política dado el hecho que resultó un ejemplo exitoso, y por lo mismo saludable de alternancia, la manera en que operó la renovación decembrina entre los poderes legislativo y ejecutivo federales. Y que la misma fuera acompañada de análoga situación vivida en el plano provincial, en el que se llevó a cabo poco tiempo antes.
Así ocurrió, a pesar de la manera no exenta en nada de imprudencia con la que se movió el entonces candidato y actual presidente en los días posteriores a la crisis, dando la impresión de verse a un elefante moviéndose con aparente torpeza, aunque en su caso de una manera deliberada, por un bazar. Todo ello, si se tiene en cuenta el carácter equívocamente petardista del tono de sus declaraciones posteriores a ese momento. Ya que, como es sabido, ellas provocaron una estrepitosa reacción, que vino a agudizar la crisis que ya se vivía en el ámbito económico, la que de esa manera se hizo casi inmanejable.
Pero como lo decíamos, la transición político-institucional a la que nos referíamos resultó ajustada a lo previsible en estas circunstancias, dentro de un orden razonable y lógico esperable en una república democrática, y en contrate con lo acaecido en el caso de la anterior. Dado lo cual, y atento a esa manera “mayormente prudente” de los manejos del actual presidente -se remarca el hecho que no la adjetivamos como equilibrada, en cuanto fue resultado de un hábil movimiento de equilibrista, si se tiene en cuenta que “equilibrado” y “equilibrista” son términos que tienen connotaciones y rasgos diferentes-. Un manejo de la situación por parte del actual presidente, desde el momento de su incuestionable e incuestionada victoria, que es notoria que hechos a los que pasaremos a referirnos vienen ahora a mostrar una no deseada, y a la vez peligrosa, en este caso para todos y no solo para él mismo, fragilidad.
Es notorio que, poco a poco, han venido a hacerse presente signos de deterioro en el ámbito político-institucional, que con el terreno abonado sobre todo por la crisis sanitaria actual, y que vienen puestos de manifiesto como presiones y actos -porque no se trata tan solo de la existencia de las primeras, que sin duda las hay; sino también de decisiones judiciales en las que se hace primero la ideología sobre la norma jurídica, a la que las interpretan de una manera forzadamente retorcida, cuando lisa y llanamente no se prescinde de ellas al momento de fallar-. En función de lo cual hacen que se confundan, cuando no desaparecen, los límites entre el ámbito de lo político, con el de la justicia; la que de esa manera resulta invadida, con la amenaza concreta de verse desnaturalizada.
Señales visibles de lo descripto son los intentos encaminados a diluir, cuando no hacer que se esfumen, los problemas judiciales de la “familia Kirchner-Fernández y de sus cómplices en su accionar” -quienes, y así debe ponerse de relieve, merecen un trato honradamente ajustado al derecho en las causas judiciales que se siguen en su contra, y en las cuales han resultado incriminados- utilizando atajos, la mayor parte de ellos totalmente censurables.
Sin dejar de hacer referencia al otorgamiento del beneficio de encarcelamiento domiciliario otorgado judicialmente al exvicepresidente Boudou, circunstancia derivada de una sentencia firme, y pedidos de excarcelación similares -con la peculiaridad que a éste lo efectuó un funcionario dependiente de la presidencia y designado por ella- en el caso del exsecretario Jaime, y de otros funcionarios de menor jerarquía a la de éste.
Ello sin hablar de la forma en que se ha encarado la amenaza que significa el coronavirus entre condenados a prisión y el personal carcelario, amenaza que por otra parte no puede dejar de ser enfrentada con los mecanismos adecuados. Partiendo ello de algo reconocido por una parte importante de la población -adherentes manifiestos o velados a la tesis “a los que delinquen, ni justicia institucional”- a los que aparecen negándoseles así la condición se seres humanos, de la que no se los puede privar, independientemente de la cantidad y gravedad de los delitos cometidos.
Un tema respecto al cual, que si bien -y tal como tuvimos oportunidad de señalarlo- fue en una dimensión imprecisa alimentado mediáticamente; da la impresión en la forma que se lo ha venido tratando, de añadir pólvora a una situación de por sí explosiva, como la que se vive en las cárceles. Todo ello además de la conciencia de los reclusos de la amenaza de ser contagiados por el virus, como consecuencia de su superpoblación y largas décadas de malas prácticas gubernamentales en lo que hace no solo a unas cárceles en particular, sino al sistema mismo.
Por otra parte, la decisión francamente discriminatoria de otorgar un beneficio complementario a sus remuneraciones a los empleados del Congreso de la Nación, agrega a las señales anteriores, como a tantas otras más, un nuevo factor de perturbación en el ámbito de la política.
No se trata tan solo por el hecho que, al mismo tiempo de otorgárseles a ellos ese beneficio, parece prescindirse de darles el trato justo al personal sanitario, el que pone a diario su vida al peligro de las consecuencias de ser contagiado en ocasión y con motivo de su trabajo, sino también, para mencionar otros casos a los trabajadores afectados a la recolección de residuos domiciliarios, y a los cocineros de los “comedores y merenderos” sociales, respecto a los cuales, al menos que sepamos, no se incluye en este tipo de recompensas.
Sobre todo, si se tiene en cuenta que la “burocracia parlamentaria” es reconocida por la población, como la expresión más acabada de la “burocracia parasitaria”, e indirectamente de esa forma, expoliadora de toda la población, comenzando por la más vulnerable.
Todas estas señales, tomadas aisladamente, independiente de su incuestionable torpeza, y esto en el mejor de los casos, aisladamente consideradas no son todas inadmisibles ni intolerables, aún las que puedan ser consideradas, y que en realidad lo sean una gran parte de ellas.
Pero mucho más grave que el total y cada una de esas señales, al momento en que se las considera en contraste con la salud pública política -ya que, desde el punto de vista del común, o cuando menos no es menos importante que las otras formas de salud pública, esta manera de actuar traducidas en ellas- vienen a provocar la impresión de que quienes integran el gobierno no tienen en cuenta la forma de pensar de la parte no menor de la población, que en diversos grados no les es adicta; pero a la que de cualquier manera pasan por alto a la hora de decidir y de actuar en consecuencia.
Se trata de los tópicos, respecto a los cuales esa porción de la población muestra una sensibilidad, y hasta una susceptibilidad muy grande, que es suya y hay que atender, sin que ello signifique que la totalidad de las veces haya que estar a su manera de ver las cosas.
La gravedad de lo que sucede se encuentra entonces en que el actual gobierno aparezca como tomando la decisión de prescindir de la parte de la población que no es adicta, ignorándola; salvo que dejen de serlo, es decir “de no dejarse ayudar” al menos que esa ayuda consista en decir “sí”, siempre. Ya que de esa manera el reclamo a la unidad social y al esfuerzo compartido, en ese caso no solo pierde sentido, sino que deja de tener una razón de ser.
