No se trata de los vinculados con la acusación a Felisa Miceli, ex ministra de Economía y Producción durante el gobierno kirchnerista con posterioridad a su paso por ese Banco, del que había ocupado la presidencia de su directorio en el período 2003-2005. La ex funcionaria, luego de su abrupto alejamiento del Ministerio por motivos conocidos pasó a asesorar a la Asociación de Madres de Plaza de Mayo. En tanto, en la causa en la que Miceli es procesada -y a la que acabamos de hacer referencia- es aquella en que también se la investiga por considerar que, junto con su marido aparente de ese tiempo, del que luego enviudara, habrían recibido de parte de Sergio Taselli un pago indebido del 20% del monto de la operación de la adquisición de lo que quedaba del Frigorífico Santa Elena, por parte del Banco que en ese momento Miceli presidía.
No es que ello carezca de importancia, porque la tiene, sino que la comparta con Sergio Taselli que de esa forma vuelve a la luz pública. Taselli goza de una nada edificante fama, por sus estrechas vinculaciones con funcionarios públicos, circunstancia que le facilitó la adquisición de empresas que pasaron a manos estatales. Un personaje al cual, en una nota editorial aparecida en nuestra página digital del 21 de enero de 2021, por esa circunstancia lo hayamos titulado, calificándolo como “el gran desguazador”. Haciendo sesgada referencia al hecho que él supo ser uno más, en la larga lista de quienes probaron suerte con esa empresa.
No es tampoco el caso, que no puede menos que considerarse escandaloso, que una causa que investiga hechos ocurridos hace aproximadamente veinte años, no sólo siga abierta, sino que ahora, casi retrotraída a foja cero. Se tiene la impresión, que no entra en la cabeza de nuestros jueces, esa máxima que indica que “la justicia tardía, es injusticia”.
Pero en realidad no es ése, en la ocasión y tal como lo señaláramos más arriba, el objeto de nuestra atención en este momento. Sino que lo es, la idea de lo importante que sería que alguien interesado en la historia de nuestra provincia, se abocara a la tarea de cuánto nos costó a los entrerrianos, en dinero contante y sonante, la gestión por parte del gobierno provincial de ese frigorífico desde el momento en que se hizo cargo de la misma hasta el momento en que se desprendió de ella. También de la incidencia que tuvo – si es que así habría ocurrido- el apoyo financiero que le prestaba a esa empresa el Banco de Entre Ríos, a lo que no estaría demás añadir el saber cómo quedaron las cuentas del Banco Nación, por la parte que le tocara por su intervención en ese complejo proceso de su liquidación.
Debe quedar bien claro, que nuestra inquietud no pasa por efectuar imputaciones, ni atribuir responsabilidades a personas concretas, sino poder contar con “una muestra” de hasta qué punto, la gestión de gobierno es una cosa seria, y no una suerte de juego que sirve, en el mejor de los casos, para que se entretengan algunos políticos. Ya que su quehacer consiste en una acción sistemática, la cuál debe ser a la vez eficiente y eficaz, y con objetivos claramente definidos y sopesados, de manera que no sea Juan Pueblo quien termine pagando los platos rotos.
