Lo cual es lo mismo que decir en lo que respecta a las personas, que se les debe reconocer a cada una de ellas la potestad de elegir “como quiere vivir” y poder hacerlo en la medida de sus posibilidades, con la sola limitación del derecho de los demás de hacerlo de igual manera. Y en el caso de los grupos humanos el de darse sus propias instituciones y gobernarse por ellas. Pero, hay un …pero. Es que siempre recordaremos, y por ello tener presente, el relato de un niño ingresando en la adolescencia, en cuyo transcurso se lo vio afirmar que “la verdadera independencia es la independencia económica”- Con lo cual, según lo interpretamos, dado muestras de una precoz sabiduría, quería significar que de nada vale contar con una gama de proyectos y expectativas que hacen al presente y futuro de su vida personal, de no disponer de los recursos necesarios para concretarlos.
Lo mismo que sucede en el caso de los grupos humanos institucionalizados, desde el Estado nacional hasta las administraciones municipales. No en balde cuando desde el gobierno nacional al provincial, o de éste a una municipalidad, se pretende transferir la gestión de un servicio público; el ente que lo recibe condiciona la aceptación de ese “presente griego”, a que simultáneamente se le transfieran los fondos indispensables para continuar con la prestación del servicio, sin contratiempos. Mientras tanto, en el caso de nuestro país, asistimos a una situación que viene a mostrar hasta qué punto las cosas están “patas para arriba”. Es que, al menos desde un punto de vista teórico, dejando a un lado el caso del estado nacional, cada gobierno provincial con sus recursos propios y los coparticipados, debería estar en condiciones de atender a sus necesidades y al cumplimiento de sus funciones. Y lo mismo debería suceder en el caso de cada administración municipal.
Y qué de no estar en condiciones de hacerlo no se da, en ninguna de las situaciones mencionadas, la presencia de aquello que se entiende por autonomía, por lo menos, en el sentido pleno del concepto. Algo que queda claro cuando se da el caso, por ejemplo, que el gobierno provincial vaya a proceder a poner en condiciones a edificios escolares, no con fondos propios; sino con los que con esa finalidad le envía el nacional. Y lo propio sucede con para con destinos varios lo hacen tanto el gobierno nacional con respecto a las administraciones municipales. Una situación que, sin ánimo de ofender, convierte a gobiernos provinciales y las administraciones municipales en “mendicantes seriales”, y al gobierno nacional en “apretador”, con veleidades de actuar con magnificencia.
Todo ello cuando se trata de fondos distribuidos de una manera discrecional, cómo es la circunstancia que en la mayoría de las veces se favorece “ a los amigos”, con olvido de los que se consideran no serlo. Con el añadido de no resultar extraño que muchas de esas transferencias de fondos “se queden el camino”, desviándose de su destino específico. A la vez que en lo que respecta a los subsidios que reciben las administraciones municipales - no en el caso de una obra de interés común, sino de “mejoras” que solo benefician a vecinos de una manera específica, como es el caso de pavimento o del cordón cuneta- no se busca muchas veces que los beneficiarios directos de la obra, se hagan cargo total o parcialmente de su costo, que es lo que corresponde. Ello así, partiendo de la base que un “subsidio estatal “con estas finalidades, debería ser utilizado para constituir un “fondo específico” para continuar pavimentado a extendiendo los “cordón cuneta”; alimentado con los “recuperos” – el pago de la contribución por mejoras- de las obras ya ejecutadas. Es que de otra manera existen otros vecinos que indirectamente se ven perjudicados por un trato, a todas luces discriminatorio.
