La imagen de la justicia, plasmada en la estatua de una bella mujer con un paño que cubre sus ojos y la enceguece, y que levanta una balanza en la mano de un brazo semi-extendido hacia adelante, hace tiempo que parece si no derrumbada, al menos peligrosamente amenazada.
Es que más de una vez se tiene la impresión de que se la podría representar de una mejor manera, con un solo ojo cubierto – señal de una justicia tuerta- y llevando la balanza con las pesas mal niveladas – señal de la venalidad en algunas de sus formas- de manera de poder inclinar hacia donde se quiera la balanza.
La figura que de esa manera se exhibe no resulta en nada inverosímil, si en ocasiones puede verse a la Suprema Corte de Justicia olvidando de que es la cabeza de un Poder Independiente pero con atribuciones prefijadas; sin embargo se lo observa ora legislando de una manera casi desenfadada; ora forzando la interpretación de alguna ley de manera de encubrir su inconstitucionalidad manifiesta, ora apresurando o demorando fallos en causas sensibles para el que mal llamamos gobierno, como forma de complacerlo o advertirle que con él debe contar.
De allí que no resulte extraño, que algunas mentes afiebradas quieran hacer desaparecer a la justicia como poder independiente, travistiéndola en un mal llamado “servicio de justicia”, situación en la que emergen como adelantados algunos magistrados.
De allí que no resulte extraño que quienes delinquen, en especial cuando se trata de funcionarios corruptos, por no tratarlos de ladrones, y quienes actúan del otro lado del mismo mostrador merecen parecido tratamiento, busquen cubrir sus connivencias delictivas.
Y que lo hagan en función de una descalificación de la justicia, sin que se atrevan cuando no limitarse a negar los hechos de los que se los acusa o a no dar explicación alguna que sea una defensa consistente frente a las imputaciones que se le formulan, basadas la mayor parte de las veces en una prueba abrumadora, mientras despliegan sin pausas la bandera de una pretendida y falsa persecución política.
Más allá de que los hechos hablen por si solos ahora comienza de una manera tímida, pero que no es de extrañar que cada vez adquiera más fuerza, en estos tiempos de “teléfonos pinchados”, o que así se los pinta, una denuncia que se focaliza en el denominado “lava jato”, y que denuncia conversaciones telefónicas prohibidas entre jueces y fiscales, que se muestran como un elemento capaz de desmoronar todas las causas en que ya existen condenas y otras en las se va camino a obtenerlas vinculadas todas con ese escándalo, como si los manejos de Odebrecht y otras empresas, que han llevado a que en Perú se hayan apresado a tres presidentes “amigos” de ese “grupo concentrado”, no existiesen.
No está entonces demás hacer referencia a lo que sucede en Guatemala, país en el cual se asiste a lo que en la prensa internacional se conoce como un “caso de cooptación del Estado –o sea de sus tres poderes-, por grupos que no se sabe si calificar de criminales políticos, o de políticos criminales”.
Para hacerse una idea de cuál era –y sigue siendo- la situación de ese país, se debe comenzar por destacar que la corrupción gubernamental allí, había llegado a un grado tal que en el año 2006 se creó una Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), resultado de un acuerdo firmado entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala, tras la opinión consultiva favorable de la Corte de Constitucionalidad y la aprobación del l Congreso de la República en el año 2007.
La CICIG fue establecida como un órgano independiente de carácter internacional, cuya finalidad era apoyar al Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y a otras instituciones del Estado, tanto en el caso de la investigación de los delitos cometidos por integrantes del gobierno y grupos paragubernamentales, como en general en las acciones que tiendan al desmantelamiento de estos grupos, mediante el apoyo a la investigación y persecución penal de un número limitado de casos complejos, así como mediante otras acciones dentro de su mandato, destinadas a fortalecer a las instituciones del sector Justicia para que puedan continuar enfrentando a estos grupos ilegales en el futuro.
Fue así como la CCIG, durante su investigación y al hacer un ordenamiento minucioso de la documentación incautada físicamente, así como en dispositivos electrónicos, se encontró con un inmenso esquema financiero, aparentemente inconexo, que incluía nombres, empresas, cheques, bienes, movimientos financieros etc., el cual reportaba operaciones incluso desde el año 2008. A partir del trabajo de investigadores financieros se develó un complejo esquema que detallaba toda una maquinaria de lavado de activos meticulosamente diseñada para captar fondos durante la campaña electoral que llevó al Partido Patriota al poder en 2011, y seguía funcionando durante el ejercicio de gobierno (2012-2015). Esto llevó a la conclusión que no se trataba de un Gobierno cuyos miembros cometían actos aislados de corrupción, sino una estructura criminal mafiosa que había cooptado el poder por la vía electoral en Guatemala y cuyos principales integrantes eran sucesivos presidentes.
Así, varias instituciones claves del Estado fueron cooptadas por la red mafiosa que utilizó un esquema financiero con apariencia de legalidad y cuyo fin era el enriquecimiento ilícito de los miembros de la estructura.
El final de la historia no es feliz. Es que según las fuentes consultadas el comisionado a cargo para el período 2014-2019 era el fiscal colombiano Iván Velásquez Gómez que por este trabajo fue galardonado con Premio Right Livelihood del año 2018.
El 7 de enero de 2019, el acuerdo entre la ONU y Guatemala fue unilateralmente finalizado por el presidente Jimmy Morales, aludiendo a la participación de la CICIG en actos ilegales, abuso de poder y actos en contra de la constitución del país. La ONU rechazó y condenó este proceder, a la vez que la corte legal más alta del país se pronunciaba en contra de la decisión de Morales.
Éste está apoyado por la élite empresarial del país, por lo que se desencadenó una crisis institucional, debido al conflicto entre el gobierno y la Corte de Constitucionalidad. Y en la actualidad, mientras Morales sigue siendo investigado por la justicia, se acaban de celebrar elecciones presidenciales – de las que fue excluida una ex Fiscal anticorrupción que se había presentado como candidata, con grandes posibilidades de éxito - y que ha dado lugar a una segunda vuelta, en la que se señala que cualquiera que sea el triunfador “la continuidad” queda asegurada.
Mientras tanto, los guatemaltecos siguen incorporándose a las caravanas de migrantes, en dirección a la frontera sur de los Estados Unidos.
