Una respuesta, la reclamada, que no es estrictamente tal, más allá del daño que pudo haber sufrido en su momento la nombrada en su condición de víctima, si se atiende a la circunstancia que por reparación se define a la acción o efecto de restituir a su condición normal y anterior a lo dañado. Algo que resulta imposible en este caso, en el que se debería, como en tantos otros semejantes, en lo que el principal reclamo posible -por no decir el único- es una “compensación” de carácter pecuniario.
No es ese el caso de las denominadas “reparaciones históricas” -en el que muchas veces se hace presente la distorsión del concepto, dándose al mismo un sentido estrictamente pecuniario-, en el cual el objetivo principal reside en establecer la verdad, y hacer justicia en relación a crímenes, en los que tanto los autores como las víctimas son de carácter colectivo.
Es por eso que no deja de llamar la atención, por su extrañeza, un proyecto de ley presentado ante la Legislatura entrerriana por una diputada integrante de la misma, reclamando una “reparación histórica” a la ciudad de Santa Elena por el daño terrorífico que le provocó el cierre de la planta frigorífica existente en esa ciudad. Cierre de puertas, el cual en forma definitiva se produjo en 1993, y como consecuencia quedaron sin trabajo más de 2.200 personas. Se trataba entonces, Santa Elena, de lo que cabría llamar una “ciudad factoría”, dado que su actividad económica, y hasta cabría decir su vida, giraba en torno a esa planta industrial. Como consecuencia de ese cierre, producto a su vez de la quiebra de la última empresa que la gestionó, esa localidad sufrió la “expulsión” de 6.000 de sus habitantes, quedando su población reducida a 18.000 vecinos, de los cuales se estima en 13.000 los que viven de planes sociales.
De donde es evidente el drama humano que allí se vivió, y aún se vive, como consecuencia de esa circunstancia verdaderamente trágica. De cuya dimensión no puede considerarse como un paralelo -más allá de la gravedad de los daños, que también fueron su consecuencia- el caso de la planta cárnica que en su momento de mayor auge gestionó la empresa Liebig, y de la que ahora solo restan sus edificaciones industriales vacías, y el nombre aplicado a la localidad en que aquella tenía levantada su planta, que como se sabe es conocida actualmente como Pueblo Liebig.
Volviendo al proyecto referido, las intenciones de la legisladora al elaborarlo, no puede dudarse son las mejores. Lo que resulta en tanto harto problemático es que las mismas se vuelvan realidad. Aunque en su caso, paradójicamente, la de “reparación histórica” es una forma correcta de utilizar la expresión, en la medida en que sería la misma materialmente posible, aunque no podemos dejar de expresar nuestras dudas, acerca de que ello fuera económicamente viable.
Por lo demás, no puede dejar de advertirse que la viabilidad de esa empresa ya no era sustentable, desde por lo menos el final de la década del ‘70 del siglo pasado; que el gobierno provincial, a lo largo de sucesivas administraciones, hizo un esfuerzo verdaderamente ciclópeo para sostener esa planta en funcionamiento, que resultó ruinoso para sus finanzas; y que en puridad con el paso de los años, convertidos en décadas, debe ser escaso el número de pobladores actuales que hayan trabajado o siquiera ver funcionando esa planta.
Todas circunstancias que juegan en contra de una iniciativa como la que nos ocupa. Refiriéndose a la cual, cabría entonces, más que hablar de “reparación”, o de “reconstrucción”, hacerlo de una “refundación”. Haciéndose presente entonces un nuevo obstáculo, ya que en ese sentido su situación no es diferente a la que se vive en muchos lugares de la provincia, la cual lamentablemente puede exhibir en la actualidad un número reducido de “polos emergentes”.
Lo que lleva a concluir que es en realidad la provincia toda la que exige aquello que se ha mentado como una reparación histórica, y de la cual somos deudores todos los entrerrianos, comenzando por nuestro gobierno.
