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Luis D'Elia
Luis D'Elia
Luis D'Elia
Si no causaron en un primer momento la conmoción que justificaban sus palabras, fue por los antecedentes no solo de prontuario, sino de todo tipo, que tiene el activista "todoterreno" Luis D’Elía. Es que se trataba de palabras que, de haber sido pronunciadas por una persona dotada del respeto prestigioso que otorga la autoridad moral, otro hubiera sido el cantar.

Ello no quita la gravedad de diverso alcance, ya que trasciende lo institucional, que reviste el haber convocado a una marcha para el próximo 1 de febrero a las 6 de la tarde, precisamente el día en que se inicia el “año judicial” luego de la feria tradicional del mes de enero, con el objetivo de dar el primer paso –aunque eso no es exactamente lo que dicen sus palabras, que suenan más contundentes- encaminado a "echar" a todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia, a quienes no se privó de llamarlos "miserables".

Para que no quedaran dudas acerca de sus intenciones, añadió que “el final del lawfare en la Argentina se tiene que terminar con el pueblo en la calle, y (con) …que echemos a patadas a esta Corte miserable", aunque enseguida aclaró que retiraba "lo de patadas porque nadie quiere violencia". La arenga machacó acerca de la consigna "Todos a la Corte Suprema a ponerle fin a esta Corte Suprema miserable", la que complementó señalando cuál es la metodología necesaria para hacerlo, la que no es otra que “hay que terminar con esta Corte Suprema, hay que echarlos con miles y miles de personas en la calle".

Como no podía ser de otra manera, en esa muestra de verborragia llena de apóstrofes, se terminó enredando y contradiciéndose, ya que luego de insistir en que “estamos hartos de ser perseguidos y manoseados" y preguntarse acerca de “qué es esto que al poder judicial solo lo pueden controlar los abogados”, concretó su postura al pedir al Gobierno "ampliar la Corte" y "aumentar el control popular" sobre el máximo tribunal. De donde no queda nada claro qué necesidad hay de “ampliar la Corte” si los integrantes actuales serán “echados”, más temprano que tarde, a los empujones. Sin dejar de señalar que el control del Poder Judicial no lo ejercen “los abogados”, ya que está en manos del Congreso, a través del juicio político a los miembros de la Corte y del Consejo de la Magistratura, en el caso de los jueces.

A la vez, es una pena que nuestro desorbitado personaje, no avance más en dejar sentado en qué consiste ese “aumento del control popular” de la justicia, ya que teniendo en cuenta el principal propósito de convocatoria, bien podría suponerse que al mencionar al “pueblo”, lo asimila a una “turbamulta”, como la que en un momento, encolumnada detrás suyo, le permitió adueñarse de una comisaría, o a esa otra que, en ocasión de una marcha de reclamo de productores agropecuarios a la Casa Rosada, participando él en una “contramarcha”, trompeó en un gesto patotero, lesionando a un dirigente ruralista.

Hechos ambos por los que fue llevado a los estrados judiciales, resultó condenado y por uno de ellos tuvo que cumplir una pena de prisión, la que terminó convertida en “domiciliaria”.

Pero si lo relatado hasta aquí es por sí gravísimo, como ataque no solo a una institución de la República, sino a la convivencia pacífica, aunque no se la pudiera calificar de armoniosa, es más grave aún, el apoyo que encontraron en el viceministro de Justicia Juan Martín Mena. Fue cuando en declaraciones radiales, el mismo manifestó que "me parece bien, toda expresión popular directa de la gente, siempre la avalo. Y me parece sano y necesario que la gente se pronuncie y manifieste su opinión". Ya que, “siempre estoy a favor de la manifestación popular de la gente, cuando sin intermediarios le dice a los poderes hegemónicos su opinión y límites, porque estamos llegando a límites que el gobierno de Mauricio Macri superó, barriendo con todo en materia de manipulación política, judicial y protección del poder mediático".

Enunciados cuya gravedad se vuelve mayor, no por revestir el nombrado su condición de alto funcionario, sino por cuanto se lo considera uno de los “alfiles” de la actual vicepresidenta de la Nación. Es así como fuentes solventes lo señalan como el “auténtico hombre fuerte de la cartera de la calle Sarmiento, es la persona de mayor confianza de Cristina Kirchner en materia de estrategia judicial. Asesor de la Subsecretaría de Política Criminal desde 2005; subsecretario de Política Criminal en 2009 y jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia al año siguiente. Más tarde se convirtió en Subsecretario de Política Criminal, un cargo clave dentro del organigrama del Ministerio de Justicia.

Se puede avanzar más allá, trayendo al presente circunstancias que forman parte de nuestra memoria colectiva. Tal el caso del agravio que significó, no a Mauricio Macri, sino al ritual que debe acompañar la institución presidencial -y no solo eso, sino también a ella misma- la ausencia de la actual vicepresidenta, entonces presidente saliente, en la ceremonia que debió ser no solo de “asunción” sino de “trasmisión del cargo, por quien lo ocupaba a quien lo venía a ocupar en su lugar.

O también las toneladas de piedra que “el pueblo”- con participación de diputados en ese momento opositores, que intermitentemente se sumaban a la pedrea, arrojándolas como el que más, en cortos intervalos en los que dejaban su banca en un ir y venir entre ella y la multitud que sitiaba el edificio del Congreso en ocasión de discutirse una reforma en el régimen jubilatorio, que la actual gestión derogó, para sustituirla por otra que viene a convertir a los jubilados y pensionados en la “principal variable de ajuste” de la actual administración. Fue cuando estuvimos en un tris de protagonizar una suerte de anticipo al asalto al Capitolio de Washington por parte de “hordas trumpistas”, el día de la asunción del actual presidente Biden a su cargo.

Un presidente ninguneado por su predecesora en el cargo. Un edificio del Congreso apedreado, mientras era acompañado por el fuego esporádico de una pieza de artillería de confección casera. Una Suprema Corte a la que se pretende “sacar a patadas” de sus simbólicos asientos.

¿Es consciente la dirigencia oficialista, del valor simbólico que estos actos, sobre todo en su trasfondo gestual, así reunidos tienen y pueden interpretarse como un avance en dirección a la conversión de la coalición que nos gobierna, en una facción “antisistema”, desnaturalizando nuestro régimen constitucional?

Es que pareciera que se continúa jugando con fuego, sin que en lo alto del poder no haya nadie con capacidad y determinación para sofrenar tantas expresiones de locura. Una situación de la cual la oposición al gobierno parece, al menos por momentos, no tomar cabal conciencia, enredada como se la ve, en tantas ocasiones, en cuestiones que, ante ese diagnóstico, no parecen otra cosa que egoístas miserias.

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