Atención

Esta imágen puede herir
su sensibilidad

Ver foto

Compartir imagen

Agrandar imagen
El fuerte apretón de cinturón que se avecina para nuestros jubilados, independientemente de las distintas perspectivas en las que puede ser evaluado, presenta un aspecto positivo. Cuál es que la decisión gubernamental a que hacemos referencia, debería llevarnos a la comprensión de la gravedad del momento que estamos atravesando, a lo que agregamos -algo que sería doblemente importante- la convicción internalizada de que esta vez, “la cosa va en serio”. Algo que pudo en el pasado ser diagnosticado, una y otra vez, pero que luego del primer sofocón, repetidamente volvimos a las andadas.

Si hasta se da en momentos la pregunta de si, en relación al menos a un segmento de nuestros jubilados, “no se le ha ido un poco la mano” en eso del “esfuerzo solidario”, calificación que no faltará quien considere que no significa otra cosa que convertir a nuestros jubilados “en la principal variable de ajuste” para enfrentar la crisis.

Sin entrar a terciar en lo que fácilmente puede transformarse en polémica, lo que sí consideramos importante es destacar que para que el esfuerzo se considere solidario de verdad, debe partirse de la base que el mismo debe ser compartido de una manera generalizada y equitativa.

A lo que agregaríamos otro factor positivo que tiene su reclamo. Es que indudablemente, contándose entre sus ingredientes indispensables en lo que al ámbito público respecta “quitas”, al menos en algunas categorías de las remuneraciones del sector público, y “congelamiento” al menos por un año de las nuevas así establecidas; si se tienen en cuenta los niveles de inflación que soportamos y los que seguiremos soportando, aún el caso tanto esperado como deseable de una tasa de inflación mensual en paulatino descenso, transcurrido ese período nos encontraríamos que habríamos avanzado en una significativa medida, en lo que en materia de reestructuración administrativa respecta.

En tanto, como en esta columna buscamos centrarnos en cuestiones que atañen a nuestra comarca, se vuelve ineludible la referencia a las remuneraciones de quienes ocupan cargos electivos, y a la de los funcionarios denominados “políticos” que los acompañan.

Es por eso que nuestra idea pasa por lo difícil, por no decir por lo casi imposible, cual es la de que esta categoría de integrantes de la administración, tomen la costosa decisión de reducir el monto de sus emolumentos y que los mismos queden así congelados, por el tiempo más arriba indicado.

Y en el caso de los concejales, insistiendo en nuestra permanente prédica, que por un acto de desprendimiento de enorme trascendencia, procedan a convertir a su cargo, a uno que signifique la ausencia de remuneración alguna por el desempeño de su función.

Es que de esa manera, algo que es sobre todo un deber cívico, adquiriría nuevamente esa condición que lo asimila al encomiable voluntariado que desde distintas asociaciones y organizaciones ponen su esfuerzo solidario en beneficio de nuestras comunidades.

¿A qué apostamos?
Fuente: El Entre Ríos (edición impresa)

Enviá tu comentario