Nadie se convierte en apenas un mes en miembro privilegiado de una organización narco, a quien se le confía el transporte de 20 kilos de cocaína, que valen una verdadera fortuna.
Es evidente que el del 13 de mayo de 2014 no fue su primer bolso con drogas.
"¿Cuántas veces pudo haber utilizado el auto oficial para traficar?", se preguntó Daniel Enz, el periodista que sacó a la luz el escándalo. No es un interrogante más.
Con los autos del gobierno de Entre Ríos, Acosta hacía y deshacía a su antojo. Al punto tal que no todas las veces lo guardaba en el garaje oficial sino que se lo llevaba a su casa.
Consultada por elentrerios.com, una fuente confiable reconoció a Acosta, que en una foto publicada por Análisis tiene en sus manos un dorado pescado en inmediaciones de la Represa de Salto Grande, como uno de los choferes a los que vio, años atrás, arribar y partir desde la casa del gobernador en Concordia, conduciendo un Chevrolet Cruze de color azul.
La misma fuente trajo a colación otro dato: un conocido narcotraficante de Rosario, alojado en una cárcel de Entre Ríos, se habría jactado ante otros internos de haber empleado un auto de la gobernación entrerriana para cruzar el Túnel Subfluvial cuando aún estaba prófugo de la Justicia. Hasta el jueves último, nadie le había creído.
Al ser apresado por la Policía Federal, Acosta llevaba la droga en el mismo Peugeot 307 en el que fue visto Gonzalo Caudana, uno de los jefes del narcotráfico en Paraná.
En un reportaje que concedió a un medio porteño, Enz relató otro hecho gravísimo: "hace no más de un mes, hubo una tarea con perros especializados para hallar drogas. Revisaron varios de los autos oficiales que utiliza el propio gobernador, un día domingo. Utilizaron un perro no oficial, preparado por un comisario pero no oficial, previendo que no se encuentren con alguna sorpresa en otros automóviles".
¿Acosta es el único narco infiltrado en la Secretaría Privada del gobernador, un organismo de estrechísima relación con el mandatario? ¿Sergio Cornejo, asistente de extrema confianza de Sergio Urribarri, nada sabía de que su amigo Acosta traficaba drogas? ¿No advirtió nada extraño en sus conductas? ¿Cornejo seguirá en su cargo como si nada hubiera pasado?
Todos estos interrogantes, que es de estricta lógica plantear, ¿darán lugar a una investigación a fondo de la justicia en Entre Ríos?
En el plano de las responsabilidades políticas, los tres meses de ocultamiento resultan tan graves como la mismísima detención del chofer. Si no más.
Otra habría sido la historia si el 14 de mayo el gobierno entrerriano hubiese tomado la iniciativa de emitir un escueto comunicado dando a conocer que un chofer de la provincia había sido detenido en un operativo antinarcóticos del gobierno nacional, lamentando que el implicado se haya apartado de las leyes y de la ética, felicitando el accionar de la Justicia Federal y poniéndose a disposición por si hiciera falta aportar más información que contribuya a esclarecer el caso.
Obvio, el revuelo habría sido considerable. Pero ese simple gesto de transparencia informativa le habría ahorrado a la gestión Urribarri muchas de las suspicacias que hoy dominan la escena, y su legión de medios obsecuentes se habría movido con mayor comodidad sin hacer el ridículo.
Hay que ser un periodista muerto en vida más que un periodista militante para destacar a todo ancho de portada que apresaron en Concordia al supuesto asesino de un ciclista porteño y omitir la detención de un chofer de la Secretaría Privada de la Gobernación de Entre Ríos con 20 kilogramos de cocaína. No hay ley de medios que pueda justificar semejante suicidio periodístico.
Callar ante la infiltración del narcotráfico ni más ni menos que en la Secretaría Privada del Gobernador implica muchísimo más que ser oficialista o militante. Es hacerse cómplice de los mercaderes de la muerte.
Porque lo que está en juego acá es mil veces más relevante que el "sueño entrerriano" de un dirigente, los cálculos electorales con vistas al 2015 o la pauta oficial en algún medio. Se trata de la utilización de áreas estratégicas del Estado para esparcir la pesadilla de las adicciones entre nuestros niños, adolescentes y jóvenes.
La detención del narco chofer no es el primer indicio del avance narco en Entre Ríos, aunque tal vez sea el más grave. No hace mucho, Rubén Bonelli, Delegado de Derechos Humanos en Concordia, denunciaba "zonas liberadas para la venta. (...) estamos en presencia de una especie de connivencia entre personas que se dedican a la venta de esta mercancía ilegal y los sectores del Estado", decía.
Como si se tratase de una premonición, se preguntó: "¿Qué es lo que hacen normalmente los que son cuadros intermedios del narcotráfico? No van a ir a militar en el socialismo. Van a ir a militar en los partidos mayoritarios, porque eso da cobertura, porque yo al conocer al dirigente tengo cierto plafón".
Más que de "cierto plafón", gracias a Marcelo Alejandro Acosta los narcos se adueñaron de una estratégica plataforma, que les facilitó transitar por donde sea, con el salvoconducto de la chapa oficial.
Resta saber si el tumor afectó sólo a la Secretaría Privada de Urribarri o si hizo metástasis en otras áreas claves del Gobierno.
Porque si ya de por sí es grave un narco chofer oficial, lo sería mucho más que la provincia se convirtiera en un narco Estado.
