Cuando hace un par de semanas se supo que el índice de pobreza había trepado a 40,9% durante el primer semestre de 2020, el presidente Fernández se refirió a tan preocupante cifra arguyendo que “sería peor si el Estado no hubiera auxiliado en la pandemia”. ¿Peor que qué?, cabe preguntar. La alternativa es una construcción teórica incontrastable.
El rol del Estado puede haber morigerado la evolución de algunos índices durante la pandemia, pero también es obvio que sin el encierro absurdo que se impuso no estaríamos en una situación tan endeble, económica y sanitaria, como la actual. Y aunque el Estado pueda rezagar algunos daños en ocasión de la emergencia, cuando la emergencia es permanente su auxilio acaba por empeorar las cosas. El Estado no crea riqueza que se pueda distribuir, sino que al crecer la destruye con sus impuestos. En nuestro caso, hace 15 años que buscamos rezagar el equilibrio económico a partir del cual crecer.
El creciente peso estatal impuesto a la economía nos encuentra hoy con un nivel de actividad estancado, los mayores niveles de pobreza y desempleo en estos 15 años, y con más del doble de barrios populares que en el año 2000. Tanto Estado creó una crisis social estructural, en que la movilidad social sólo es descendente: quien se hace pobre ya no puede dejar de serlo. Insistir con las mismas recetas indica una gran ceguera para ver la crisis social, o una cínica conveniencia política que emerge del aumento de la pobreza.
Argentina entró en la pandemia con una economía frágil, que cargaba con esos 15 años a cuestas. Pero tenía unos pocos puntos a favor: su escasa interacción comercial con el mundo, el hecho de que su principal producto de exportación, los alimentos, gozan de una demanda inelástica, y las tasas de interés bajísimas en el mundo. Sin embargo, con poca visión y mala gestión, el Gobierno decidió seguir una política sanitaria propia de una economía rica, sin contar con más recursos para sostenerla que la facultad de emitir moneda desde el Banco Central.
Las consecuencias del encierro y el costo fiscal que importó tal decisión se vieron con claridad esta semana. El gasto público trepó en septiembre 72% contra un año atrás; los ingresos fiscales apenas crecieron 34%. Casi toda la diferencia negativa, o déficit fiscal, se financió con emisión. Este año, el balance del Banco Central se duplicó. El futuro luce similar, pues para 2021 el Presupuesto proyecta un déficit primario de 4,5% del PBI, del cual más o menos la mitad se financiaría con emisión.
De tanta emisión de pesos derivan dos consecuencias. La primera de ellas son presiones al alza de la inflación, que hoy están reprimidas por la cuarentena y los congelamientos de precios y tarifas. Pero desde hace un par de meses la inflación ha comenzado a subir. Las expectativas para 2021 son divergentes: el Presupuesto pronostica 29%; el mercado, 50%. Sabrá el lector elegir cuál proyección le resulta más creíble.
La segunda consecuencia es la brecha cambiaria, cuya naturaleza el Gobierno no parece entender. Aferrado al axioma de “no devaluar” concentra esfuerzos en reprimir la demanda de dólares con controles a la importación, al pago de deudas de las empresas y a la compra privada para atesoramiento. Estos esfuerzos ignoran la clave del problema: no faltan dólares, sino que sobran pesos, esos mismos que emite a mansalva para financiar el déficit fiscal.
Que la gente corra en busca de protección indica que no hay confianza en la gestión. Que Guzmán diga en un encuentro con empresarios que “la política fiscal es el ancla para la política económica”, y que “buscamos que no haya financiamiento sistemático del BCRA al Tesoro” no genera confianza, sino que despierta dudas sobre su capacidad para separar la teoría de la realidad. Su proyecto de Presupuesto supone una gradualidad en el proceso de ajuste de desequilibrios para los cuales no queda más tiempo disponible.
La pérdida del norte económico llevó el jueves a que dos comités de bonistas emitieran un duro comunicado conjunto criticando la falta de un plan. Se entiende: en el mercado, los bonos argentinos se transan a precios similares a los de cuando estaban en default, lo que en cierta forma significa que el acuerdo por la deuda que logró Guzmán no resolvió el problema de fondo de la deuda. Entre los bajos precios de los bonos y el alto precio del dólar paralelo, el viernes se comenzaba a rumorear que los días de Guzmán al frente del Ministerio están contados.
De todas formas, no bastará con la salida de Guzmán para salir de la crisis. No, al menos, si la sensación del mercado sigue siendo que las decisiones económicas dependen de la Vicepresidente, el mayor obstáculo para restaurar la confianza. Tampoco, si la sensación del mercado sigue siendo que el Gobierno ´piensa que la solución a los problemas es tener más estado. Es probable que resolver la crisis económica demande antes una grave crisis política.
