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Este año, en el mes de septiembre se realizará en una mayoría de los países del mundo, un estudio en el área de la educación conocido como “pruebas PISA”, con la que se lleva a cabo una evaluación a jóvenes de 15 años en conocimientos Lengua, Matemáticas y Ciencias.

Esa evaluación también se efectuará en nuestro país, y en el caso concreto de nuestra provincia participarán alumnos de esa edad en trece escuelas ubicadas en los departamentos Concordia, Federal, Feliciano, Gualeguaychú, La Paz, Paraná, Tala, Uruguay y Villaguay.

Para que se tenga una real comprensión del contexto en que se inscribe esa evaluación, como de sus características y objetivo, resulta adecuado efectuar una serie de señalamientos.

Corresponde así, comenzar por indicar, que ese estudio es promovido por la relevante Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Se trata de un organismo de cooperación internacional compuesto por 38 estados, fundado en 1961 con sede en París.

Y de la que nuestro país no es todavía miembro, aunque su incorporación al mismo viene fatigosamente tratando de conseguir, sin perjuicio de su vinculación con él a través de diversas acciones.

Su razón de ser, aparte de coordinar las políticas económicas y sociales de sus países miembros, se vuelve más ambicioso, cuando la misma OCDE señala como su misión es la de “diseñar mejores políticas para una vida mejor. Nuestro objetivo es promover políticas que favorezcan la prosperidad, la igualdad, las oportunidades y el bienestar para todas las personas”.

Una de las acciones que lleva a cabo para cumplir esa meta, reside en proporcionar datos comparables que posibiliten a los gobiernos de sus países miembros - y otros que se sumen a ellos en programas específicos- contar con información comparativa en diversos ámbitos de cada uno.

Y esa es precisamente la razón de ser –entre otras- de su Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes o Informe PISA (por sus siglas en inglés: Programme for International Student Assessment).

Corresponde aclarar al respecto que el indicado Informe PISA se realiza por encargo de los gobiernos y sus instituciones educativas; que debe llevarse a cabo regularmente, cada 3 años; que examina a estudiantes de 15 años y no de un nivel escolar específico; que no evalúa materias escolares, sino que revisa las tres áreas de competencias: lectura, matemáticas y ciencias naturales, con pruebas diseñadas para ser independientes del currículum (y así poder comparar diversos países).

De donde cabe concluir que PISA no analiza los programas escolares nacionales, sino que revisa los conocimientos, las aptitudes y las competencias que son relevantes para el bienestar personal, social y económico. Esa es la razón por la cual no se mide el conocimiento escolar como tal, sino la capacidad de los estudiantes de poder entender y resolver problemas auténticos a partir de la aplicación de conocimientos de cada una de sus áreas que PISA considera principales. De donde la finalidad de esa evaluación no es sólo describir la situación de la educación escolar en los países, sino también promover su mejora.

Para la implementación de la prueba, se organizaron en nuestro país jornadas de capacitación para los distintos actores participantes. Es así como al menos en el caso concreto de nuestra provincia, y tal como se informara oportunamente, se llevó a cabo un encuentro virtual con directores de Educación Secundaria Jurisdiccionales y Unidades de Evaluación Jurisdiccionales, el cual tuvo como fin generar instancias de sensibilización y familiarización de la prueba y sus herramientas.

Hasta aquí nada que decir. Pero es que la información sigue señalando, luego de la mención de diversas funciones y tareas encomendadas a quienes ocupan diversos lugares en la jerarquía del servicio educativo, en relación a los aprestos que se deben hacer ante las inminente pruebas Pisa.

En tanto, el coordinador escolar será el responsable de la coordinación de las acciones para el trabajo con estudiantes, planificación y supervisión de la propuesta de acompañamiento en la escuela; de la supervisión de la tarea del docente PISA incluyendo la organización de acciones y puesta en marcha en su escuela.

Por su parte, el docente PISA se encargará de la capacitación frente a estudiantes de las herramientas y contenidos para la evaluación; del trabajo con estudiantes en la apropiación de herramientas digitales y acercamiento al modelo evaluativo con ítems liberados; de la articulación con docentes curriculares de la escuela para el fortalecimiento de contenidos (Matemáticas, Lengua y Ciencias Naturales).

Por otro lado, se ocupará de reportar al coordinador escolar y elaborará informes sobre los avances y desafíos del proceso de apropiación por parte de las y los estudiantes para el monitoreo de las acciones.

Todo lo cual nos lleva a considerar válida una pregunta encaminada a dejar establecido si no nos encontramos ante “un entrenamiento especial” sólo acotado a los alumnos participantes en la evaluación que nos ocupa, o si el mismo incluye a todos los alumnos de nuestra provincia.

Un interrogante que nos lleva, por su parte, a preguntarnos acerca del porqué -de no ser así- una acción de este tipo no se ha extendido a esa totalidad. Sobre todo, cuando la evaluación a someter a los mismos más que a un “examen de contenidos incorporados por los evaluados”, está referido a la “comprensión de textos” y a “la solución de problemas”, prácticas ambas que constituyen un ingrediente fundamental de cualquier proceso educativo.

De donde cabe la formulación de otra pregunta, teniendo en cuenta el más que mediocre resultado de nuestro país, en ediciones anteriores, cual es si en este caso asistiríamos a no otra cosa que a “un entrenamiento” especial y acotado, que podría llegar inclusive a significar el falseamiento de los resultados de la evaluación.

No afirmamos que así ocurra, pero lo que acontece es que, entre nosotros, cualquier cosa puede pasar. No se dio acaso el hecho de haber falseado en una oportunidad no muy lejana, los índices del producto bruto interno nacional, con el objeto de menguar el importe a abonar a tenedores de bonos de nuestra deuda pública.

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