Brasil no es la excepción. El 15 de marzo se llevará a cabo una manifestación convocada por los aliados y seguidores de Jair Bolsonaro, en donde las temáticas que primarían son las críticas frente al establishment, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el apoyo a las Fuerzas Armadas. Más allá del contenido de la protesta, lo que causó revuelo durante toda la semana anterior en Brasil fue que supuestamente el presidente compartió a través de WhatsApp el video que convoca a los ciudadanos a sumarse a la misma. La polémica se debe al lugar que ocupa esa red social en la propaganda del oficialismo y a la responsabilidad que tiene Bolsonaro como líder del Poder Ejecutivo.
En primer lugar, está la idea de que esta acción es la continuación de las llamadas “campañas de desinformación” que lo llevaron a la presidencia en 2018, en las cuales parecía que se difamaba o se criticaba a los contrincantes y donde se expresaban las propuestas de su partido. Siendo WhatsApp la red social más utilizada en Brasil (aproximadamente el 70% de los votantes en 2018 eran usuarios de esta red social, según el Instituto de Datafolha), el actual presidente y su equipo de campaña avistaron una oportunidad para lograr renombre y conseguir votos cuando, a la vez, era fuertemente criticado por los grandes medios de comunicación.
Por otro lado, se entiende que hoy Bolsonaro, ya desligado del PSL (Partido Social Liberal, con el cual se había postulado para ser presidente), está muy lejos de tener mayorías en ambas cámaras del Congreso. Su carácter conflictivo hace que le sea muy difícil formar alianzas o llegar a un acuerdo con diferentes estructuras políticas para avanzar con algunos de los proyectos que tienen en mente, tanto él como su ministro de Economía, Paulo Guedes. Brasil es de los pocos países, junto a la Argentina, en donde las políticas públicas se pueden enfrentar a cuatro “jugadores de veto” (Poder Ejecutivo, ambas cámaras del Poder Legislativo y los gobernadores), que básicamente serían actores con amplias facultades para bloquear o agilizar los proyectos. Estos tienen mayor o menor relevancia dependiendo de qué color político prima en cada instancia. Aquí es donde el presidente entra en un dilema, que se ve reflejado en sus acciones: confrontar con el Poder Legislativo y, por ende, el Poder Judicial (que se puede ver amenazado si prevalece el Poder Ejecutivo en la lucha) o tratar de prevalecer sin cuestionar el funcionamiento de las instituciones. Las reacciones frente a lo ocurrido muestran que si bien Bolsonaro apoya la manifestación, al igual que su vice Mourão, se desliga del hecho de haber compartido el video. Como dicen algunos especialistas en derecho de dicho país, el presidente no es un hombre común y no debe poder adherir a un mensaje antirrepublicano que desestima la independencia o la relevancia de los demás poderes. Bolsonaro tiene en mente esta crítica y por eso salió a tratar de calmar las aguas, hablando con los líderes de las cámaras y saliendo a desmentir las acusaciones en sus redes sociales, sabiendo que en una democracia es muy difícil gestionar si se pierde el diálogo con los demás poderes.
Estas cuestiones llevan al público a pensar si se seguirá incentivando de alguna forma u otra al pueblo para que las protestas tengan una trascendencia significativa. En tal caso, lo importante es seguir atentamente los acontecimientos y esperar a ver cuál camino tomará el líder del Poder Ejecutivo. Sí estará en condiciones de poner presión al Congreso, apelando a un discurso más populista y a la vez diciendo que si las multitudes lo apoyan sus medidas deberían ser aprobadas, o si el costo de ello es muy alto y tendrá que lidiar con cada uno de los opositores para que las demás instancias de poder no provoquen una parálisis de la gestión política.
