Menos claro es por qué, pese a ser tan evidente que no acordar nos encaminaba hacia el desastre, y pese a conocer con gran antelación las fechas de vencimiento que nos aguardaban, debimos llegar con la lengua afuera a este preacuerdo. En general, los argumentos para las demoras se han enfocado en las desavenencias entre las facciones más conservadoras y las más radicales del Frente de Todos. Para simplificar: entre Alberto y Cristina. Pero no puede librarse de culpa al ministro Guzmán.
¿Es imposible suponer que, conocedor de las reglas de las negociaciones con el FMI, haya jugado como un “teléfono descompuesto” entre el organismo, Alberto y Cristina, contándole a cada uno sólo partes elegidas de lo que los otros decían? La cuestión es que tuvo que llegar una fecha clave, el vencimiento del viernes, para que dejara de procrastinar. Guzmán llegó a su cargo con el sello de “experto en reestructuraciones de deuda”, cerró con los bonistas un acuerdo que el tiempo ha demostrado que es insostenible y demoró las negociaciones con el FMI hasta el límite. Está claro que con firmar un Acuerdo no es suficiente para el Acuerdo funcione.
El preacuerdo que anunciaron Fernández, Manzur y Guzmán el viernes se parece a otros acuerdos que el FMI cerró con sus deudores. No les dimos una lección. Los números lo demuestran: debemos bajar el déficit más o menos 1 punto porcentual por año hasta 2025, debemos achicar el financiamiento monetario del déficit hasta 1% del PBI, debemos aumentar las tasas de interés hasta que sean positivas en términos reales, y debemos acumular US$ 5.000 millones de reservas por año.
Tampoco es distinta la mecánica del programa. Esta no es una reestructuración similar a la de un bono, que estira plazos y otorga años de gracia. Acá se mantienen los plazos y, si se cumplen las metas, el FMI desembolsa el monto necesario para hacer frente a cada vencimiento del stand-by de Macri. Si no superáramos las revisiones trimestrales, los plazos originales se mantendrían, y el temor al default regresaría.
Además, es probable que, aunque Guzmán haya dicho en su presentación que acá “se mantendrán los derechos de nuestros jubilados y jubiladas, no habrá ninguna reforma laboral, y no habrá privatizaciones”, ello también haya sido una media verdad. En la primera línea de la descripción de un Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF, por sus siglas en inglés), en la página del FMI, dice que un país que accede al programa “se compromete a aplicar políticas orientadas a superar los problemas económicos y estructurales”. No hubo ningún EFF que no las incluyera.Apenas podemos suponer que, como dijo Guzmán, no habrá reforma laboral.
El Ministro endulzó el acuerdo alcanzado con conceptos difusos y frases (los malpensados dirían “sarasa”) que hicieron que el programa no se parezca tanto a su esencia de acuerdo con el FMI, bajo las reglas del FMI.
Es cierto que hay concesiones. Entre ellas, la devolución de los DEGs utilizados para pagar los vencimientos que ocurrieron entre septiembre pasado y este viernes. Por otra parte, el sendero fiscal es menos ajustado que el que pedía el FMI, aunque más que lo que pretendía el Gobierno.Entre 2022 y 2023, año de elecciones, habrá que encarar una reducción del déficit de 1.6 puntos porcentuales. Es una meta económica difícil, y una meta políticamás difícil aún.
Cuando el preacuerdo se convierta en Acuerdo, deberá ser refrendado por el Directorio del FMI y por el Congreso. ¿Qué hará la oposición? Es evidente que una parte no menor de los compromisos quedan para el próximo mandato presidencial.
Vivimos tiempos en que la arrogancia de unos y otros les hace suponer a los dirigentes que losgobiernos están por encima de la República. Tildan a la deuda, o a los compromisos,como si fuera de tal o cual gobierno, y no de la Argentina. Consideran una virtud al ocultamiento de la verdad. Si predominan la arrogancia y los engaños, no será fácil aprobar el acuerdo en el Congreso. Cabe desear que, a la hora de actuar, prevalezca la sensatez y la verdad, por el bien de nuestro país.
