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¿Un "Tribunal Russell" para Entre Ríos?
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La figura de la Fiscal Anticorrupción de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, ha adquirido una dimensión nacional que seguramente la misma no buscaba, ni esperaba, al ser suspendida en sus funciones, por el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados provincial. La misma está, en estos momentos, siendo sometida a un proceso ante el mismo tribunal, en el que se busca removerla del cargo.

Todo ello es conocido por la opinión pública provincial la cual, en forma creciente, pone de manifiesto su sensación de que ese proceso, más que un “caso testigo” es un “caso señal” de lo que podría llegar a sucederle a fiscales que busquen investigar los supuestos actos de corrupción, en los que habrían incurrido encumbrados funcionarios oficiales.

“Caso señal” en cuanto, la manera que se ha procedido en dicho caso contra la fiscal Goyeneche, cabría ser considerada como una señal de advertencia de lo que podría llegar a sucederle a colegas suyos que demuestren una curiosidad excesiva, al mismo tiempo que una prolija diligencia, en husmear en situaciones en las que cabría sospechar que encumbrados funcionarios oficiales estuvieran supuestamente involucrados.

Es que no se puede pasar por alto la circunstancia conocida que la fiscal referida ha tenido una importante intervención en el denominado, de una manera no del todo adecuada, “mega juicio”, en el que acaba de ser condenado el ex gobernador y ex embajador Sergio Urribarri por peculado. Y que, a la vez, la misma funcionaria tuvo, hasta el momento en que la causa conocida como la de “los contratos en la Legislatura” fuera “frenada” por una resolución del juez Alonso, el mismo juez que se “alzó” contra la Corte Suprema, con una conocida medida “precautelar”, con la que pretendió también “frenar” una decisión vinculada con el Consejo de la Magistratura en el ámbito nacional.

Todo ello en un contexto que podría llevar a pensar que en el proceso que se lleva a cabo contra la fiscal Goyeneche, desde su mismo arranque pasan “cosas raras”. Como sería el caso que entre los integrantes del jurado de enjuiciamiento –todos los cuales fueron recusados sin éxito por la sometida a juicio- se encuentra uno designado integrante del Superior Tribunal de Justicia por el nombrado ex gobernador, luego de haber actuado como abogado personal suyo, según lo señala la fiscal acusada.

A lo que se agregarían circunstancias hechas públicas que quienes desconocemos los detalles de la causa podemos no estar en condiciones de valorar, pero de las que sería un botón para muestra la admisión, por parte del Jurado, de una prueba solicitada por el fiscal ad- hoc de la causa, encaminada a establecer la evolución del patrimonio de la fiscal Goyeneche en los últimos veinte años, una circunstancia que nada tiene que ver con los hechos materia de la investigación abierta contra la nombrada y que, por lo mismo, hasta cabría considerarlo como un acto de ensañamiento en contra de la encausada.

Esta situación no es única en el ámbito judicial de nuestro país. La que está llena de casos, que en lo que debería considerarse una corriente inversa, se observa como de una manera que lleva a desconfiar, se dictan fallos a favor de los hombres y mujeres del poder. Un caso icónico de lo cual fue el “proceso express” en el que, el ya fallecido juez Oyarbide sobreseyó a un ex presidente denunciado por enriquecimiento ilícito, en función de una pericia judicial encomendada al contador de aquél.

Ello es lo que nos lleva a plantear la cuestión, si no sería el momento de contemplar la creación de “un tribunal de opinión” no gubernamental, formado por juristas de prestigio y de insospechada honradez, que se encargue de analizar y emitir un juicio acerca de las causas judiciales en las que resultaron beneficiados “los personajes del poder”.

Se trataría, paradójicamente, de una suerte de tribunal encaminado a juzgar la actuación de otros tribunales en esas causas judiciales específicas. Como manera de restaurar el deterioro de la imagen de la justicia que ha llegado a su punto más bajo con los actos de verdadera aberración jurídica cometidos por el juez federal Alonso al que hemos hecho referencia, y en la que hemos visto a un juez inferior “rebelándose” contra la Suprema Corte.

EL organismo guardaría un lejano, pero real parecido, con el “Tribunal Russell” establecido en 1966 por el filósofo y matemático británico Bertrand Russell y el intelectual Jean Paul Sartre, para investigar los crímenes de guerra cometidos en Vietnam, y cuya existencia es precisamente lo que ha llevado a dejar planteada la cuestión, independientemente de las valoraciones contrapuestas que aquél mereció en la opinión pública mundial.

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