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Como es sabido, el ex intendente de Paraná, Sergio Varisco, fue condenado por un Tribunal Oral de dicha ciudad, el pasado lunes, a cumplir seis años y medio de prisión.

Lo fue por encontrárselo incurso en una serie de delitos vinculados con la comercialización de estupefacientes. Delitos en los que aparecía estrechamente relacionado con el jefe narco Tavi Celis, una persona de más que dudosos antecedentes, pero con un fuerte capital político en una de las barriadas de Paraná.

Por el mismo fallo, Celis recibió una condena de dieciséis años, como jefe de una asociación ilícita, en un fallo por el que, además de los nombrados, también recibieron penas de consideración otra treintena de personas y algunas pocas resultaron absueltas. Cabe señalar que esa sentencia no se encuentra firme, al menos respecto a Varisco, al mismo tiempo que éste ha anticipado su decisión de apelarla.

Mientras tanto, en el radicalismo provincial se hacen presentes frente a la situación descripta dos líneas divergentes, respecto a las cuales cabría pensar que tienen poco que ver con la aludida sentencia, y más con confrontantes posturas internas, que vienen a colocar a sus seguidores de ambos lados de una cesura, que no nos atrevemos a calificar como grieta.

Una primera, de la que Varisco ha sido integrante y hasta referente mayor, que ante la información referida ha emitido a través del Comité Paraná del partido, un comunicado por el que deja expresada la solidaridad de sus firmantes “desde lo humano y desde lo político”, con Sergio Varisco.

Ratifican plenamente en sus declaraciones la inocencia de Varisco, “quien honrosamente fuera dos veces intendente de la capital convicción que como consecuencia de esa inocencia, estamos seguros será develada más temprano que tarde. Sin dejar de advertir su conocimiento de la existencia de “las instancias políticas desencadenantes de muchas de las acciones que enrarecieron el devenir del proceso judicial”.

Otra menos dibujada línea interna – al menos en este caso- es la que tendría como referente a Atilio Benedetti, a quien vemos en una posición incómoda, ya que todavía circula una fotografía en la que se lo ve ubicado en primera fila de una marcha por las calles paranaenses, en la última campaña electoral, en la que en el centro de la primera columna, la que encabeza la marcha, se lo observa a Varisco, ya procesado preventivamente en la causa referida, acompañado del ex candidato a gobernador que va en la misma fila a uno de sus costados. Y ahora se ha apresurado a reclamar el tratamiento de la situación del nombrado, por los organismos partidarios pertinentes, algo que cabría suponer que ya declarado el proceso debió habérselo sometido al mismo, como también ahora cabría suponer que por una razón de coherencia, debió haberse esperado a los resultados de la apelación de la sentencia de Varisco para hacerlo.

Aunque dada esta situación, se nos ocurre que se cometería un error si cargáramos la mochila sobre las espaldas de jueces y políticos, que en realidad les cabe en forma exclusiva, desvinculándonos de responsabilidades que son las nuestras. Es que a este último respecto resulta importante buscar presentar las cosas en un desarrollo que cuenta con varios y complejos asuntos pendientes.

A ese respecto debemos señalar, para empezar, que nuestra sociedad –tal cual desde hace tiempo venimos recordando muy a pesar nuestro- se caracteriza por el bajo umbral de rechazo a los comportamientos delictivos vinculados con la corrupción, sobre todo en el caso que los imputados, procesados o condenados sean amigos, o al menos personas que por circunstancias nos caigan simpáticas, y en casos extremos nos enfervoricen.

Máxime cuando se escucha a nuestro actual Presidente, tratar de atenuar la naturaleza de esos comportamientos delictivos, rebajándolos a la categoría de meros “deslices éticos”.

A ello se agrega el hecho que la “verdad objetiva” la vemos hecho trizas, si no es que ha dejado de importarnos. Circunstancia que parece llevarnos a vivir sino confortablemente, al menos cómodos, en un ámbito signado por el “relato”, las “noticias falsas” y ahora el “law fare” –o sea la defensa política preparada como un coctel de los otros dos conceptos-, no solo en las presentaciones de cargos ante tribunales, sino elevado a doctrina con fuerza de norma jurídica aplicable al momento de fundar decisiones administrativas. Tal como lo acaba de hacer el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, sin que por lo visto no se espante nadie, en ocasión de dictar una de ellas.

En realidad, todo lo hasta aquí señalado resulta explicable, y como consecuencia de ello no puede provocar extrañeza, si se tiene en cuenta que María Elena Walsh hablaba de “el mundo del revés” y en nuestro caso no solo hablamos, sino que en realidad vivimos en el mundo de la “posverdad”, que es lo mismo que expresar que lo hacemos en la “verdad emotiva”.

Una manera de ver las cosas en la que “la verdad” se puede generar como resultado de una emoción vivida intensamente.

Consecuencia de todo ello es que se asista a una vinculación perversa entre la justicia y la política, en la que por una parte asiste a la “judicialización de la política” y por la otra a una “politización de la justicia”, todo ello en una extraña relación simbiótica en que la justicia ocupa un lugar subordinado, aun en los casos en los que aparenta prevalecer como consecuencia de la presencia de jueces ya ideologizados y simplemente venales.

Afortunadamente en el comunicado referido del comité radical paranaense, los firmantes del mismo se los ve sofrenarse prudentemente casi en el límite de lo que hubiera significado un cuestionamiento a la justicia, no considerada como una virtud, sino desde una perspectiva institucional.

Es que no se trata de que las sentencias judiciales, sean siempre ajustadas a derecho y resultado de un análisis correcto de una prueba en cuyo ofrecimiento y producción se haya respetado el derecho de defensa; y que por ende no puedan ser materia de una crítica resultado de un análisis objetivo y cuidadoso. Ya que la actitud no solo correcta y necesaria está en hacerlo.

Claro está que ello no se debe confundir con la pretensión de seguir valiéndose del “law fare”, para hacerlo, de una manera en la que, en el habla de los juristas, sería “ex post facto”.

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