Parece demasiado, al menos para nosotros, acostumbrados a campañas tan extensas como intensas, por lo general apasionadas, a veces muy ásperas y siempre costosas. La legislación ha intentado encuadrar la cuestión dentro de criterios razonables, pero nadie atiende la norma, según todos podemos comprobarlo.
La campaña para las elecciones primarias está autorizada desde 30 días antes del comicio, en tanto que el término para la publicidad en medios audiovisuales es de 20 días (ley 26571). En lo que respecta a las elecciones generales la campaña puede comenzar 35 días antes y la publicidad audiovisual con 25 días de antelación al comicio (ley 19945).
Hay otras limitaciones que conviene tener en cuenta con la debida anticipación para evitar equívocos: Durante la campaña electoral, la publicidad de los actos de gobierno no podrá contener elementos que promuevan expresamente la captación del sufragio a favor de determinados candidatos. Además están prohibidas las inauguraciones de obra pública, lanzamientos o promociones de planes desde 15 días antes de las elecciones (art.64, ley 19945).
Es evidente que estas restricciones legales tienden a lograr un marco adecuado para el desarrollo pacífico de los procesos electorales, de modo que el ciudadano pueda pensar, evaluar las propuestas y decidir con tranquilidad, sin sobresaltos ni presiones. Vale decir en un clima ideal. Estamos lejos.
En países de tradición democrática el ciudadano puede llegar a votar varias veces en el año y nadie se altera ni cambia su ritmo cotidiano. Lo hacen con normalidad, sin demasiado ruido. Suiza es un ejemplo. No sólo se eligen periódicamente las autoridades, sino que también son frecuentes las consultas o plebiscitos por diversos temas. Y no hay turbulencias, según comentan quienes conocen la trama política y social de ese país. Creo que tampoco hay pintadas ni exagerado desparramo de carteles en cualquier lugar. El mundo no se acaba el día de la elección.
Una cuestión cultural
Entre nosotros las cosas son diferentes. Es otra idiosincrasia, queda claro. Desde hace un año, por lo menos, los políticos están en campaña. Sin tener en cuenta a los ansiosos super adelantados que la iniciaron no bien cerraron los comicios de renovación parlamentaria en octubre de 2013, el lector seguramente recuerda desde cuándo comenzaron a aparecer carteles, pasacalles y pintadas para 2015. Hace un año por lo menos.
Se entiende que el ciudadano debe conocer a los candidatos para emitir un voto responsable. Además la política forma parte de nuestra vida porque tiene relación directa o indirecta con todo lo que nos rodea y nos sucede. Lo que se pone en tela de juicio no es la divulgación de nombres y consignas -no mucho más de eso-, sino el abuso de las campañas electorales hasta un punto de saturación, la indiscriminada ocupación del espacio público y la violación de expresas normas sancionadas en procura de procesos normales.
Los candidatos o sus promotores actúan sin reparos. Muchas ciudades han reglamentado desde tiempo atrás la ocupación del espacio público mediante expresas ordenanzas municipales. No las respetan ni los candidatos a intendente. Puede haber alguna excepción, pero por lo general es lo que se observa, al menos en Entre Ríos. Y uno llega a sospechar de la gestión futura si accede al gobierno comunal ese candidato que se postula violando disposiciones municipales.
En las ciudades que han reglamentado la cuestión, es común prohibir la colocación de carteles o pasacalles en las columnas de alumbrado o en el arbolado urbano, entre otras restricciones. Nadie las respeta. Nadie las hace cumplir.
Faltan cinco meses para las primarias y hay calles y paseos de la provincia donde ya no queda lugar para colocar propaganda, cualquiera sea.
A cadenazo limpio
A los afiches o similares cabe sumar otras formas publicitarias. Las cadenas nacionales de radio y tv suelen ser las más comunes y en este caso las más baratas. No le cuestan nada al gobierno que por supuesto tiene sus candidatos y actúa en su respaldo. A medida que se acercan las elecciones son más frecuentes las cadenas nacionales. Es evidente que se trata de una promoción electoral del oficialismo usando todos los medios de comunicación del país, estatales y privados, sin límites. Esto es, en principio, un acto de deslealtad política.
La ley de medios audiovisuales 26255, art.75, impulsada por el kirchnerismo establece claramente: El Poder Ejecutivo nacional y los poderes ejecutivos provinciales podrán, en situaciones graves, excepcionales o de trascendencia institucional, disponer la integración de la cadena de radiodifusión nacional o provincial, según el caso, que será obligatoria para todos los licenciatarios". No hay lugar a equívocos: situaciones graves, excepcionales o de trascendencia institucional. Sin embargo, casi todas las semanas nos propinan un cadenazo por cualquier motivo.
Para otra ocasión postergamos dos cuestiones que también lesionan el proceso electoral: los funcionarios y legisladores dedicados desde hace meses al proselitismo desatendiendo cuestiones fundamentales de su competencia y los enormes costos de las campañas.
Parece utópico demandar una campaña electoral serena, equilibrada, respetuosa, normal, que posibilite una elección madura e inteligente, cuando los protagonistas, principalmente el gobierno, rechazan con sus actitudes tal posibilidad. Son muchos los que se dedican con enorme entusiasmo al tachín tachín que aturde al ciudadano.
