Es por eso que no pudo haber provocado extrañeza que ante la vuelta a las clases presenciales en las escuelas se comience por iniciar ese ritual a toda orquesta.
Vana era la esperanza de que esta vez, el clamor de los padres con hijos en edad escolar, porque se abran las puertas de las escuelas y todos los menores en edad escolar pueden retornar a las clases presenciales llevaría, milagrosamente, a dejar de lado ese ritual.
Pero debemos dejar sentada una nada despreciable circunstancia. Cierto es el hecho que la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos ha anunciado convocar a un paro provincial los días 12 y 17 de febrero. A lo que se suma como otra medida sindical –nos resulta difícil entender el por qué en ese caso no se habla de “paro” cuando a los efectos prácticos, se trata de lo mismo- consistente en “la no presencialidad y el cumplimiento del trabajo docente con modalidad virtual entre el 18 y 26 de febrero”. A lo que, como si esto no fuera poco, se agrega el anticipo de “no inicio del ciclo lectivo 2021 si el gobierno no satisface nuestras demandas salariales”.
Pero no se debe olvidar que ese ritual implica ver a dos partes cumplir con su rol, y si el gremialismo sindicado es una de esos protagonistas indispensables, también lo es el gobierno provincial, al que la Constitución nacional exige asegurar la prestación de la enseñanza primaria, como una de las exigencias a cumplir, para que el gobierno nacional no avance sobre su autonomía y decida la intervención federal a la provincia en la que se haga presente esa falencia.
Dejemos de lado la cuestión salarial y los tópicos con ella vinculados –como es el caso de la actualización del Código O29 referido a la compensación por traslado- y la restitución del aporte patronal al IOSPER, llevándolo al 6% para activos y 4% para jubilados-, las que están vinculadas a la coyuntura, para hacer referencia a otras que hacen posible su atención inmediata, que corresponden a referidas a temas estructurales.
También habría que excluir de un encuentro paritario, tal como lo exige AGMER, el de “la defensa irrestricta de la Ley 8732 y la Caja de Jubilaciones”, por cuanto debe verse la situación que se vive en el ámbito previsional como una cuestión de gravedad institucional que excede el marco de una negociación paritaria, sobre todo si se tiene en cuenta que esa Caja está virtualmente quebrada.
Pero como se lo solicita desde la parte gremial, es indudable que se ha dilapidado un tiempo que podría haberse aprovechado en avanzar en temas como son la Salud laboral; la Iifraestructura y transporte; la reglamentación de la carrera docente y el trabajo en la excepcionalidad. Y sobre todo en el de la regularización de los concursos en forma inmediata, ya que se trata de una cuestión que registra una mora que no es la del ayer inmediato.
Se trata todas ellas de cuestiones que exceden el marco de la coyuntura y que por lo mismo deberían ser materia de atención permanente. Y aquí no podemos soslayar un reparo, el que admitimos puede ser consecuencia de nuestra ignorancia, cual es la impresión que curiosamente se tiene, que una vez que se logra coincidencia en la cuestión salarial, se acallan las otras cuestiones.
Y no porque no sean importantes. Ya que entre ellas se encuentra lo que cabe calificar incorrectamente como “las licencias médicas” por causas por lo menos problemáticas, unidas a otras que si bien están ajustadas a la normativas significan en tantas ocasiones un uso abusivo de ellas. Algo que genera un drenaje de recursos, observable en la existencia de casos en los que está al frente de una clase “un suplente de otro suplente”.
Así como una situación compleja, como el esfuerzo que hasta sin casi exagerar representa el de un docente “haciendo dedo” para ir y volver de su trabajo, todo ello tantas veces en tramos sucesivos, y por distancias que hasta pueden exceder los cien kilómetros, con el mal uso del tiempo que ello significa, y a la que hay que encontrarle una solución, ya que para nadie resulta bueno asistir a esta situación ambigua en que el “arraigo y el desarraigo” se hacen de una manera conjunta presentes.
En lo que a la cuestión salarial respecta, consideramos que se hace necesario poner fin a ese estado de crisis permanente en este tipo de relación laboral, que persiste abierta endémicamente.
Aventuramos a ese respecto, que detrás de sus aspectos válidos de carácter coyuntural, están dos cosas que importan y que en algún momento deberá adoptar el gobierno una decisión drástica, dejando de lado un posponer que parece eternizarse.
La primera son las inequidades que se hacen presentes en el monto de las remuneraciones del empleado público –y hablamos de “inequidades” porque se está en presencia de ellas, cuando son notorias las diferencias, incluso abismales, entre las remuneraciones que se pagan por similares exigencias en cuanto a formación y responsabilidad laboral. Algo que se podría plantear de una manera exageradamente extrema, aludiendo al hecho que “cuando la miseria es general, a cada cual le parece menos mala la suya propia”.
Se hace necesario aquí efectuar una digresión, vinculada con las resistencias que provocara cualquier acción encaminada a suprimir inequidades. Ya que ello llevará a una situación en la que inevitablemente habrá ganadores y perdedores. Sobre todo si se avanza en una reforma que sea radical, en el sentido que focalice los recursos disponibles –y esto ajustado a los criterios de una administración sana- en la administración propiamente dicha, la salud, la educación y la infraestructura. Con una poda profunda en esa miríada de gastos no esenciales, como son la sobrecarga de ministerios y de ministros, secretarios de nombres fantasiosos, asesores de sus asesores y empleados, de los parientes con cargos, de las canonjías de todo tipo en la legislatura, en los subsidios a asociaciones civiles que no reúnan especiales exigencias muy restrictivas, en la construcción de autódromos y estadios, a lo que habría que agregar tantas cosas, como el escándalo de los despilfarros en la Legislatura.
Vinculado con el estado de cosas descripto, y consecuencia de ello, se hace presente la puja por la manera en que se distribuye la masa salarial, dado que en el caso de los docentes –que no es el único– se hace presente presumiblemente al menos, el temor de “quedarse atrás” al momento de la repartija.
Dentro de ese cuadro, lo que resta decir en materia de reajustes en los salarios docentes es manifestar la esperanza de que se arribe, entre el gobierno empleador y el gremio docente a través de sus diversos representantes, a un acuerdo en el que se concilien los válidos reclamos de estos últimos, con la situación de penuria del primero, y que, como sobreañadido, contemple un mecanismo de actualización de haberes, que acercándose lo máximo posible a la automaticidad, impida las disrupciones en el ciclo lectivo en nuestras escuelas.
Sobre todo, cuando ambas partes, han llegado a un límite, respecto al cual no existe margen alguno para transgredirlo.
