El Congreso existe porque la Constitución Nacional así lo determina, la cual no establece cuánto deben trabajar sus miembros, ni cuán irrelevante pueden ser éstos durante algunos períodos. El proyecto de Ley Ómnibus vino a despertar a los legisladores, les dio una razón de ser, que no quisieron desaprovechar. Casi un tercio de los diputados se anotó como orador, y la sucesión de sesiones no estuvo exenta de algunos ribetes teatrales.
El famoso cómico estadounidense George Burns (1896-1996) acuñó la frase que dice que “el secreto de un buen discurso es tener un buen comienzo y un buen final, y luego tratar de que ambos estén lo más cerca posible”. Los diputados argentinos no parecen contar con la virtud de saber comunicar un mensaje en sólo un párrafo, quizás porque justamente no tienen un mensaje claro para transmitir.
La realidad es que prácticamente ningún discurso, tanto de quienes apoyaban la aprobación de la ley como de quienes la denostaban, que se refiriera al contenido del proyecto. Predominaron los discursos filosóficos (o de café), con pocos fundamentos referidos a los méritos del proyecto. Se hubiera ahorrado mucho tiempo de haber habido menos oradores (¿cuántos bloques hay en el Congreso, que tan pocos quisieron delegar su opinión en otros?) con una pronta votación a favor o en contra.
El punto más interesante de todo el debate parlamentario tiene que ver, paradójicamente, con que la misma ya no contiene lo único que les parecería interesar a los legisladores: el capítulo fiscal, con el que jugaban a dar y pedir, un juego que al presidente no parece gustarle. Por contraste, lo que quedó de la ley es la mayor parte del programa de transformación estructural que pretende Milei, pero como en este tema no hay dinero inmediato en juego, la atención legislativa parece menor.
La remoción del capítulo fiscal y el simultáneo retiro de los cambios al impuesto a las ganancias del debate legislativo levantaron polvareda entre los economistas, que sospechan que las metas fiscales anunciadas no podrían ser cumplidas. Sin embargo, el ministro Luis Caputo confirmó que tales fines no están en discusión.
¿Cómo hará para cumplir? Parte de la respuesta está en el reporte que acompañó a la séptima revisión del Acuerdo de Facilidades Extendidas con el FMI. Destaca la meta de superávit primario de 2% del PBI, a la que se llegaría con reducciones de los subsidios a la energía y el transporte y el canje de bonos en pesos por nuevos títulos a mayor plazo, lo que ahorraría gasto corriente y gasto de intereses. Lo que el reporte no muestra es que, probablemente, el factor más relevante para alcanzar la meta fiscal proviene de algo que no existe: una ley de presupuesto para 2024.
Mientras el Congreso hibernó durante todo 2023, se olvidó de que no tener una Ley de Presupuesto supone que la de 2023 se traslada a este ejercicio. Es un enorme regalo para el Ejecutivo, pues tal extensión supone, en principio, ignorar que hubo 211% de inflación el año pasado y subestimar por mucho los recursos. El truco añejo del kirchnerismo jugará en 2024 muy a favor de Milei, que contará con una enorme discrecionalidad para manipular el gasto, a partir de ingresos que indefectiblemente serán muy superiores a los de 2023 en términos nominales.
“No la ven” es un eslogan de los libertarios en las redes sociales, para mofarse de la oposición. Más que no verla ahora, lo que pasó fue que los legisladores no la vieron el año pasado, cuando vivieron un año de vacaciones en el Congreso y se olvidaron del presupuesto. Quizás porque ahora empezaron a verla, sobreactúan sus reparos respecto de una ley que trata sobre asuntos cuyos efectos se verán en el largo plazo, pero que no cambiará demasiado la disponibilidad de caja de que gozará el Ejecutivo Nacional en 2024. El riesgo del gobierno de Milei pasa por la popularidad de su líder, no porque el Congreso le pueda dar o sacar caja; eso no le va a faltar.
