Aunque el de las cotizaciones de los bonos parezca un asunto remoto, reservado al estrecho universo de los especuladores de los mercados financieros, la realidad es que tiene efectos concretos sobre toda la economía, y sobre nuestro bienestar.
El estado lleva muchos años durante los cuales el gasto público excede a los ingresos. En una economía hogareña, si los gastos son mayores que los ingresos, las soluciones están acotadas: usar ahorros, buscar alguna nueva fuente de ingresos o un crédito para intentar no bajar nuestro consumo. Si ninguna de estas opciones está disponible, no habrá más remedio que achicar gastos. Que 50% de los argentinos sea pobre es un indicio claro de que esta última fue su única opción.
En las cuentas del estado, aunque la complejidad en la combinación entre recursos y gastos sea mayor, el dilema es similar. Como son muchos los años de déficit, no hay ahorros. Pero se pueden crear nuevas fuentes de ingresos: durante los últimos 20 años se han creado muchos nuevos impuestos y se han elevado las alícuotas para muchos de los existentes. También, a pesar de dos reestructuraciones y un reperfilamiento, el estado ha multiplicado el monto de sus deudas.
En síntesis, el estado ha utilizado todos los medios hogareños a su disposición, y también uno de uso exclusivo: el señoreaje, la potestad de fabricar moneda. Cuando no alcanzan los ahorros, los impuestos o se agota el crédito, el estado puede fabricar dinero y utilizarlo.
Evidentemente, tarde o temprano la sucesión de años con déficit fiscal encuentra un límite. Son estos los límites que están siendo testeados en estos días.
Por un lado, está siendo testeado el límite a la creación de nuevos impuestos. Al parecer, el último engendro del ministro Guzmán, el impuesto a la “renta inesperada”, chocará con la realidad del Congreso, donde parece que la aprobación no será posible.
Por otro lado, la novedad de la semana es que ha comenzado a testearse el límite al crédito público. Hace tiempo que sumar deuda en moneda extranjera había dejado de ser posible. Pero el crédito en pesos parecía fluir con cierta normalidad hasta hace poco más de un mes, en gran medida gracias al artificio del cepo cambiario.
En mayo, pasamos de la fluidez a la viscosidad: el mercado dejó, primero, de demandar instrumentos cuyo rendimiento no ajustara según la inflación y, luego, instrumentos con vencimiento más allá de mediados de 2023, por el temor a que la próxima administración reperfilara la deuda en pesos. Esta semana, pasó a desprenderse de los papeles: trajo a junio de 2022 un problema que se preveía afrontar durante 2023. El mercado hoy percibe con nitidez el riesgo de crédito implícito en los bonos del estado nacional; un riesgo que los bonos de la deuda externa reflejan desde hace tiempo.
El ministro Guzmán adjudica la culpa de la corrida contra los bonos en pesos a declaraciones de voceros opositores, que advierten que la “bola de nieve” de los bonos en pesos deberá ser corregida por las malas, en una referencia elíptica al referido reperfilamiento. Con la típica miopía de quienes están en posiciones de poder, es incapaz de ver en el propio accionar del estado la raíz del problema: el jueves, la Oficina de Presupuesto del Congreso reveló que el déficit fiscal de mayo fue 189% mayor al de mayo de 2021: son $210.000 millones que deben financiarse con más impuestos (ya encontraron un límite), más crédito (parece haberlo encontrado) o más fabricación de moneda.
Fabricar moneda no es gratis. Si la oferta de pesos no encuentra demanda, bajará el precio de los pesos, que es lo mismo que decir que aumentará el único impuesto que no tiene límites en nuestro país: la inflación. Y, además de los precios de bienes y servicios, es posible que también suba el precio del refugio favorito de los argentinos: el dólar.
No será sorpresa que el incipiente aumento en la brecha cambiaria se extienda en los próximos meses. Ni será sorpresa que el Gobierno recurra a su respuesta atávica: más cepo, más controles, más restricciones, más regulaciones, más crédito bancario dirigido al sector público. Ninguno de estos artificios será capaz de proveer más que un alivio transitorio, ni algún resultado mejor al que siempre han provisto.
¿Por qué? Porque la raíz de los problemas no está en la coyuntura, sino que es estructural y proviene de esa creencia filosófica de nuestros gobernantes que imagina que sólo puedo, sino incluso que debe, gastar más de lo que genera, mientras al resto de la Argentina le corresponde someterse a ese axioma que la condena al estancamiento, la inflación y la pobreza.
