Entonces, ¿está todo bien? Sí y no.
Está bien porque, en el peor de los casos, parece que contaremos con los recursos para evitar caer en una situación de mora con el Fondo. Un default con el FMI tiene consecuencias poco claras, pero cuesta creer que haya alguna buena. Los dos países que están en default desde los años ’80, Liberia y Sudán, no son ejemplos de crecimiento, ni de desarrollo, ni de estabilidad financiera ni, siquiera, de estabilidad política.
Está bien para la política. La distribución de DEGs es un maná celestial que permite al Gobierno retrasar el acuerdo con el FMI. ¿Es eso bueno? Así lo entiende la política, que parece suponer que ordenar la economía no le resulta políticamente conveniente. Es que un acuerdo supondría un programa económico con metas y medidas claras, algo que no agrada a los líderes políticos del Gobierno.
Pero, por otra parte, nunca está bien retrasar un ajuste de las variables económicas que no están en equilibrio. Ello sólo consigue que el choque con la realidad sea más dramático, cuando llegue. Es evidente que el horizonte de la política no es el mismo que el de la Nación y sus ciudadanos, las víctimas propiciatorias de desequilibrios sostenidos en nombre de las necesidades políticas.
Uno de estos desequilibrios comienza a agudizarse: la brecha cambiaria. El Banco Central deprecia el tipo de cambio oficial a ritmo de caracol, pero no puede impedir la agitación en los tipos de cambio libres. En 83%, la brecha cambiaria es un aliciente enorme para no vender dólares en el mercado oficial, para retener exportaciones, para importar todo lo posible, y para viajar y usar la tarjeta de crédito en el exterior, pese a las restricciones.
No hay soluciones baratas para este problema. El Banco Central lleva seis meses acumulando reservas. Esa buena noticia se diluye a la luz de los controles. La demanda reprimida que ellos provocan se canaliza por el mercado paralelo. Por eso mismo conviven titulares que, en apariencia, son contradictorios: “El BCRA acumula USD 100 millones de reservas” y “El blue anota en junio su mayor avance del año”.
Que en un buen momento internacional y de acumulación de reservas deban sostenerse durísimos controles formales, deba intervenir cada vez más en el mercado paralelo, y aumente los aprietes a bancos y sociedades de Bolsa, solo sirve para aumentar la ansiedad del mercado.
Los incentivos erróneos que la brecha tiene sobre la oferta y demanda de dólares de exportadores, importadores y turistas, es apenas la primera línea de problemas que genera la coexistencia de un tipo de cambio oficial con uno paralelo tan alejados entre sí. Que la introducción de controles de cambio en 2011 haya coincidido con una década de estancamiento no es casual: las distorsiones desestimulan la inversión y dificultan el acceso al crédito externo para las empresas y, en última instancia, estancan el mercado de trabajo.
No está todo bien sólo porque el FMI distribuya DEGs. No reconocer los problemas y patearlos por intereses políticos egoístas y no por el interés común no es una buena idea. Atrasar un acuerdo con el FMI equivale a atrasar el momento de arreglar la economía. Peor aún: no despeja la incógnita respecto de si existe un interés real en la administración por arreglarla.
Nuestra clase política parece ignorar que el camino más corto entre dos puntos es una recta. Pensar que el problema del dólar nace de conspiraciones de enemigos vagos e imaginarios, cuando en realidad no es más que el reflejo de problemas concretos y visibles.
Algunos medios sugirieron que el Presidente ha pedido a Rusia, México y Portugal la cesión en préstamo de los DEGs que les correspondan de la distribución del FMI. El objetivo: cancelar con ellos todos los vencimientos de 2022, unos USD 18.000 millones. Aunque lo lograra, cuesta imaginar que eso lograría contener la demanda de dólares. Sería una clara señal de que arreglar la economía no está en los planes del Gobierno. Ese termómetro que es el mercado del dólar seguramente continuará reflejando que la fiebre sigue alta.
