Según un trabajo de la fundación Libertad del que se hiciera eco El Entre Ríos, el funcionamiento de su legislatura le insume a nuestra provincia la friolera suma de 25 millones de pesos por legislador por año, o sea poco más de 2 millones de pesos por mes. Visto de otra forma, el costo anual de la institución por cada habitante de la provincia alcanza casi los mil pesos, más precisamente 970. Lo que no es poca cosa.
Algunos dirán que otros están peor que nosotros, Tucumán por ejemplo gasta más de 54 millones de pesos anuales por legislador mientras Tierra del Fuego debe disponer de más de 4 mil pesos al año por habitante para asegurar el funcionamiento de la suya.? Pero la realidad es que en todos los casos estamos hablando de cifras estrafalarias, más propias de algún emirato árabe o de alguna de las democracias más ricas de Europa. De hecho, el informe deja constancia que los gastos anuales de la legislatura de Tucumán superan al del Parlamento de Cataluña, el de mayor presupuesto de todas las regiones de España.
Mientras la provincia de Tucumán desembolsa entonces 3.250 millones de pesos por año, también hay de las que prefieren estructuras legislativas más austeras. La Rioja, por ejemplo, desembolsa unos 115 millones anuales, y Santiago del Estero cuenta con un presupuesto similar, unos 130 millones de pesos al año. La mitad de tabla de Entre Ríos significa sin embargo un desembolso mucho más significativo que el de estas dos últimas, alcanzando un gasto total de 1.307 millones de pesos anuales.
Para evitar malos entendidos, vale la pena aclarar también que una gran parte de este gasto que bien puede catalogarse de estéril, caprichoso, y en algunos acaso hasta inútil, no se aplica al pago de los salarios de los legisladores sino que tiene otro destino. En realidad, estos grandes e inflados presupuestos se destinan sobre todo a financiar actividades vinculadas a la política - de la que suelen beneficiarse tanto oficialistas, la mayoría, como los opositores-, fundamentalmente gastos de personal, ya que se cuentan en miles los empleados permanentes y transitorios que allí trabajan o hacen como que trabajan.? La gran mayoría de los nombramientos en esos ámbitos son de carácter político.
En un momento como el actual, en el que no hay manteca para tirar al techo y ha quedado además en evidencia el descomunal desfalco de las arcas públicas al que fuimos sometidos durante los últimos 10 o 15 años, tamaño despropósito toma más relevancia que nunca. Mientras atravesamos la ¨tormenta¨ y se nos pide a todos, esfuerzo y sacrificio -sin previsibilidad alguna respecto de cuánto tiempo puede mantenerse ese pedido-, escuchar que ese es el calibre de las cifras con las que se regalan nuestros legisladores se vuelve casi una obscenidad.
Con datos como los aquí ahora expuestos, resulta más que fácil entender entonces el estado de situación que nos toca vivir, así como el grado de desconexión que tienen nuestros políticos con la nuestra, la de los vecinos. Debería ser? responsabilidad, casi una obligación, de cada uno de nosotros el acercarse al legislador o legisladora vecina o amiga que nos representa? e instarlos a que desde la banca que ocupan promuevan una baja inmediata y drástica de todo este gasto sideral del que sin duda se benefician. Es que flaco favor le hacen a la democracia con esta irresponsabilidad consentida y que parece prefieren ignorar.
