Todo comenzó el 18 de abril con una manifestación en contra de una reforma por decreto del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), que aumentaba las contribuciones de trabajadores y empresarios e imponía una retención del 5% a los jubilados. Desde entonces, todos los manifestantes en contra de la presidencia sandinista han sido perseguidos, pagando incluso con la vida misma, el exilio o el tener que esconderse y abandonar sus hogares.
Sin embargo, a pesar del peligro que conlleva manifestarse, los nicaragüenses no parecerían dispuestos a dar el brazo a torcer. Así lo expuso uno de los impulsores del diálogo en esta Nación, monseñor Miguel Mántica en una nota para el diario El País: “Estoy sorprendido de cómo la gente de Nicaragua se sigue lanzando a las calles, prácticamente debajo de las balas, porque hemos sido agredidos en tantas ocasiones”.
La gran pregunta es entonces ¿hasta cuándo continuará la sociedad resistiendo por la lucha por un cambio? Y ¿hasta cuándo este gobierno que ya llevaba 11 años en el poder podrá resistir las marchas que exigen un cambio?
Una vez, en América Latina, se enfrentan ciudadanos con el gobierno en funciones y sin encontrar ninguna solución pacífica. El derecho a manifestarse libremente no es algo que este siendo respetado en Nicaragua. Ni tampoco toda una serie de derechos básicos del hombre. No por nada el Alto Comisionado de la ONU los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, planteó el pasado de 18 junio que la situación en Nicaragua "bien podría merecer" la creación de una investigación internacional.
La persecución está en todos lados. Empieza en las marchas, donde la policía embiste contra los manifestantes, pero los sigue a su casa. No acaba en el acto en sí mismo sino que los persigue. De hecho, decenas de médicos fueron despedidos por atender a los heridos durante estas protestas.
A su vez, organizaciones de derechos humanos han denunciado que grupos paramilitares generaron el incendio de una casa de una familia en Managua que resultó en la muerte de cuatro adultos y dos menores. Según los vecinos, la familia fue asesinada por estos grupos por negarse a dejar que francotiradores se instalaran en el techo para reprimir a los manifestantes.
No sólo se trata de muertes sino también de detenidos de forma arbitraria y con desconocido paradero con todo lo que ello implica. Así lo dejó claro Sergio Ramirez, escritor y ex vicepresidente de Nicaragua en su reflexión sobre el tema para el diario El País: “Me sumo a este reclamo y junto con miles de nicaragüenses, que forman la inmensa mayoría del país, exijo el cese de la violencia, que se libere a los presos, que se dé cuenta de los desaparecidos y que no se siga asesinando a la gente indefensa”.
La situación es crítica, no hay dudas, y mientras la mesa del diálogo formada en este país para encontrar una solución parece quebrantarse (Ortega no quiere por ejemplo que en ella estén sentados miembros de la Iglesia), los días pasan, las muertes y los arrestos continúan y Nicaragua se hunde en la desolación.
¿Podrá encontrarse una pronta solución? ¿Estará dispuesto Ortega a escuchar a los manifestantes, cesar la represión y encontrar la salida que le pide su pueblo? Por ahora, todo parece gris en esta tierra y el futuro paree más negro que esclarecedor. Ojala que algo de luz empiece asomar pronto. Los nicaragüenses lo están desesperadamente necesitando.
