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Concluyó, tal como ha sido ampliamente difundido, con su absolución por parte del Jurado de Enjuiciamiento integrado por tres vocales del Superior Tribunal de Justicia, un senador, un diputado provincial y dos representantes del Colegio de Abogados de Entre Ríos, en el proceso que se le siguiera al juez de Ejecución de Penas, Carlos Rossi.

La decisión fue adoptada en fallo dividido –hubo cuatro votos por la absolución y tres en contra aunque no se conocieron quienes lo hicieron en un sentido o el otro. Llama la atención que una sentencia con un fallo de esas características se hubiera dictado luego de la indicación fundada del Procurador del Superior que no formularía acusación contra quien era juzgado, ya que en estos casos lo corriente es que, ante esa circunstancia, se dé por concluido el proceso.

Al no conocerse todavía los fundamentos del fallo, cabe barajar dos suposiciones: que en este caso el ministerio público no era el titular de la acción, sino que se lo consideraba tan solo un dictamen que expresaba una recomendación no vinculante, o que atendiendo a la reacción mediática, se considerara adecuado que cada uno de los juzgadores se pronunciara de una manera personalizada.

Este magistrado había sido imputado por mal desempeño en su cargo al haber concedido los beneficios de la libertad condicional a Sebastián Wagner, quien bajo ese régimen secuestró, violó y asesinó a la estudiante de Educación Física, Micaela García.

Como ya se sabe el feminicidio ocurrió el 1 de abril de 2017, casi un año después de que Wagner quedara en libertad asistida. También es necesario señalar que el nombrado cumplía una condena de nueve años de prisión por dos violaciones, y según varios informes psicológicos, no estaba en condiciones de socializar fuera del penal.

Antes de seguir avanzando en el análisis de esa decisión debe quedar en claro, que nos solidarizamos desde el mismo momento de conocer el aberrante asesinato del que fue víctima Micaela García con su familia y todos aquellos que la conocieron y sintieron un conmocionado afecto por ella, así como hicimos nuestro, el pesar que provoca una vida truncada en esa forma.

También, que nuestra conocida posición en la materia, la que seguimos manteniendo actualmente con mayor convicción todavía es que los violadores merecen la pena de prisión perpetua, perpetua.

Ello al menos hasta que quede fehacientemente establecido por la ciencia, que los violadores son efectivamente resocializables en general, y que quien pretende gozar del beneficio de libertad condicional puede establecer mediante un proceso en el que se hagan presentes todos los resguardos necesarios, que su trámite implique la intervención obligatoria de doble instancia y que el condenado por este tipo de delitos, se encuentra efectivamente resocializado, sin quedar de ello la menor duda.

Puesto de manifiesto lo cual, se nos ocurre que la actitud que debemos aprender ante situaciones como las referidas, es que las decisiones judiciales deben acatarse en el caso que se trate de definitivas, independientemente de hacia dónde se oriente la presión mediática y la opinión pública.

Es que inadvertidamente actuando en otra forma, no hacemos sino allanar el camino para dejar el hacer justicia en manos de la turbamulta. Y es precisamente por eso que no consideramos prudentes las opiniones que a título personal y en relación al tema han efectuado tanto el presidente Macri, como el gobernador Bordet, manifestando –como otras figuras notorias- su discrepancia con la referida decisión adoptada.

De donde lo que debe ser materia indispensable de nuestra preocupación es la situación de crisis –otra más- que se hace presente tanto en la ley penal, como en nuestro sistema carcelario y en el mejor seguimiento en nuestra justicia penal. O sea, la verdad es que nos encontramos ante un “sistema” lleno de falencias, en el que el juez Rossi es tan solo una parte del mismo, por lo cual, cuando menos, se plantea el dilema de focalizar en él en forma exclusiva las responsabilidades que atañen a los encargados de su construcción y funcionamiento integral.

De allí que en ese sentido resulten destacables en cuanto atinadas las declaraciones públicas posteriores al fallo, de un verdadero repúblico como es el doctor Jorge Campos, representante del Colegio de Abogados en el jurado de enjuiciamiento al que venimos aludiendo, y que estuvieran referidas no al fallo en sí, sino al “sistema” del que hemos hecho mención.

Es que en ellas puso de manifiesto toda una serie de falencias muy importantes del sistema que giran alrededor de la pena negociada y del tratamiento post libertad. Sostuvo que desde la primera pena negociada por dos violaciones de Wagner, hasta “el tratamiento post libertad donde el Patronato de Liberados no funciona, se ve toda una secuencia que no es la que desearíamos. Esto debe conducir a una mejora de la perspectiva legislativa, de la perspectiva de institutos penales para ver si se puede mejorar y no debemos esperar al respecto más. Agregando que dentro de la superación del cuadro de las falencias señaladas, debe añadirse acabar con el juicio abreviado y la negociación de penas en el caso de delitos como el homicidio, violación, secuestro o corrupción”.

“No se puede esperar más”, nos dice Campos. Una admonición que se puede aplicar a tantos ámbitos de nuestra sociedad, que pareciera que debamos unificarlos a todos en un gran Basta. Siendo conscientes que para que esa exclamación se vuelva eficaz exige de todos un compromiso y que todo compromiso tiene su costo. Dado lo cual si no asumimos el compromiso o nos negamos a pagar el costo, esa admonición suena a hueco. Ya que decir “basta” equivale a decir “ajuste”, y nadie ignora lo antipática que nos suena esta última palabra.

Volviendo al sistema, debió “haber sido ayer” cuando se debieron haber implementado mecanismos de seguimiento y resocialización de los condenados, partiendo de la formación de equipos en cantidad y calidad necesarios para cumplir esa tarea. A lo que se agrega entre otras cosas y para no hacer demasiado larga la lista, conformar un Patronato de Liberados que funcione plena y eficazmente como tal.

Es este tipo de cosas de las que debieran ocuparse nuestra dirigencia política y social –comenzando por los que “son gobierno”-, en lugar de perder el tiempo entreverada en discusiones cizañeras. Lo que significa que no es suficiente condolorse con la triste suerte de Micaela, pegar cuatro gritos contra el jurado de enjuiciamiento y uno más en el caso del Juez Rossi, y después de eso “ir a nuestras respectivas casas a dormir”, con la errónea tranquilidad de conciencia de que hemos cumplido con nuestro deber como vecino y ciudadano Y después de eso seguir como si tal cosa. Hasta que se haga presente un nuevo “caso Micaela".

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