Fue en ocasión de señalar algo qué dentro del marco de nuestro sistema institucional, no se puede menos que calificar como un hecho escandaloso, cual es que él, un legislador en ejercicio, haya tenido que recurrir a la justicia, de manera de obligar al Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) de nuestra provincia, para que este organismo le suministrare información. La misma referida respecto a la forma que el nombrado organismo, cumplió con sus funciones, en la década que va desde el 2011, hasta el año pasado. De la información callada, a la cual de esa manera el referido legislador logró acceso, resultan conclusiones que cabría calificar como devastadoras.
La primera de ellas, que en esa década se entregaron frente a la multitud de solicitantes, tan solo 979 viviendas. La segunda, que el gobierno provincial no hizo durante el periodo que va desde el 2011 al 2017 ninguna vivienda social con fondos propios y que esa situación recién cambió en el año 2018, con la creación del Programa “Primero Tu Casa” (cabe señalar que se entregaron hasta fines del año pasado 470 viviendas desde el comienzo de ese programa).Pero lo más grave, es que de esa información se puede inferir que existen aproximadamente 30.000 familias anotadas – sin contar las que no se inscriben en el Instituto- todavía sin respuestas.
De donde, da la impresión que es imposible que como consecuencia de esa situación que no es de ayer, sino de arrastre, resulta imposible que en momento alguno ese organismo provincial va a estar en condición de satisfacer los reclamos de nuestra población en esa materia. Ello si se tiene en cuenta que a esa demanda insatisfecha no se la puede enfrentar construyendo 1000 mil viviendas al año, a lo que se suma el hecho que los entrerrianos venimos creciendo en número tanto de personas como de familias, cuya necesidad básica es precisamente el tener acceso a una vivienda digna. En la oportunidad dejamos ese tema de lado, el cual merece un tratamiento en particular.
De allí, y frente a esa pobre “performance”, de la que no hacemos responsable al Instituto, ya que el mismo no puede construir viviendas, de no contar con los fondos necesarios para hacerlo. partiendo del hecho que es muy baja la recuperación de lo invertido, con los pagos realizados por parte de los adjudicatarios de vivienda, y que por, otras múltiples causas, se hace necesario que se dé a conocer el total anual de gastos del Instituto en lo que es estrictamente administrativo. O sea, sólo computando a las erogaciones en proyectos y controles de obras, ya que de ello podrían ocuparse eventualmente las municipalidades.
Resultado de todo ello: para llevar a cabo un indispensable replanteo de la situación, se podría se podría cabría alcanzar hasta la posible eliminación del ente provincial. Una manera benévola de preguntarse si hace falta una estructura de esas dimensiones para construir tan solo 1000 viviendas al año…
