Todo ello con el objeto de poder llegar a ver de un solo “pantallazo” diferentes datos estadísticos – densidad demográfica, analfabetismo, calidad de vida, etc.- y así poder formarnos una idea de distintos tópicos de nuestra realidad.
Pero algo que realmente ignorábamos era de la existencia de un “mapa de presidentes corruptos o acusados judicialmente de ser tales en América Latina”. Algo atribuido a un periodista muy nuestro, pero de excelente notoriedad internacional como es Andrés Oppenheimer.
Y de este mapa tomamos un absolutamente casual conocimiento, luego de conocer del asilo político del dos veces presidente del Perú Alan García, refugiado en la embajada del Uruguay en su país. Todo ello al verse amenazado de terminar judicialmente detenido por considerárselo incurso en presuntos delitos de lavado de activos y colusión agravada por haber recibido dinero sucio de la constructora Odebrecht.
Mapa virtual del que surge que, al menos en las últimas épocas ese país, Perú, ha tenido muy mala suerte con sus presidentes, los que independientemente del mayor o menor acierto demostrado en el ejercicio de sus funciones, al parecer han sido en el fondo –y a veces hasta en la superficie—verdaderos rufianes al saberse que se han comportado como tales, mientras ejercían esa máxima representación popular y decían que lo hacían pensando en el bienestar de todo el pueblo, y en especial de los más necesitados.
Así Perú ha mostrado una persistente inclinación a “decapitar presidentes” ya sea poniéndolos entre rejas, o al menos intentarlo. El caso superlativo es el de Alberto Fujimori, el cual saliendo y entrando de la cárcel, luego de haberse fugado del país y retornado, todo lleva a suponer, dado sus años, que terminará sus días preso –por más que sea gozando del beneficio de la prisión domiciliaria (u hospitalaria)- más allá del hecho que siga contando con una enorme adhesión popular.
Es que se da también el caso del ex presidente Ollanta Humala y su esposa –por lo visto se está comenzando a dar la mala costumbre de verlos “trabajar” en yunta- cuya prisión preventiva se les dictó no hace mucho tiempo, acusados de haber recibido 3 millones de dólares también de la constructora brasileña Odebrecht para financiar su actuación política.
Pero además de Humala, el ex mandatario Alejandro Toledo y su esposa, Eliane Karp, están en situación parecida sin ser la causante los sobornos de Odebrecht; ambos están incursos en los delitos de lavado de activos y tráfico de influencia. Aunque en este caso hay que añadir que el matrimonio está prófugo y residiendo en los Estados Unidos.
Dejemos de lado a PPK. -Pedro Pablo Kuczynski- el último de “los ex “ y “presidente renunciado” y la también complicada progenie de Fujimori, que muestra que se ha vuelto costumbre no solo meter en “el baile” a la esposa, sino también a los hijos.
Es así como dejando a un lado a Ecuador donde está procesado y preso un vice del expresidente Correa y éste asilado en Bélgica para evitar ser arrestado, pasemos a Brasil.
En este país, como resulta archiconocido, Lula Da Silva fue condenado a más de 9 años de prisión por corrupción y lavado de dinero, dándose aquí la misma situación de Fujimori, por más que pertenezcan a posiciones ideológicas diametralmente opuestas, ya que a pesar de estar condenado y preso, sigue contando, el también, con una importantísima adhesión popular.
Ya en América Central las cosas se vuelven más complicadas, porque allí ese virus de la “rufiandad” presidencial, ha prendido fuerte. Es así que tal como lo advierte Oppenheimer, la lista de exmandatarios acusados, condenados, presos o con órdenes de prisión preventiva, pedidos en extradición o prófugos de la justicia por casos de corrupción, aumenta.
Es ese el caso del ex presidente de Panamá Ricardo Martinelli, procesado por un caso de escuchas ilegales durante su gobierno, en el que las supuestas escuchas habrían sido sobre más de 150 personas durante su mandato entre el 2009 y 2014, a lo que se suman imputaciones de malversación de fondos públicos. Martinelli –ignoramos si también su esposa- se fugó a los Estados Unidos, donde está detenido por orden de un juez a cuyo cargo está el decidir sobre la pertinencia de un pedido de extradición, solicitado por la justicia panameña.
En Guatemala el 3 de septiembre de 2015, el entonces presidente Otto Pérez Molina presentó su renuncia ante el Congreso, donde fue aceptada por la unanimidad de los legisladores presentes luego que contra él la justicia emitiera una orden de arresto por una acusación que comprendía la supuesta comisión de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera.
Pérez Molina ingresó en prisión después de renunciar a la presidencia. Para ser más precisos, cabría indicar que en su caso La Fiscalía Especial contra la Impunidad lo acusa de dirigir una estructura criminal que saqueó al Estado guatemalteco entre 2012 y 2015. La red ha sido denominada "cooptación del Estado" y la integran medio centenar de miembros.
La vicepresidenta de Pérez Molina, en su caso renunciante a su cargo – pareciera que el destino de los vice presidentes en nuestros países es renunciar y, de no ser así, en ocasiones terminar ellos presos, o las dos cosas- está presa desde entonces en la cárcel de Santa Teresa por supuestos actos de corrupción y aceptó el 15 de junio del 2017 ser extraditada a Estados Unidos, donde se le abrió un proceso en la Corte del Distrito de Columbia, en Washington, por los delitos de “asociación delictuosa y conspiración para el tráfico de drogas”. Ello porque se la acusa de haber tenido nexos con el grupo narcotraficante mexicano ‘Los Zetas’.
A Francisco Flores, presidente de El Salvador (1999- 2004,) su fallecimiento acaecido en el 2016, lo salvó de terminar entre rejas. Se le acusaba de haberse quedado con unas donaciones del gobierno de Taiwán cercanas a los 15 millones de dólares, que estaban destinadas a proyectos de lucha contra la pobreza y ayuda a afectados por terremotos en El Salvador.
Su sucesor Antonio Saca no se habría portado mejor. Ya que fue detenido en octubre del 2016 por orden de la Fiscalía General junto con otras seis personas, por presunta corrupción, concretamente de peculado, agrupación ilícita , lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
No son mejores las cosas en Honduras, donde hace de esto más de dos años el expresidente Rafael Callejas (1990-1994) se declaró culpable de participar en una trama de sobornos en la Concacaf cuando dirigía el futbol de su país. Pero aquí con una particularidad, el mismo Callejas admitió su culpabilidad por cargos de crimen organizado y fraude electrónico. El también expresidente de la Federación Hondureña de Fútbol entre el 2002 y el 2015 es uno de los 42 individuos a quienes se les acusa de haber aceptado unos 200 millones de dólares en supuestos sobornos a cambio de derechos de transmisión y comercialización de varios eventos futbolísticos.
Hasta aquí llegamos. No porque la lista no hubiera podido ser mayor –y todavía más grande si se tienen en cuenta los seguramente no pocos que tuvieron la habilidad de escabullirse- sino porque se nos acabó el espacio destinado a esta columna.
Como se ve, en todas partes y no solo aquí se cuecen habas.
