No se trata de que el Banco de Entre Ríos como entidad bancaria resulte cuestionada –ello se nos ocurre que es de incumbencia del Banco Central y de sus clientes- sino de examinar su actuación como “agente financiero” del gobierno provincial.
A ese respecto, se debe decir que la necesidad de que el gobierno provincial cuente precisamente con un agente financiero, que actúe al mismo tiempo como “caja obligada” de sus fondos, es consecuencia del hecho de no contar con un “banco propio”, es decir de una entidad bancaria de propiedad estatal.
Esta fue la situación que se dio hasta el momento de su privatización. De allí en más, y a la hora de contratar un banco como agente financiero, el “nuevo banco” en que se transformó como consecuencia directa de dicha privatización, contó con la ventaja de ser la entidad bancaria que contaba con el mayor número de sucursales distribuidas en todo el territorio provincial, dándose inclusive el caso de que en algunas localidades era la única sucursal bancaria existente.
Y esa “ventaja” o “hándicap” así descripto, volvía a las sucursales de la entidad privatizada, las que resultaban más accesibles por “razones de cercanía” con los obligados a abonar tributos al gobierno provincial, por esa circunstancia mayormente más cómodo para ellos. Y la mayor “comodidad” posible del contribuyente al momento de tener que cumplir con sus obligaciones tributarias, es una característica que a pesar de su obviedad, es señalada en muchos tratados de derecho financiero como una de las exigencias principales que debe contemplar y cumplir todo régimen tributario para ser considerado tanto eficaz como eficiente.
Mientras tanto, en la actualidad se vienen escuchado planteos a cargo de los legisladores de los bloques de Cambiemos en ambas Cámaras de la Legislatura provincial por la supuesta falta de control que existe por parte del Gobierno provincial sobre el funcionamiento del Nuevo Banco de Entre Ríos (NBERSA) en su rol de agente financiero de la provincia.
Han señalado así que habría incumplimiento por parte del Banco a sus obligaciones contractuales, frente a lo cual se encontraría la pasividad o falta de reacción del gobierno provincial ante esa circunstancia.
Es así como calificaron ese contrato como “leonino”, circunstancia que graficaron señalando que “resulta más que un negocio redondo ya que el Banco tiene asegurada una cartera con miles de clientes cautivos y encima le pagan por el servicio que presta a esos clientes que no tienen opción de elegir”.
A lo cual uno de los integrantes de ese bloque, el legislador de Gualeguaychú Mattiauda, señaló “que el año pasado el banco recibió por parte de la Provincia más de 400 millones de pesos solamente de comisiones, además de lo que presta -a tasas usurarias- al propio Estado y a los empleados públicos, que son sus principales clientes.”
Avanzó más allá expresando que el Banco “tiene la vaca atada por ser el agente financiero de la provincia, pero curiosamente está en un proceso de vaciamiento”.
Comenzó reiterando la crítica en que todos los legisladores del sector coinciden respecto a que el Banco “maneja los haberes de los empleados públicos a los que a su vez les otorga créditos a tasas altas, utilizando por ejemplo dinero que se encuentra en depósito judicial y está inmovilizado, mientras se extiende el plazo de la Justicia que tiene procesos que duran varios años”.
A continuación se refirió al sistema de cobranzas tercerizado de Entre Ríos Servicios (ERS), que funciona por fuera de su estructura y se expandió rápidamente por toda la provincia. “Por ese servicio, el NBERSA cobra el 1% de cada impuesto que paga un entrerriano -en la mayoría de los casos con el mismo dinero que administra- pero a los puntos de cobranza tercerizados (kioscos, agencias de quiniela, comercios, etc.) el banco les abona un monto fijo por cada operación realizada sin importar el monto”.
La imputación es grave porque de esa manera con la existencia de Entre Ríos Servicios no solo deja de cumplir con las obligaciones que debe asumir por su cuenta sino que además achica su plantilla de empleados, tercerizando el sistema de cobranza.
De donde lo que de una manera elíptica se viene a indicar es la necesidad de renegociar el contrato por el que esa entidad pasó a ser el agente financiero de nuestro gobierno provincial. No sabemos hasta qué punto influyó en la contratación aludida el hecho que, como es el caso de otros bancos provinciales también privatizados – dentro de los cuales el Banco de Santa Cruz debe considerarse como el “banco alfa”, utilizado la terminología a la que se ha visto apelar al actual y reelecto gobernador de Córdoba, en relación a situaciones distintas a las que llevaría a aplicar ese adjetivo a la entidad santacruceña- que pertenece a “los Eskenazi”, un grupo vinculado al ex matrimonio presidencial, con el que mantenían estrechísimas, y hasta íntimas, relaciones de negocios.
Se trata de algo que no viene al caso. Aunque se nos ocurre que se debería lograr que no sea el gobierno el que pague al Banco con el objeto de que actuara como su agente financiero; sino que ocurra a la inversa, o sea que el Banco sea el que pague al gobierno, por lo que le significa y beneficia ser su agente financiero.
Se llegaría en ese caso a una situación como la que se dio en Santa Fe durante el gobierno de Binner. Ya que allí a partir del año 2009 se estableció que en la relación contractual entre el banco privado y el Estado, en lugar de pagar el Estado una comisión a esa entidad bancaria, como ocurría, era la propia entidad, mediante un canon, la que contribuía al erario público, entre otras modificaciones implementadas destinadas a mejorar el funcionamiento de la relación contractual.
Algo que es una prueba más de que somos una “contradicción viviente” como Estado, magnánimos hasta dejarse engañar al momento de celebrar contratos con terceros, a los que se debe pagar y a la vez convertirse en una verdadera “exprimidora” al momento de exigir el pago de impuestos a los contribuyentes.
