Abogados.
Existen además diplomados, especializaciones, maestrías, doctorados, entre otros grados académicos, que certifican el nivel de conocimiento adquirido. En algunas profesiones con el título de grado se pueden ejercer en todas las ramas o especialidades, en otras además se debe contar con una preparación especial.
La realidad que la gran mayoría – diría casi la unanimidad- de los clientes/ pacientes van al profesional pero siquiera ven el titulo colgado, menos aún saben sí tienen la matricula vigente, o sí el consultorio o lugar donde realiza la actividad está debidamente autorizado. Se manejan por la confianza, la fe en el otro, en el expertise del profesional.
Ponemos nuestros bienes, salud y expectativas en ellos “los profesionales”, que por supuesto hay mejores y peores, baratos y caros, como en todos los órdenes de la vida, algunos imprescindibles, otros que son exclusivos para quienes tienen determinado status socioeconómico.
Prestar un servicio de excelencia tiene costos, como toda actividad que implica incluso un ánimo de lucro, por eso se invierte y mucho en cada profesión, más aún en capacitación, actualización y todo el montaje de consultorio, estudio, clínica, etc. Obviamente impuestos, más impuestos y por si acaso, sí adivino “impuestos”, como todos.
Ahora bien estos días está siendo noticia en Concordia, y en gran parte de la región la trágica muerte de una señora que fue a realizarse una cirugía estética, en una clínica que se habría confirmado no estaba habilitada, y además sin contar con el staff de profesionales necesario para una intervención de esa naturaleza y complejidad.
No puedo – ni debo- opinar sobre los detalles de la causa porque al no tener acceso al expediente, uno se maneja necesariamente por trascendidos o la información que nos brindan los medios de comunicación, pero lo que sí me consta y se hizo público en estos días son las innumerables denuncias- se habla en algunos casos de 16 posiblemente- por mala praxis, sobre la misma persona, y lo más llamativo es que no son todas contemporáneas, sino varias de larga data, y presentadas oportunamente en tribunales.
Podemos al menos tomar dos conclusiones: en primer lugar lo lamentable de que se haya tenido que esperar a un homicidio – culposo, con dolo eventual o doloso a secas será determinado por la justicia- para que se reactiven las demás causas, quizás sí estas hubiesen terminado en un juicio, esto no pasaba. Pero es entrar en un terreno especulativo, del cual nunca se sale indemne. Sabemos que un reclamo que se hace al poder judicial es el de celeridad, por eso soy de quienes con vocación de algún día ser parte de este sector, cree en la necesidad de invertir siempre para dar un mejor y eficaz servicio de justicia.
La segunda conclusión es en cuanto al poder de policía sobre los profesionales, y generar en el marco del gobierno abierto y electrónico mecanismos de acceso a la información pública para que todos sepamos si un profesional está matriculado, sí tiene el grado académico que dice tener, sí está habilitado el consultorio, clínica, etc. Pensemos en aplicaciones, portales web, o las propias redes sociales servirían de acceso para que entre todos podamos ser parte de un control efectivo.
Lamentablemente muchos profesionales, algunos incluso con trayectoria y prestigio terminan en el ocaso, por la codicia muchas veces, o al encandilarse con las luces, vaya uno a saber en el caso puntual que sucedió.
Esperemos que a la brevedad este tema se resuelva, haya un juicio justo, y las victimas sientan que la impunidad no triunfó. Pero nos debe servir para repensar sobre las profesiones y el control, porque muchas veces entramos en el ocaso de la codicia, pagando los costos los clientes y pacientes.
