Al calificar de esa manera –como paro y político- a la medida de fuerza convocada por centrales sindicales, apoyada por movimientos sociales y también, de una manera beligerante, por agrupaciones políticas de izquierda, no lo estamos haciendo de una manera peyorativa, sino que lo consideramos como una descripción adecuada de la realidad.
Es que ha sido un ingrediente constante de nuestra línea editorial el adjetivar de esa manera tanto a las huelgas como a los “paros generales”, ya que en estos casos no nos encontramos ante el ejercicio de huelga con los alcances que le asigna el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, sino ante una medida lisa y llanamente de acción política.
Maniobra a la que, inclusive, sino como una manifestación de tipo sedicioso, habría que calificarla, al menos de una forma menos rotunda y más aséptica, como de una “acción política antisistema”, si se tiene en cuenta que nos encontramos ante un reclamo que por sus características debió haber sido canalizado de una manera institucional, ya que ello es lo que en puridad corresponde.
Máxime teniendo en cuenta que el paro a que nos estamos refiriendo no fue una medida que pueda catalogarse -de una forma al menos total- de espontánea, si se tiene en cuenta la información que da cuenta de repetidas situaciones de presión aplicadas, al menos en el caso de pequeños empresarios en grandes ciudades, para que de una manera indirecta contribuyeran a la mayor efectividad del paro con el cierre de sus negocios, dándose el caso de diversas acciones de hecho verdaderamente ingeniosas, llevadas a cabo con el objeto que los empresarios no pudieran literalmente “abrir sus puertas”.
Inclusive no puede hablarse de que el paro haya sido un éxito teniendo en cuenta su nivel de adhesión. Ya que independiente del mismo, debe advertirse que resulta la expresión de un fracaso, si se tiene en cuenta que con él todos salimos perdiendo. Prueba palpable de lo cual la tenemos en cuál será la respuesta a la pregunta que interroga ¿en qué estamos hoy mejor de lo que estábamos el viernes de la semana anterior?
Sobre todo si se atiende a que la medida adoptada, es de una fragilidad en todos los órdenes y que viene potenciada por un humor social explicable, aunque no en todos los casos con justificación.
No se puede ignorar al respecto que hasta el presente no se ha logrado rebajar de una manera significativa los niveles de pobreza resultado de la gestión anterior, y que ni entre la dirigencia social y política ni en el resto de la sociedad, más allá de las declaraciones verbales, no se ha adquirido una conciencia cabal de la centralidad que tiene para todos nosotros el problemas, no de la pobreza como decimos, si de “nuestros pobres”, inclusive habría que decir mejor de “nuestros hermanos pobres”.
La prueba más acabada de lo cual la tenemos en el hecho que hemos sido todos, e inclusive en una medida mayor los pobres, perjudicados por los diez mil millones de dólares que en los últimos meses un segmento de nuestra población gastó en el exterior en turismo o en paseos de compra.
Un panorama que tiene a su vez la contrapartida en un desorden en la administración, atribuible a distintas causas, aunque todas ellas convergentes a lograr ese resultado. Dentro de ese cuadro es un hecho anecdótico el que en Paraná las oficinas del Registro Civil, a estar a la información circulante, esta semana funcionarán únicamente en una sola jornada. Pero tiene otra entidad el advertir que en la provincia de Chubut los estudiantes llevan setenta y seis días sin clases, y que en Buenos Aires se haya asistido a la toma de establecimientos de enseñanza secundaria por grupos de estudiantes que reclaman la habilitación legal del aborto, sin que a ningún directivo de esos centros de estudio o sus superiores, ni a las fuerzas de seguridad, ni a los fiscales, se les haya siquiera pasado por la cabeza la necesidad de tomar cartas en el asunto.
De esa manera se debería tomar conciencia que vivimos en una situación de desorden en la que queda confusa la línea de separación entre lo que se puede y no se puede hacer, ya que hasta cuesta decir, en una circunstancia de maltrato de la ley como es la que vivimos, hablar con seriedad de lo que es legal y lo que no lo es.
A la vez, lo que torna aún más grave la realización de un paro como el que nos ocupa, que se alinea conscientemente dentro de lo que no es en realidad un “reclamo”, sino un “ejercicio de resistencia” de claras connotaciones contrarias a las instituciones, y que tuvo su expresión más furibunda en la fallida toma del Congreso de la Nación, en ocasión del tratamiento de la ley de reforma al régimen previsional en el orden nacional, nos inquieta la falta de autoridad moral de un número no insignificante de los convocantes a la medida de fuerza.
Porque entre ellos, la opinión pública tiene bien en claro, que había muchos que se sumaban a la decisión no atendiendo “al clamor de las bases”, sino ante el temor de cuáles pueden ser en su caso personal las consecuencias de una convocatoria por parte de la justicia penal.
Y aunque parezca descolgado, en realidad no lo es traer a colación, en relación a lo último que se acaba de conjeturar, otra hipótesis que en Cataluña apenas se la menciona en voz baja, cuando no lisa y llanamente se la silencia, en relación a lo que es una causa relativamente remota-próxima –valga el oxímoron- de los intentos secesionistas de España que casi la mitad de los catalanes viene dando muestras estos días. Es que según esas especulaciones quien alimentó ese secesionismo latente fue “la familia Pujol” con su padrino Jordi Pujol a la cabeza, que no solo fueron gobierno en esa autonomía durante décadas, sino que la aprovecharon para engrosar sus cuentas bancarias en Andorra.
Todo hace suponer que generado un gran barullo –un río bien revuelto- saldrían bien parados en su maniobra. Jordi y sus amigos resultaron descubiertos. Pero Cataluña vive una situación caótica.
