No es nuestra intención efectuar un análisis minucioso de sus cifras, tareas y lectura subsiguiente que resultarían farragosas, sino apuntar en dirección a sus grandes lineamientos.
Es así que lo primero que debe señalarse en forma encomiable es el hecho que el proyecto de ley que nos ocupa prevé un superávit para el año que viene. Una situación con la que viene a quedar establecido que se supera la meta de “presupuesto cero” adoptada por el gobierno nacional y el que este ha invitado a que sea imitado por los gobiernos provinciales.
A la vez debe valorarse en forma positiva –tal como fue remarcado por funcionarios provinciales, en ocasión de efectuarse el anuncio respectivo – el hecho que de esa manera se asiste al cumplimiento “en exceso” de la Ley de Responsabilidad Fiscal, según la cual la variación del gasto corriente por parte de las provincias no puede superar la experimentada por el IPC y que los compromisos de la deuda no deben superar el 15 por ciento de la recaudación.
Es que atento a lo más arriba mencionado nuestro gobierno local se ubica muy, muy por debajo de los límites que esta establece.
Una circunstancia que viene a mostrar a las claras cuánto hay de “chicaneo político” en el machacón lamento que en la mencionada presentación se efectuara frente a la eliminación de recursos que el gobierno nacional enviaba a las provincias, como es el caso del Fondo de la Soja y otros destinados al pago de servicios y la realización de obras públicas. Recursos que, como se sabe, en el proyecto de presupuesto nacional 2019 estaban contemplados para ser destinados a que el gobierno federal asista a nuestro gobierno local, y que ahora este no va a contar con ellos.
Y si hacemos referencia a la existencia en este caso de una chicana, es porque la asunción de esas prestaciones por parte de nuestro gobierno local, que antes eran financiadas por el federal, no hubiera sido posible de no haberse aumentado substancialmente el monto de los recursos que el Tesoro nacional transfiere de manera automática a los tesoros provinciales.
Resulta muy útil la síntesis descriptiva que en la mencionada conferencia se efectuara, vinculada con los gastos públicos contemplados para el próximo ejercicio. Es así como se señala que el nivel de gastos totales de las rentas generales presenta para el ejercicio 2019 un incremento del orden del 24 por ciento en relación al año 2018. Y que de ese total, el gasto en personal insume 62 por ciento, la coparticipación a municipios 15 por ciento, el déficit del sistema previsional 10 por ciento, gastos de funcionamiento 8 por ciento y el 5 por ciento los intereses de la deuda.
Algo que nos está marcando la necesidad de nuevas correcciones en el porcentaje de los gastos de personal, y en la necesidad de modificar el sistema previsional a los fines de lograr su autofinanciamiento. Al mismo tiempo que nos deja la incógnita sobre los recursos destinados a la obra pública que de estar incluidos, como seguramente están en el presupuesto, deberían estar desagregados. Sobre todo atendiendo al hecho que en la misma conferencia los funcionarios participantes dejaron en claro que prevén un incremento de su financiamiento con el Tesoro Provincial, que promedia el 50 por ciento, con lo que queda garantizada la continuidad de todas aquellas obras en ejecución, como también obras nuevas entendidas como necesarias para el desarrollo provincial.
Merece destacarse el hecho remarcado en la conferencia de presa indicada, en cuanto a que los gastos de funcionamiento, si se los compara en relación al cierre del ejercicio 2015, registran en términos relativos con respecto a los ingresos, una disminución próxima al 20 por ciento. Y en forma simultánea se señaló en la misma conferencia que tanto en el cierre de 2018, como la proyección de 2019, logramos “un decrecimiento de la planta de personal" a diferencia de lo que pasaba en años anteriores en los que la planta de empleados públicos aumentaba entre el 2,5 y el 3 por ciento. Y esto, "sin resentir ningún servicio, sin haber despedido ningún trabajador del Estado provincial ni de ningún organismo".
También que se advierta que se garantizan partidas suficientes para la atención de los servicios esenciales como lo son salud con un incremento del 40 por ciento, ya que al menos en las ciudades y otras localidades con población menor, se ha venido asistiendo a una permanente caída en la calidad y cantidad de las prestaciones.
Al mismo tiempo se prevé un incremento del 74 por ciento en los programas sociales; lo que se traduce en que los ministerios que más reflejan un incremento son Desarrollo Social, cercano a un 80 por ciento si lo comparamos con la ejecución que está prevista para el cierre del 2018, y Salud, que está en un 45 por ciento respecto a la ejecución de este año".
Todo ello mientras que en materia de seguridad, justicia, minoridad, discapacidad se alcanza un incremento promedio previsto del orden de 22 por ciento, con una fuerte contención de todos aquellos gastos de estructura cuya variación se ubica en el 3 por ciento, medidos en relación a la proyección estimada al cierre del Ejercicio 2018, lo que viene a mostrar –para no utilizar una expresión mucho menos benévola- lo dispendiosa que era la administración urribarrista. Son los propios funcionarios actuales los que se encargan de remarcarlo cuando señalan que si la administración de Gustavo Bordet logró prever superávit para el año entrante aun aumentando los recursos en áreas claves, es porque el rubro "funcionamiento" solamente crecerá el 3 por ciento, todo lo cual no significa otra cosa que la mejora en la calidad del gasto público.
Es dentro del mismo contexto donde se debería tener en cuenta la indicación efectuada por los mismos agentes en el sentido que tanto en el cierre de 2018, como la proyección de 2019, como señaláramos.
Pero todo no es miel sobre hojuelas si se tiene en cuenta todo lo que queda por hacer en una provincia económicamente estancada, que se ha convertido en expulsora de entrerrianos nativos que buscan mejores horizontes, y que da cuenta de graves problemas sociales de lo que es un triste ejemplo el hecho que Concordia –la ciudad de la que paradójicamente provienen la enorme mayoría de los que han gobernado a la provincia en el último cuarto de siglo- sea el núcleo urbano con mayor nivel porcentual de pobreza del país.
