La información que brinda la gacetilla de prensa judicial resulta entretanto muy escueta y es poco lo que de concreto al respecto se puede agregar. De allí que las consideraciones que siguen no sean otra cosa que inferencias extraídas de bases harto endebles, por lo mismo se efectúan sobre el terreno de lo conjetural.
El mismo nombre del programa se presenta como ambiguo. Es así, por cuanto no queda claro lo que se entiende por barrios, dado lo cual cabría inferir que con esa designación no se está aludiendo a los barrios “céntricos”, sino a los “periféricos”, por no decir que los que hay desde hace tiempo en “las orillas”, y también, con todas las letras en “barrios con población en situación de vulnerabilidad”, a los que por decirlo de la manera más ambigua “la justicia es la que va a ir”.
Expresión que admite interpretaciones diferentes. Una, que como sucede con la Iglesia Católica que estos tiempos de nuestro papa Francisco ha puesto de manifiesto la necesidad de darse un “baño de pueblo” de manera que llegue a hacer que se perciba su “olor a oveja”. O llevando las cosas a una interpretación tremebunda, de esas a las que en ocasiones son afectos los profesionales de la ley, que la justicia “va” a los barrios porque los que en ellos viven en sus estrados tradicionales no la pueden encontrar.
Por nuestra parte, descreemos que la intención de los magistrados autores del programa sea actuar en esa dirección hipotética, cuyo despliegue es fruto de la ambigüedad más arriba señalada.
Pero en realidad no se puede salir de ella, por cuanto de lo que estamos seguros es que lo que sucede es que esos magistrados son conscientes de la no presencia -o sea de la ausencia, cuando menos relativa- del Estado en los barrios de la periferia urbana, y ante esa situación hace un esfuerzo para suplir una ausencia, que ella no está en condiciones de llenar.
Es que la justicia cuenta con un equipo de fiscales abiertos plenamente a la denuncia y posterior investigación de hechos que pueden constituir delitos, y cuyo procedimiento puede inclusive encausarse en la conciliación o en la mediación, aparte de contar con defensorías de pobres y menores con funciones de asistencia jurídica y también deprestar amparo y de actuar en el caso de conflictos como conciliadores, dejando de lado la competencia que se supone ejercida en plenitud por los jueces de familia y sus equipos técnicos.
En cuanto a los jueces de paz, su actuación está cada vez más limitada a los conflictos de menor cuantía de naturaleza patrimonial.
De donde lo que hay que acercar al barrio no sería la justicia sino las municipalidades, complementando lo que se hace actualmente con la creación de mecanismos de mediación vecinal, y programas integrales de desarrollo de la comunidad elaborados y aplicados por trabajadores y animadores sociales preparados para actuar como tales, y que cuenten con el total apoyo de las autoridades comunales para llevar a cabo su tarea, de una manera absolutamente neutra en materia de política partidista.
Aunque así como está el dicho aquél que “billetera mata galán”, la política partidista infiltrada en la acción social hace mucho más que desnaturalizarla, sino que termina esterilizándola.
