Un organismo de control, que como todos los de su tipo, hubo tiempos en que el perfil de actuación era tan bajo - como consecuencia de la naturaleza de los casos y aún de su menor magnitud “medida en pesos”, con mucho más fuerza que en la actualidad, donde dan la impresión de ser un “trozo de papel pintado”- que para una gran mayoría de nosotros, aun en el caso de que se supiera de su existencia, pasaba completamente desapercibido.
Una situación que cambió a todos los niveles, es decir tanto al nacional como de las provincias –en el que hay que incluir los controles municipales- donde se vino a dar una situación curiosa, que el problema no pasaba por “la politización de los organismos de control”, sino por la atención creciente que en la proporción de los casos a ellos sometidos, estaban referidos a actos verdaderamente escandalosos, que tenían como protagonistas a personas que ocupaban altas posiciones de gobierno.
Una circunstancia a la que, en el orden nacional se ha procurado neutralizar, de manera que el control externo de la administración, como forma de tratar de asegurar su objetividad, lo llevaba a cabo un organismo –la Auditoría General de la Nación- cuyo máximo auditor es elegido de manera sucesiva, por el principal bloque de la primera minoría parlamentaria.
Y que en el caso de provincias como la nuestra, dota a los miembros de ese Tribunal, de las mismas garantías para asegurar su independencia, con aquellas que vienen constitucionalmente a amparar a los jueces. Las mismas que estos lamentablemente, no se cuidan, tantas veces, de hacer valer.
A ese respecto no podemos dejar de hacer una referencia expresa a la nota publicada en el portal digital de la revista Análisis, en la que se hace una descripción minuciosa de los casos en los que el Tribunal de Cuentas provincial tendrá que ocuparse, de la que, por nuestra parte, nos hemos hecho eco al reproducirla.
El mayor número de situaciones investigadas y allí referenciadas tienen que ver con una seguidilla de “sobreprecios” supuestamente pagados por distintas municipalidades de la provincia por obras de pavimentación de calles en la localidad cabecera del respectivo municipio, casos que en una mayoría coincide con auxilios financieros del gobierno nacional, en los tiempos en que José Francisco López ocupara la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, el mismo funcionario que adquirió una nada honrosa fama cuando se lo sorprendió, llevando un arma de fuego, arrojando bolsos llenos de dólares por encima de los muros de un convento, desde la calle a su interior.
Y de lo que es una derivación irónica de la causa, todavía abierta por una denuncia judicial efectuada en el año 2016 por el entonces intendente de Larroque en contra de su antecesor en el cargo, respecto al sobreprecio pagado por la obra de pavimentación de 14 cuadras en esa localidad, con un financiamiento concedido precisamente por la oficina de López. Una financiación notoriamente desprolija, ya que permitió que se contratara, lo que significó en ese momento un monto de 14 millones de pesos –o sea un millón por cuadra- para la obra, cuando su costo real era de 5 millones; como el intendente denunciante de una forma práctica, pavimentó para demostrarlo otra cuadra y lo pudo comprobar. Es así como ateniéndonos a lo denunciado, el sobreprecio pagado sería del 180 %; o lo que es lo mismo, con esos 14 millones de pesos, en lugar de 14 cuadras se habría podido pagar el pavimentado de cuarenta. Y con este caso solo se alcanzaría para aludir a una microscópica mancha, de esas que se habla cuando se hace referencia a las del tigre.
Otro caso que debe ser esclarecido y respecto al cual tenemos una especial curiosidad en conocer “en qué consiste” el hecho materia de la investigación –ya que a ese respecto se guarda un hermético silencio, por parte de la totalidad de los legisladores actuales y anteriores- tiene que ver con supuestos “contratos truchos” en nuestra Legislatura. Una cuestión que tomó un estado público difuso – ya que se la vive mencionando, sin entrar en ningún detalle- en septiembre de 2018 y en la cual se investigaría el supuesto desvío de una suma de dinero por un monto superior a los 2500 millones de pesos en un periodo de diez años, a partir de 2008.
A su vez, el presente repaso, pareciera llevarnos a extraer la conclusión de que, aun en una provincia como la nuestra, históricamente caracterizada por sus gobiernos no solo honestos, sino también austeros, “en cualquier lugar donde se apriete, parecería brotar pus”.
Y de allí que para un re-encausamiento de las cosas, que no debe limitarse a la estructura gubernamental, sino alcanzar a toda la sociedad, si bien la existencia de “controles que funcionen y que lo hagan de verdad” es indispensable, tenemos la convicción de que ello resulta insuficiente, y que su presencia no impedirá que sigamos a ese respecto “arando en el mar”.
Es que auscultando el sentir de nuestra sociedad, da la impresión de que ante hechos de la naturaleza de los mencionados, grandes sectores de la misma no parecen reaccionar. “Nos se les mueve ni una línea el amperímetro”, se podría graficar, apelando a una frase popular.
Algo que se explica en parte por la resignación que provoca la impotencia frente a estas situaciones a las que equivocadamente se considera que como ciudadanos somos incapaces de evitar.
Pero también, lo que es mucho más grave, por una manera de mirar el mundo, que hace que a nadie se parezca asombrar en el hecho que de “ver a alguien quedándose con lo ajeno”, a lo que se añadiría el mayor mérito que se asigna a todos aquellos que pueden hacerlo con la mayor facilidad y la máxima impunidad.
