Desde este jueves corre el reloj para que los jueces pongan luz verde a las investigaciones que estuvieron dilatadas por años, y que casualmente alcanzan a personajes más o menos encumbrados de la política que es el poder que en síntesis define la integración de la Justicia local, que durante los últimos años ha sido presidida por vocales fuertemente vinculados al peronismo en una sucesión que se replica en el Ejecutivo provincial.
Más o menos peronistas en las vocalías de la Justicia local, el dato objetivo es que se espera que este año se desarrollen los juicios que fueron títulos durante 2016 y 2017 pero que no pasaron de eso. Tribunales abiertos en días feriados para trámites casi exclusivos, escritos, ausencias y silencios signaron el año judicial que pasó, lo que permitió a muchos políticos sobrevivir al cuestionamiento social y también al de sus pares con la complicidad del gobierno que a la hora de la limpieza se quedó corto.
La Iglesia, como la política, también estará bajo la mira de la Justicia. Este poder, también tiene hombres de moral flaca y malas costumbres entre sus filas. En abril, por ejemplo, se espera el juicio del cura Justo José Ilarraz, investigado con siete denuncias por abusos y corrupción de menores, que ocurrieron mientras fue prefecto de disciplina en el Seminario Arquidiocesano Nuestra Señora del Cenáculo, entre 1985 y 1993.
El 2018, que promete ser el año de la reforma política, será además el tiempo para que la Justicia accione las causas adormecidas que se le siguen al presidente de la Cámara Baja y ex gobernador, Sergio Urribarri. Entre ellas, la que investiga el desvío de 47 millones de pesos que el Estado provincial desembolsó para sostener su candidatura presidencial.
El diputado enfrenta acusaciones por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública y deberá responder por la publicación, en junio de 2014, de una solicitada en 18 diarios nacionales para que todos los sectores se unan contra los fondos buitres, por la que se pagaron 4 millones de pesos; también por la contratación que hizo con la productora Nelly Entertainment SA por un monto de 28 millones de pesos en el marco de la Cumbre del Mercosur, que se desarrolló en Paraná en diciembre de 2014; y por la instalación del parador playero en Mar del Plata, en el verano de 2015, por el que se pagaron 15 millones de pesos.
También el ex ministro y actual diputado provincial Pedro Báez está imputado por la contratación directa que hizo el Estado entrerriano con la productora Nelly Entertainment SA por 28 millones de pesos para promocionar la Cumbre del Mercosur. En el caso de Urribarri y Báez, podrían postergar el juicio amparándose en los fueros por su condición de legisladores.
Pero en esa causa también está imputado el empresario Jorge Corcho Rodríguez, como partícipe; el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera; el titular de la empresa que montó la infraestructura se llama El juego en el que andamos, de Gerardo Caruso; el ex ministro de Turismo, Hugo Marsó; y la contadora Corina Cargnel.
En la Legislatura, otro diputado quedó imputado por la Justicia. Se trata del titular de UPCN, José Allende, que deberá responder por el delito de coacción en la causa que se inició a raíz de las amenazas proferidas al abogado y militante justicialista Juan Orlandi, en el marco de una conversación telefónica entre ambos que tuvo lugar el día de las últimas elecciones.
En el recinto, la Justicia tiene trabajo pendiente. También debe responder por sus actos el flamante diputado Raúl Riganti, que asumió en reemplazo del electo diputado nacional Juan José Bahillo, y que está procesado por administración fraudulenta de bienes del Estado, en la causa por sobreprecios en la obra pública en su pueblo.
El caso tomó notoriedad y alcance nacional luego de la decisión del actual intendente Darío Benedetti (Cambiemos) de devolver el resto del dinero no abonado al Estado Nacional (unos 13 millones de pesos) y promovió la denuncia.
Una de las causas emblemáticas en la provincia que tendrá su juicio este año es la del supuesto desvío millonario de fondos en el seno del Senado entre 1995 y 1999, que tiene entre los acusados al exvicegobernador bustista Héctor Alanís y que le llevó a la Justicia unos diecisiete años. . .
El proceso estaba fijado entre el 17 y 31 de octubre del año pasado, pero el cronograma fue modificado y se había pospuesto para los días entre el 12 y el 28 de febrero.
Sin embargo, las fechas fueron quitadas del calendario oficial, y se desarrollaría, en principio, entre el tendrá lugar del 8 al 20 de marzo próximo, aunque aún no figura en el calendario oficial en la web del Poder Judicial., según la nota difundida por el sitio RecintoNet.
La causa que sí ya está agendada para las fechas del 5 al 13 de marzo es la que sentará al banquillo al exdiputado y ex titular del Suoyem, Hugo Vázquez, por presunto peculado. Y que surgió por una denuncia presentada en 2012 durante la administración de la exintendenta de Paraná, Blanca Inés Osuna, en el momento más álgido de su enfrentamiento con el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoyem). La causa está caratulada "Casco Carlos, Elsesser Marcelo, Giménez Carlos, Velásquez Hugo s/Peculado".
Además, espera fecha de juicio el ex ministro de Salud Ariel De la Rosa, junto a seis dirigentes de UPCN. La audiencia estaba programada para noviembre, pero fue suspendida a pedido de uno de los abogados defensores, Marcos Rodríguez Allende, por razones particulares, y no se ha fijado nueva fecha. Serán juzgados por supuesta coacción agravada contra la directora del Hospital Colonia de Salud Mental de Diamante, Noelia Trossero.
A su vez, la flamante discusión sobre el nepotismo, tiene en Entre Ríos su correlato y no sólo en la política. La Justicia, que se espera sea ejemplar con la agenda tan tristemente prometedora, deberá revisar a su vez la parentela, que parece que ha colmado los cargos sin modificar los vicios que hasta ahora resienten el servicio de Justicia.
