Nuestra historia está llena de ejemplos de políticas paternalistas. Si bien cabe reconocer que un país con nuestras desigualdades genera la necesidad de la intervención coercitiva del estado en favor de una justicia distributiva, casi siempre dicha intervención parece no guardar proporción con la coerción (en forma de impuestos) que se ejerce.
La noción de Estado del Bienestar refiere a la provisión subsidiada de servicios básicos como educación, salud, seguridad o defensa. En Argentina, y en otros países en desarrollo (¿serán llamados así porque, en realidad, nunca acaban de desarrollarse?), el concepto se ha extendido hasta comprender muchos otros subsidios y la referencia al estado como paternalista.
Décadas de paternalismo han naturalizado la idea de que corresponde al estado remediar todos nuestros males con subsidios. Como si la capacidad de proveer esos subsidios fuera infinita como el maná que caía del cielo.
Que el estado se avenga a dar a cada argentino lo que exige, como si le correspondiera por derecho divino, no ha sido reflejo de la sensibilidad social de los gobernantes, sino la conveniencia política del asunto.
Décadas de paternalismo han naturalizado la idea de que corresponde al estado remediar todos nuestros males con subsidios
Podría haber situaciones extraordinarias en que, más allá de aquellos servicios básicos, parece razonable que el estado provea subsidios transitorios: contingencias imponderables, tragedias ambientales, desastres meteorológicos. También parece ser mayoritariamente aceptado por las ciudadanías modernas que el estado garantice la cobertura de las necesidades básicas de supervivencia a quienes se hallan en situación de pobreza estructural.
Pero el caso es que, en la Argentina del “quien no llora, no mama”, los reclamos de protección estatal exceden toda razonabilidad.
Hace un par de semanas, representantes de varias entidades relacionadas con la actividad vitivinícola mendocina le pedían al gobierno provincial medidas para paliar el problema de sobreproducción de vino en momentos de caídas en el consumo. Que haya sobreproducción de uva, y que por ello baje el precio, ¿es culpa del estado o de una mala decisión empresarial?
De igual manera, cuando la CTEP liderada por Juan Grabois marcha hacia la embajada de los EE.UU. para protestar contra la intervención estadounidense en la política de Venezuela, uno debería cuestionarse si los subsidios (o planes) otorgados a tal agrupación están bien otorgados. ¿El dinero de los contribuyentes va a parar a familias en situación de vulnerabilidad o a vagos con bombos que abusan de muchas familias vulnerables, arrastrándolas hacia actos políticos a cambio del plan?
Por respeto a los contribuyentes, y para independizarnos de la deuda externa, debería elegirse mucho mejor a quién subsidiar
Exigir al estado que solucione todas nuestras penurias es una verdadera pasión nacional, expresada en innumerables manifestaciones, huelgas y piquetes.
No todos los subsidios son razonables, ni todos pueden ser dados sin contraprestación alguna. Exigir (el verbo más repetido) al estado respuestas por causa de una adolescente incapacidad para reconocer los propios yerros se ha vuelto una epidemia nacional. Epidemia a la que los gobiernos (todos) han sucumbido por haber hallado en los subsidios un arma proselitista, argumento de mayor importancia que cualquier noción de justicia social.
En países como el nuestro, acostumbrado a vivir más allá de sus medios, más subsidios suponen mayor gasto público. En una situación de déficit fiscal estructural y escasez de ahorro interno como la que acarrea Argentina, financiar estas decisiones acaba siempre en más impuestos y más deuda. Aumenta nuestra falta de competitividad y nos hace más dependientes del ahorro externo que luego repudiamos.
Por respeto a los contribuyentes, y para independizarnos de la deuda externa, debería elegirse mucho mejor a quién subsidiar.
También de estas definiciones trata la elección presidencial de 2019. Será la oportunidad de dirimir si son mayoría quienes prefieren un modelo de país en que quienes producen y trabajan con eficiencia, son competitivos y pagan impuestos, o si, por el contrario, la mayoría prefiere sostener esa atávica (y fracasada) forma argentina de vivir a costa de los subsidios del estado paternalista.
