En el mismo artículo se agrega que las opiniones de ese Consejo “no serán de aplicación obligatoria por parte de las autoridades”, a lo que se añade que “por ordenanza se deberá reglamentar el procedimiento de constitución y funcionamiento de dicho Consejo, asegurándose la participación ad honorem y sin limitaciones, de todas aquellas entidades que deseen integrarse al mismo”.
Es cierto que teniendo en cuenta el frondoso y hasta en ocasiones fantasioso organigrama de nuestras administraciones municipales, cabría considerar que las mismas son “autosuficientes”, y que por ende no necesitan del auxilio ni de la colaboración de nadie.
A lo que se añade, la existencia de organizaciones sectoriales que defienden legítimos intereses particulares y otras que tienen finalidades en la que está en juego el bien público, la mayoría de las cuales cuentan con las puertas abiertas por parte de las autoridades municipales para transmitir sus inquietudes, a la vez que a esas mismas autoridades es frecuente ver recabar de aquellas sus opiniones y consejos.
Pero ello cabe pensar que no es suficiente –así al menos lo han pensado nuestros constituyentes- teniendo en cuenta que, si bien los integrantes de ese Consejo Asesor llegan a incorporarse al mismo con opiniones formadas y hasta preconceptos, la interacción entre las diversas perspectivas que tienen cada uno de ellos, pueden dar paso precisamente por esa interacción a recomendaciones y posturas unificadas y fructíferamente aprovechables.
La otra es buscar volver a una práctica permanente de salir a la calle y meterse en la vivienda de los vecinos –ello con el obvio consentimiento de los mismos- con la intención tanto de conocimiento personal en un sanador cara a cara, como para poder compenetrarse de sus cuitas e inquietudes, todo lo cual en relación a las múltiples cuestiones vinculadas con una mejor gestión de la ciudad.
Se debe tener en cuenta que como consecuencia del hecho que ni los legisladores ni los concejales son elegidos cada uno de ellos por una circunscripción distinta de las que cabría dividir tanto el territorio provincial como los municipales, es ajena a nuestras costumbres la práctica habitual en otras naciones –tal el caso de los Estados Unidos- en las que a cualquier persona se la ve comunicarse con “su” legislador, intercambiando con él mensajes que vienen a mostrar la consideración que a los representantes le merecen sus representados.
Somos conscientes de la existencia entre nosotros de una práctica que por nuestra parte consideramos aceptable –aunque existen opiniones discrepantes por parte de quienes se consideran exclusivamente “legisladores”- cual es la de que esos sus representantes actúen como “procuradores” suyos en la presentación y seguimiento de tramitaciones ante organismos públicos. En tanto, esta es una cuestión distinta a la que más arriba hemos dejado señalada, porque ello tiene que ver con interés particular que lo lleva a acercarse a “su” legislador, sino respecto a cómo se deben tomar o han sido tomadas decisiones gubernamentales.
En tanto, esas de “acercamiento” descriptas son expresiones concretas de una democracia participativa, de la que tanto se habla y que por ahora cuenta con una implementación incompleta, y una utilización aún menor, en lo que respecta a los mecanismos creados como ese objetivo.
