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Cabe comenzar por recordar que ese fue el lema que la Asamblea del Año XIII, dispusiera que se utilizara al momento de acuñar las monedas e imprimir los billetes del primer peso argentino.

Y que a la vez que el preámbulo de nuestra Constitución Nacional –el mismo que se lo escuchara repetir como una oración laica, por las calles de nuestro país, durante la campaña electoral que lo llevara a la Presidencia de la Nación a Ricardo Alfonsín- señala como la razón de ser que explica su sanción, el de constituir “la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo” que quieran habitar nuestro suelo.

Lema y propósito que resulta saludable repetir en esos momentos preñados de incertidumbres, en lo que no quisiéramos ver presagios, sino la señal de una reacción esperanzadora y a la vez esperanzada de todos nosotros; la misma, que consiga conmovernos y torcer el rumbo y avanzar en la dirección contraria por la que lo hemos marchado, con valorables excepciones, a lo largo de los tiempos, en forma recurrente y que nos han llevado al actual estado de postración en el que nos encontramos.

Todo ello convencidos de que nada sirve invocar a Dios y reclamar su protección, si por nuestra parte insistimos en eludir el compromiso, que asumieran los que hasta cierto punto son nuestros Padres Fundadores, y al que hemos hecho nuestro al momento de nacer o volvernos habitantes de este suelo.

Una suerte de examen de conciencia, que resulta no solo necesario sino también saludable, en momentos como los actuales en los que los enunciados del lema de nuestra primera moneda están en cuestión, y que los objetivos y propósitos enunciados en el Preámbulo no son a esta altura de los tiempos una realidad que solo se trata de mantener, consolidar, y la base para seguir avanzando en el mismo derrotero; sino metas todavía no alcanzadas y en cuyo logro debemos juramentarnos.

Es que nuestra realidad encuentra a nuestro cuerpo social llenos de grietas, hasta un grado del que nos resulta difícil imaginarnos. No se trata tan solo de la conocida con ese nombre en el ámbito político, la que en la actualidad parece inexplicable y lamentablemente reavivarse. Donde nos encontramos ante una grieta, debajo de la cual más allá de sus connotaciones ideológicas, se hace presente una puja de poder, en la cual lamentablemente no pueden verse ausentes ingredientes que llevan válidamente a suponer una búsqueda de impunidad.

De cualquier modo, en el caso de las otras grietas, cuyo número sigue creciendo – y aquí nos desentendemos de las malquerencias entre personas, ya que estamos haciendo referencia a la que se da entre grupos humanos, o al menos entre su dirigencia-, viene a asistirse a su emergencia por otra motivación. Cuál es la puja en más de una ocasión hasta salvaje a la que se asiste al momento de la distribución de los recursos disponibles; y agregaríamos, de los indisponibles o inexistentes también.

Se trata de recursos -no siempre necesariamente dinerarios – en disputa por entidades que pujan por ellos. En los que cabría describir en el lenguaje llano, como una pelea por “aumento del tamaño del pedazo de la torta” que cada uno de ellos pretende quedarse en el reparto. Algo que viene a decir que no existe un criterio de justicia en quien está encargado del reparto – “asignación de recursos”, como se escucha decir de una manera que es correcta y no pretenciosa.

Ausencia de un criterio de justicia, que se vuelve contra quien actúa sin atender al mismo, ya que comportarse así, se ve como se deteriora la autoridad que “el repartidor” detenta. Algo que lleva a una “pérdida de confianza”, que exige la presencia anticipada de la “buena fe”, en estas ocasiones con harta frecuencia ausente, y por lo mismo con esos indeseables resultados.

Todo ello con el agravante que ese mal proceder básico, viene a desencadenar una reacción en cadena, ya que se asiste a un “hacerse humo” tanto la confianza recíproca como la buena fe en la actuación que es su antecedente; entre quienes se va a terminar efectuando el reparto.

Una muestra patente de ese estado de cosas, la encontramos en la forma en que el gobierno nacional viene efectuado un manejo completamente discrecional, por no decir completamente arbitrario de los A.T.N. - nombre con el que se conoce habitualmente los Fondos de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias-. Aportes que merece ser destacado representan un monto aproximado al 2 por ciento – sí, el 2 por ciento- de la masa de los recursos coparticipados de impuestos que en el reparto entre el gobierno federal y las provincias corresponde a éstas.

A lo que se debe agregar, que con el deterioro institucional que acompaña a un “Estado cada vez menos presente”, ahora se asiste a una nueva puja entre las provincias, que no tienen esta vez con los indicados A.T.N. sino con la asignaciones de efectivos de las fuerzas de seguridad federales – la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina- a las provincias, con el objeto de reforzar el desempeño de policías provinciales, desbordadas por el accionar cada vez más temerario de la delincuencia, en sus respectivas jurisdicciones.

Puja que allí no termina, dado que se asiste a otra parecida, al menos en el caso de la provincia de Buenos Aires, con respecto a cuál de sus municipios o partidos, asigna el gobierno local, sus recursos. Una experiencia que como entrerrianos esperamos que nunca nos toque vivir.

Una situación que, al menos desde una perspectiva institucional, es consecuencia del hecho que estamos regidos por una “constitución inacabada”. Ello así en la medida que todavía nuestra dirigencia sigue estando en deuda después de haber transcurrido desde la sanción de la reforma de 1994, con la sanción de diversas “leyes constitucionales” Es decir, para precisarlo en forma detallada, que por imperativo de la Constitución una norma que era imposible o ineficaz redactar de forma acabada.

Dando la impresión –una impresión en apariencia censurable, pero en realidad incorrecta, por ser otra la explicación- que nuestros dirigentes políticos una vez logrado obtener la habilitación para la reelección sucesiva por un periodo del cargo de Presidente de la Nación; al mismo tiempo que la institución de “un tercer senador nacional” por provincia, hubieran decidido para hacerlo “tomarse su tiempo” en cantidades inadmisibles.

Ya que la propia Constitución reformada en una de su sexta disposición transitoria señala, “un régimen de coparticipación …será establecido antes de la finalización del año 1996” (!!).

De allí que daría la impresión de que inclusive, más que desidia existe un regodeo generalizado en la actual situación, ya que alternativamente –aunque con notoria ventaja para el primero- tanto el presidente como los gobernadores, ese vacío legal puede resultarle beneficioso. Ello para sacar “una ventajita”; de esas que, a lo postre, terminan por hacernos un mal a todos..

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