Cabe recordar que el bono alcanza a quienes perciban un salario inferior a $400.000. Según el más reciente informe del mercado laboral publicado por el Indec, 18% de los trabajadores trabaja en el Estado. Del 82% ocupado en el sector privado, 74% percibe un salario y el resto trabaja por cuenta propia, y de los que perciben un salario, dos tercios tiene “descuento jubilatorio”, es decir, un trabajo formal. Si todos los trabajadores estatales lo tienen, prácticamente 1 de cada tres asalariados formales está ocupado en el Estado. Que el bono alcance a 5,5 millones de asalariados y a unos 400.000 estatales sólo puede indicar que, como dice el tuit, los salarios estatales superan con mucho a los salarios del sector privado.
Para el progresismo, esto es culpa de la angurria de los empresarios, que mantienen los salarios bajos para maximizar sus ganancias. Pero las cifras no mienten: quienes generan riqueza ganan menos que quienes no sólo no la producen, sino que la agostan. La expropiación continua que hace el Estado de la renta privada mediante impuestos abusivos, para pagar de más por puestos de trabajo con baja productividad. Y es una muestra cabal de lo hondo que habrá que excavar para dar vuelta una realidad que tiene las raíces enfermas y está enfermando al árbol completo.
Parece un chiste que el Ministerio de Economía haya anunciado, a través del Viceministro Gabriel Rubinstein, que enviará al Congreso un proyecto de Ley de Presupuesto que contempla un superávit fiscal. Recuerda la necesidad de ser austero justo cuando tiene altas chances de dejar de ser gobierno.
Esto no significa que no haya que terminar con el déficit, para dejar de emitir dinero y sentar una primera base sólida en la lucha contra la inflación. Pero es difícil considerar que este proyecto pueda saltar de la categoría de anuncio a la de proyecto con una probabilidad cierta de ser tratado y aprobado en el Congreso antes del 10 de diciembre.
El tuit del inicio y su verificación estadística dan cuenta de cuán mal asignado está el capital en Argentina y de lo duro que será cambiar el rumbo económico sin romper un sistema que genera los incentivos erróneos, si de crecer de manera sustentable se trata. Lograr implementar los cambios necesarios demandará mucha credibilidad, una cualidad escasa en el sistema político argentino, y nula en el oficialismo. Recrearla demandará mucha convicción y un tejido de alianzas legislativas duraderas con acuerdos sobre temas concretos, que permitan que los cambios estructurales necesarios se concreten.
No hay soluciones mágicas. Engañar al electorado con promesas que no conllevan costos parece ser un plan perdedor en este turno electoral, y será un impedimento para gobernar. Un programa de estabilización exitoso no es posible sin cambios estructurales duros, que logren reasignar el capital hacia nuestros sectores más competitivos. La redistribución de la riqueza por parte del Estado no funcionó, ni funcionará para crear nueva riqueza. Está demasiado a la vista que todo lo que hizo fue extender la pobreza.
La posibilidad de un futuro mejor entraña tomar el riesgo de hacer algo nuevo, diferente a lo que se viene haciendo. Los planes que están sobre la mesa tienen el desafío de poder ser ejecutados con éxito, pero no cambiar podría ser aún más riesgoso.
Puede salir mal si se hace con una estrategia de shock, pero también con una estrategia gradualista. Si la duda es sobre la conveniencia de hacerlo de inmediato o de manera gradual, pero no sobre lo que hay que hacer, estaremos mejor que ahora. El mayor riesgo es el de no actuar, pues los cambios no llegarán y un futuro mejor ya no será uno de los futuros posibles.
